Foto: Suministrada
Mientras el sueño de vivienda propia crece, la sombra de la piratería urbana en Pitalito ya suma 28 procesos en la Fiscalía. La Administración Municipal endurece controles ante la venta irregular de lotes y servicios públicos.
El paisaje cafetero y la tranquilidad del corregimiento de Charguayaco hoy se ven amenazados por un fenómeno que avanza más rápido que la planeación estatal, la urbanización ilegal. Lo que para muchos ciudadanos comienza como la ilusión de un terreno propio, para las autoridades locales se ha convertido en un “dolor de cabeza” con implicaciones penales, ambientales y de seguridad.
En una reciente sesión descentralizada del Comité de Seguimiento y Control Urbano, en este sector rural, se conoció que actualmente cursan 28 procesos ante la Fiscalía General de la Nación relacionados con la promoción y construcción de urbanizaciones que desafían toda normatividad vigente.
El mercado negro de los servicios públicos
Uno de los puntos más críticos expuestos por la comunidad y las autoridades es la comercialización irregular de servicios públicos. Se ha podido establecer que vendedores de bienes raíces estarían ofreciendo lotes sin disponibilidad real de servicios públicos, llegando incluso a la “venta de derechos de acueducto” no autorizados.
“No se permitirá que se ponga en riesgo a la ciudadanía con la venta irregular de lotes y la comercialización ilegal de servicios públicos”, advirtió la Administración Municipal, recordando que el otorgamiento de derechos de agua para desarrollos piratas está terminantemente prohibido.
Impacto ambiental y desorden territorial
Más allá del papel, la realidad en el territorio muestra una afectación directa al entorno por la falta de planeación en estas construcciones informales que deriva en manejo inadecuado de aguas residuales, provocando vertimientos que contaminan fuentes hídricas locales; caos en la disposición de residuos, por la falta de rutas de recolección y puntos críticos de basuras y el freno al desarrollo, ya que estas urbanizaciones chocan con los proyectos estratégicos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), bloqueando el crecimiento organizado del municipio.
Entre la necesidad y la denuncia
El alcalde Yider Luna fue enfático al señalar que, aunque se entiende el deseo de las familias por tener un hogar, la “piratería urbana” solo genera inseguridad y degrada la calidad de vida de quienes ya habitan en la zona rural.
Desde Enredijo Noticias, hacemos eco del llamado a la prevención. Antes de entregar sus ahorros a un promotor inmobiliario en zonas rurales, verifique en la Secretaría de Planeación la legalidad del predio. La falta de una escritura clara o de licencias de urbanismo no es un trámite menor; es la antesala de un problema jurídico y ambiental de grandes proporciones.
La lupa está puesta sobre Charguayaco, pero el fenómeno se extiende. ¿Hasta dónde llegará el control de las autoridades antes de que el cinturón de ilegalidad asfixie definitivamente nuestro patrimonio rural?
La información es su mejor defensa. No permita que el sueño de una casa de campo se convierta en una pesadilla legal.
