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Hay imágenes que narran la política colombiana mejor que cualquier discurso. En el cierre del gobierno del presidente Gustavo Petro, la fotografía que definió la entrega del informe de gestión de la cartera de Agricultura no fue la de campesinos recibiendo títulos, sino la de una fila de sillas vacías.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, expusieron el balance de la Reforma Agraria, el proyecto bandera de la administración saliente, frente a los asientos desocupados que correspondían a los delegados del gobierno entrante. Un silencio institucional que no solo advierte sobre un empalme fracturado, sino que deja en la incertidumbre la continuidad de la mayor transformación rural del país en décadas. Y es que el contraste entre el vacío político y el volumen de los datos es abismal.
Datos frente al silencio
Durante décadas, la Reforma Agraria operó como un comodín retórico en campañas electorales mientras el Estado acumulaba una deuda histórica con la ruralidad, alimentando la concentración de tierras, la violencia y la pobreza. Los datos entregados por la administración saliente sugieren un giro drástico en esta dinámica.
Para entender la dimensión del proceso de la denominada “Revolución por la Vida”, en Enredijo consolidamos las cifras del balance oficial.
Tierras formalizadas, 2,28 millones de hectáreas; tierras entregadas,351.000 hectáreas; Fondo Nacional de Tierras, 806.081 hectáreas incorporadas; Nuevas figuras territoriales,21 Zonas de Reserva Campesina y 7 Territorios Campesinos Agroalimentarios; reducción de pobreza, 660.000 personas salieron de la pobreza monetaria rural, y crédito agropecuario, $161,2 billones (el nivel más alto de la historia reciente)
Estos números se complementan con la implementación del Contador de la Reforma Agraria, una herramienta de trazabilidad pública, y la firma del Plan Decenal de la Reforma Agraria y Acuaria 2026–2036, un documento construido junto al movimiento campesino que busca blindar la política a largo plazo.
De la mafia al campesinado
Quizá uno de los apartes más reveladores del informe es la recuperación material del territorio. La investigación oficial detalla que más de 550 predios (equivalentes a 109.000 hectáreas) fueron arrebatados del control de estructuras del narcotráfico, paramilitares, redes de corrupción y ocupantes irregulares.
A través del destrabe de procesos en la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV), el Estado transformó bienes que históricamente simbolizaron el despojo y la guerra en activos de interés público. Más que un movimiento administrativo, esto representa un golpe directo a la acumulación de riqueza a través de la violencia, redireccionando esos dividendos hacia la democratización de la tierra y la construcción de paz.
El reto de la sostenibilidad
Entregar la tierra es solo la mitad del problema; hacerla productiva es el verdadero desafío del Estado. En este frente, el programa Sembrando Vida apostó por una inyección de capital inédita.
Por primera vez se financiaron proyectos productivos de hasta $2.000 millones para organizaciones beneficiarias. El balance arroja 30 iniciativas en marcha, con inversiones cercanas a los $18.000 millones; 70 proyectos en estructuración, que movilizarán aproximadamente $94.000 millones adicionales, y el respaldo internacional en el marco de ICARRD+20, donde Colombia lideró una declaración política respaldada por más de 26 naciones, marcando una hoja de ruta global hacia el foro del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de este octubre.
El veredicto de las sillas vacías
El desarrollo rural no puede ser un botón de reinicio cada cuatro años, las políticas estructurales exigen que el Estado construya sobre lo construido, fiscalice con rigor y garantice la continuidad de los programas que arrojan resultados medibles.
El desdén de las sillas vacías durante el empalme enciende las alarmas. La Reforma Agraria, naturalmente, debe ser sujeta al escrutinio y al debate democrático; sus alcances y metodologías pueden y deben cuestionarse. Sin embargo, como advierte el balance saliente, esta discusión debe darse en la arena de la evidencia y los datos, no en el pantano del prejuicio partidista.
Al final, la historia no juzgará a los gobiernos únicamente por las políticas que logran inaugurar, sino por la responsabilidad de no torpedear un proceso que, tras un siglo de promesas rotas, finalmente empezó a saldar las cuentas con el campo colombiano.
