Foto: Ministerio de Minas y Energía
El Informe de Pobreza Energética Multidimensional 2026 señala una disminución del indicador a nivel nacional. Las regiones periféricas, especialmente el Caribe, registraron los mayores avances gracias a la implementación de programas de transición energética.
El más reciente Informe de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM) de 2026, divulgado por el Ministerio de Minas y Energía, revela que más de un millón y medio de colombianos superaron la condición de pobreza energética durante los últimos dos años. Según el documento oficial, este flagelo, que limitaba el acceso a servicios básicos para el 22,3 % de los hogares en 2023, se redujo al 20,6 % en 2025.
En términos demográficos, esta caída de 1,7 puntos porcentuales se traduce en aproximadamente 490.000 hogares, equivalentes a 641.640 personas que ahora cuentan con un acceso más estable a los servicios energéticos. La pobreza energética, definida por la cartera como la ausencia de energía eléctrica que impide el ejercicio de derechos como la educación, la salud y la comunicación, afecta directamente las condiciones de la vivienda, el acceso a internet y el tipo de combustibles utilizados para cocinar.
Radiografía regional y factores de reducción
El análisis territorial del informe muestra que el 95,7 % de los municipios del país experimentó una reducción en sus niveles de pobreza energética. La región Caribe lideró esta estadística con una disminución de 3 puntos porcentuales, seguida por las regiones de la Amazonía, la Orinoquía y el Pacífico. Estas zonas han sido históricamente las más rezagadas en materia de infraestructura y conectividad de servicios públicos.
Desde un enfoque analítico, la reducción sostenida de este indicador coincide con la ejecución de diversas políticas de infraestructura durante el actual gobierno. El informe atribuye este cambio a una estrategia que integra varios frentes de inversión. Entre los proyectos activos se encuentra el programa Comunidades Energéticas, que actualmente beneficia a más de 28.500 usuarios, y la iniciativa Colombia Solar, que tiene proyectada la instalación de 21.884 soluciones fotovoltaicas durante 2026, con una inversión estimada de 8,3 billones de pesos hasta 2030.
A la par de la electrificación solar, los datos reflejan la expansión del servicio de gas natural, el cual sumó más de 413.000 nuevos usuarios residenciales. Esta medida, junto con las iniciativas de sustitución de leña por tecnologías limpias de cocción, representa un factor clave en la mejora de las condiciones de salubridad en los hogares rurales.
La política pública frente a la desigualdad
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, indicó que la medición del IPEM funciona como una herramienta de referencia para orientar la inversión del Estado. Según el funcionario, identificar las zonas con mayores brechas permite enfocar los recursos públicos para asegurar que el acceso a servicios seguros y asequibles no limite el desarrollo económico de los ciudadanos.
Palma señaló que la transición energética avanza más allá de la incorporación de fuentes renovables, operando como un mecanismo de intervención social. La llegada de paneles solares, acceso a la red eléctrica y gas domiciliario busca consolidar una reducción de las desigualdades territoriales.
Si bien las cifras evidencian un avance significativo en la política de transición energética, el desafío persiste para el 20,6 % de los hogares colombianos que aún permanecen en condición de pobreza energética. Consolidar estas inversiones a largo plazo será determinante para que el Estado logre garantizar una cobertura universal que soporte el desarrollo económico y tecnológico en las regiones más apartadas del país.
