El presidente Abelardo de la Espriella expidió el decreto 1368, autorizando a los ciudadanos con salvoconducto a transitar armados por el país. La medida revoca la prohibición continua mantenida desde 2015, generando un intenso debate institucional sobre las políticas de protección ciudadana y el monopolio de la fuerza.
Redacción Nacional
A partir de este martes, cerca de 700.000 ciudadanos que cuentan con permisos legales podrán llevar consigo sus armas de fuego en espacios públicos, tras la oficialización del decreto 1368 promulgado el 8 de septiembre. Esta directriz gubernamental elimina de manera definitiva la suspensión del porte que había sido implementada ininterrumpidamente por los mandatarios de la Casa de Nariño en la última década, bajo el argumento de brindar a la población civil herramientas frente a la inseguridad.
Cambio en la política de porte
El nuevo decreto presidencial no establece un mercado libre ni un permiso generalizado, sino que reactiva plenamente un esquema normativo regido por un Decreto Ley de 1993. Las claves operativas de esta nueva directriz incluyen:
Levantamiento de la restricción: La medida pone fin a la suspensión impuesta originalmente por el expresidente Juan Manuel Santos en 2015, una política de desarme civil que fue continuada por sus sucesores Iván Duque y Gustavo Petro.
Transito autorizado: Los ciudadanos que ya demostraron su idoneidad y obtuvieron un salvoconducto oficial, ahora pueden llevar las armas consigo, dejando atrás la norma que los limitaba a poseerlas únicamente dentro de sus lugares de residencia.
Controles vigentes: Se mantienen estrictamente los exámenes y requisitos estatales que evalúan la aptitud física y mental de quienes solicitan portar una pistola.
Capacitación técnica: Todo solicitante debe certificar la realización y aprobación de un curso de manejo de armas como requisito básico.
El jefe de Estado aclaró a través de un mensaje en sus redes sociales que la directriz finaliza la suspensión que convertía la prohibición en una regla general, sin que esto implique una política de porte indiscriminado, lo cual requeriría un trámite en el Congreso.
El argumento gubernamental
La flexibilización de esta normativa responde a una promesa de campaña del actual mandatario, enfocada en aplicar mano dura contra el crimen tras registrarse 14.780 homicidios en 2025, el año con el indicador más violento de la última década en el país.
Durante la firma del decreto, el presidente argumentó que durante años se limitó al ciudadano que cumple la ley, mientras las estructuras criminales continuaban armándose ilegalmente “hasta los dientes”. Para sustentar la directriz gubernamental, de la Espriella aseguró que el 99,9% de los delitos en el territorio nacional se ejecutan con armamento ilegal que carece de permisos oficiales, justificando así la necesidad de devolver a los “ciudadanos de bien” la posibilidad de defenderse.
Respaldo legislativo
La decisión fue recibida con amplio respaldo por diversos sectores políticos, particularmente desde el partido Centro Democrático, quienes presionaron sin éxito por esta misma medida durante la administración del expresidente Iván Duque.
Entre las figuras políticas que celebraron la expedición del documento se encuentra el representante por el Valle del Cauca, Jaime Arizabaleta, quien defendió la medida señalando que “no hay mejor manera de tener a un hombre malo armado que con un hombre bueno armado”. Por su parte, el senador Hernán Cadavid enfatizó que no se trata de venta libre, sino de un instrumento de defensa estrictamente regulado. Asimismo, el representante Durguez Espinosa justificó el levantamiento recordando que, tras el proceso de paz de Santos, unas 600.000 armas amparadas salieron de circulación, dejando a los civiles en desventaja frente a más de 3 millones de armas que, según asegura, posee la delincuencia.
Preocupaciones sociales
A pesar del entusiasmo en los sectores oficialistas, expertos en seguridad urbana y miembros de la oposición advierten sobre los graves riesgos sociales que implica esta determinación. El senador Ariel Ávila (Alianza Verde) calificó la medida como “un grave error”, señalando que históricamente el armamento civil termina alimentando a las organizaciones criminales debido a robos o falta de trazabilidad. Ávila ilustró su preocupación recordando el caso de Ecuador, donde el expresidente Guillermo Lasso suavizó los permisos de porte, derivando en un fortalecimiento de bandas como Los Choneros o Los Lobos y ubicando a seis ciudades ecuatorianas entre las más violentas a nivel global.
Por su parte, Hugo Acero, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, analizó que la habilitación del porte legal es un reconocimiento tácito del Estado sobre su incapacidad para garantizar la protección de la ciudadanía. Acero alertó que la presencia de armas en conflictos cotidianos puede tener consecuencias fatales. Cuando hay armas de por medio, disputas menores o accidentes de tránsito pueden derivar en tragedias, ya que el ciudadano armado termina ejerciendo labores estatales al juzgar y definir una pena “en cuestión de segundos”, lo que él describe como un traslado de la pena de muerte a manos de particulares.
La entrada en vigencia del decreto 1368 en Colombia marca un giro drástico en la política pública de seguridad, reabriendo el debate constitucional sobre el monopolio estatal de la fuerza frente al derecho a la defensa personal. El éxito o fracaso de esta disposición dependerá de la rigurosidad institucional para evitar que los conflictos cotidianos escalen a tragedias mayores. Desde ENREDIJO seguiremos analizando de manera constructiva y rigurosa cómo estas decisiones impactan el desarrollo, la economía y la convivencia en nuestras regiones.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
