El senador Ferney Silva radicó nuevamente una iniciativa que exige total transparencia en la publicidad digital y política. La propuesta legislativa plantea formalizar la actividad, proteger la privacidad de terceros y establecer sanciones económicas severas bajo la estricta vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Redacción Nacional
El Congreso de la República de Colombia inició en septiembre de 2026 el trámite de un nuevo proyecto de ley liderado por el senador Ferney Silva, representante del Pacto Histórico, que busca regular y profesionalizar el trabajo de los influenciadores en el país. La iniciativa, radicada por segunda vez tras un primer intento sin avance legislativo, propone crear un marco de reglas claras sobre las publicaciones pagadas para proteger a los consumidores digitales frente a la publicidad y el manejo de datos íntimos.
¿Quiénes son influenciadores?
Uno de los principales aportes del proyecto legislativo es la distinción técnica que hace entre los distintos actores del ecosistema digital. Según el documento radicado en el legislativo, un influenciador es aquel que monetiza de forma habitual y tiene la capacidad de incidir en el consumo o la opinión de su amplia audiencia. Por otro lado, la categoría de creador de contenido es mucho más amplia, abarcando a cualquier persona (natural o jurídica) que publique textos, fotografías, audios o videos en internet, independientemente de la cantidad de seguidores que posea en sus plataformas. Esta diferenciación busca aplicar las reglas comerciales de forma proporcional.
Transparencia obligatoria
El núcleo de la propuesta se centra en la obligación de identificar de manera expresa los contenidos pagados, incluyendo todo tipo de colaboraciones con marcas comerciales y pautas de carácter político. A partir de esta norma, las publicaciones de estos influenciadores digitales tendrán que mencionar explícitamente al anunciante que financia el mensaje. La entidad encargada de ejercer la vigilancia sobre estas dinámicas comerciales será la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Si las figuras públicas incumplen estas normativas, se enfrentarán a multas económicas y sanciones que quedarían tipificadas dentro del actual Estatuto del Consumidor.
Derechos de imagen
Otro eje fundamental de la iniciativa es la protección rigurosa de la privacidad ciudadana. Con este proyecto, cualquier creador de contenido tendrá que solicitar una autorización previa, libre e informada antes de utilizar la imagen, la voz o los datos íntimos de un tercero en sus redes sociales. Además, se le deberá explicar a la persona involucrada exactamente dónde se difundirá el material, si generará algún tipo de monetización y cómo se distribuirán dichas ganancias. Las personas afectadas tendrán el derecho absoluto de revocar este permiso en cualquier momento y exigir la eliminación inmediata de los archivos.
Reglas estrictas
El proyecto también pone la lupa sobre los productos que podrían representar un riesgo para los usuarios. Se establecen directrices muy estrictas para la promoción de artículos cosméticos y de salud, prohibiendo rotundamente atribuirles propiedades milagrosas o no avaladas por las autoridades sanitarias colombianas. Frente a posibles críticas, el senador Silva aclaró que no se busca censurar las plataformas: “El creador sigue siendo libre de decir lo que quiera. Lo que pedimos es transparencia cuando hay plata de por medio y respeto a la imagen de terceros”. El humor, la opinión crítica y el periodismo ciudadano seguirán gozando de total libertad y no se verán eliminados por la norma.
Multas y el impacto económico
El mercado digital en el país es gigante; el texto legislativo resalta que en Colombia hay cerca de 465.000 personas que se dedican a la creación de contenido, en un sector cuya inversión en publicidad digital alcanzó la histórica cifra de 3,04 billones de pesos durante el año 2025. Ante este panorama económico, el proyecto plantea la creación del Fondo Nacional de Protección Solidaria, administrado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Este fondo se alimentaría de una cuota de fomento del 1 % sobre los contratos publicitarios que pagaría la entidad contratante, y una tarifa del 8 % a título de renta para contratos inteligentes provenientes de clientes del exterior. Finalmente, si la ley supera los cuatro debates correspondientes, declararía el 19 de diciembre como el día oficial de esta pujante industria.
La propuesta legislativa para regular las redes sociales en Colombia representa un paso crucial hacia la profesionalización y la transparencia de un sector multimillonario que actualmente carece de reglas claras. El gran desafío del Congreso será equilibrar la protección del consumidor y la formalización económica sin llegar a vulnerar la libertad de expresión de los internautas. Te invitamos a seguir navegando por el portal de noticias ENREDIJO para mantenerte informado y al día con el avance de este debate legislativo y su inminente impacto en el mundo digital colombiano.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
