La actualización financiera del periodo 2024-2027 recorta más de 46.000 millones de pesos del presupuesto inicial y abre la puerta a un futuro endeudamiento. Las profundas divisiones entre los cabildantes evidenciaron la preocupación generalizada frente al impacto fiscal a largo plazo, los presuntos vacíos jurídicos durante la sesión y la viabilidad técnica de los macroproyectos propuestos para la región.
Redacción Enredijo
El Concejo Municipal de Pitalito aprobó recientemente por mayoría la modificación parcial al Plan Plurianual de Inversiones, instrumento que rige el Plan de Desarrollo 2024-2027 denominado ‘El Gobierno de la Gente’. Esta decisión, tomada luego de un acalorado y extenso debate, busca ajustar las proyecciones presupuestales del municipio a su realidad fiscal, pero desató una intensa controversia política debido a la inclusión de una proyección de crédito público por $22.000 millones y severos cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento legislativo.
Sinceramiento fiscal
La modificación aprobada representa una disminución neta de $46.161 millones frente al componente inicial de inversiones, el cual había sido proyectado originalmente en cerca de $4,77 billones. De acuerdo con la ponencia positiva de la concejal Clarena Mora Méndez, este millonario recorte responde a una necesaria revisión de los recursos de cofinanciación provenientes del orden nacional y departamental. La Administración Municipal defendió el ajuste catalogándolo como una medida de sinceramiento presupuestal, argumentando que mantener las cifras originales habría generado una grave sobreestimación en las metas de inversión del municipio para los próximos años.
22.000 millones al Plan Plurianual
El eje central de la discordia fue la incorporación de una proyección de endeudamiento público por $22.000 millones, destinados a financiar varios proyectos estratégicos de infraestructura y desarrollo. Entre las iniciativas específicas presentadas a la corporación se encuentran:
- Mejoramiento y pavimentación de vías: $11.000 millones.
- Construcción de una sede administrativa municipal: $4.000 millones.
- Iniciativa y centro de investigación del café: $3.000 millones.
- Seguridad y tecnología (instalación de 100 cámaras): $2.000 millones.
- Cubierta de las graderías de la Concha Acústica: $1.000 millones.
- Centro deportivo en el corregimiento de Bruselas: $500 millones.
Frente a la alarma generada, el secretario de Hacienda, Luis Alberto Correa, y el equipo de Planeación aclararon que la inclusión de estos rubros no autoriza de manera directa la contratación del crédito ni garantiza desembolsos automáticos. Cualquier eventual empréstito deberá surtir un nuevo trámite independiente ante el Concejo Municipal, exigiendo que los proyectos cuenten con estructuración técnica en fase tres y plena viabilidad financiera.
Presuntos vicios de legalidad
La jornada estuvo enmarcada por un ambiente de alta tensión jurídica derivada de las renuncias previas del presidente de la corporación, Fabián Bolaños, y del primer vicepresidente, Manuel Muñoz. La sesión, que tuvo que ser conducida por el segundo vicepresidente, Yiber Andrey Peña, levantó fuertes sospechas entre los concejales Leonel Alvarado, Germán Gonzalo Díaz y Octavio Ordóñez, quienes advirtieron sobre posibles vicios de procedimiento que podrían desencadenar en futuras investigaciones disciplinarias o demandas. En respuesta a estas inquietudes, Katherine Torres, asesora jurídica del municipio, avaló la continuidad del debate amparándose en el Reglamento Interno (Acuerdo 011 de 2007), la Ley 136 de 1994 y la actual jurisprudencia constitucional.
Dudas sobre las inversiones
Pitalito, reconocido en todo el país como potencia en la producción de grano de alta calidad, vio un agudo escrutinio sobre los recursos proyectados para su sector agrícola. El concejal Jeremías Ortega cuestionó la pertinencia de destinar recursos a un centro de investigación, recordando que dicha labor ya cuenta con el soporte de la Federación Nacional de Cafeteros. Por su parte, la Administración argumentó que la infraestructura proyectada busca favorecer directamente al pequeño productor, quien en el municipio posee parcelas que en promedio no superan las 1,5 hectáreas. Sin embargo, el concejal Leonel Alvarado expuso un riesgo crítico: preguntó públicamente si la entidad territorial poseía la titularidad legal y las escrituras del lote donde se proyecta la obra, advirtiendo que programar inversiones en terrenos privados derivaría en severas consecuencias legales.
Sostenibilidad en riesgo
La oposición más férrea frente al ajuste fue abanderada por el concejal John Freiner Cortés, quien sustentó su voto negativo argumentando que un futuro endeudamiento comprometería seriamente las finanzas municipales hasta el año 2030. Cortés alertó sobre el enorme peligro de respaldar el servicio de la deuda con el recaudo proyectado por la actualización del catastro multipropósito, un proceso administrativo que, a su juicio, enfrentará demandas e incertidumbre jurídica inminente.
Pese a los votos negativos y las abstenciones de cabildantes como Yeiber Peña Benavides, Sandra Calderón y César Mauricio Sierra, el proyecto superó el trámite legislativo. La modificación aprobada reconfigura la hoja de ruta de la alcaldía, pero deja sobre la mesa enormes interrogantes técnicos y financieros que la Administración deberá resolver antes de solicitar el millonario empréstito.
La viabilidad de estas obras y el futuro del endeudamiento seguirán bajo el lente riguroso del cabildo. Para comprender el impacto fiscal de estas decisiones y hacer un seguimiento minucioso a la contratación de su municipio, manténgase informado con el análisis y la cobertura constante de ENREDIJO.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
