Desde 2024, cerca de 591 personas de la comunidad indígena del pueblo Sikuani vivieron en un polideportivo.
La Corte Constitucional adoptó recientemente medidas urgentes, a través de un auto provisional de 71 páginas, para hacer frente a la grave situación humanitaria que atraviesa el pueblo indígena Barrulia sikuani en el departamento del Meta. El alto tribunal ordenó a la comunidad menonita y a la empresa agrícola Aliar-La Fazenda permitir el acceso al predio “Cuba Libre”, reconocido como territorio ancestral de esta comunidad.
Actualmente, cerca de 600 personas de la etnia sikuani, entre ellas 243 menores de edad y 22 adultos mayores, sobreviven en condiciones precarias en el polideportivo Unuma, en el municipio de Puerto Gaitán, lugar donde se refugiaron desde junio de 2024 tras denunciar ser víctimas de desplazamiento forzado y no tener acceso a sus tierras.
El origen del conflicto territorial
El pueblo Barrulia, de tradición seminómada, ha sido golpeado por múltiples olas de violencia a lo largo de décadas. Su desplazamiento histórico obedece a eventos trágicos como la masacre de Las Planas en 1969, enfrentamientos con guerrillas liberales en los años cuarenta y agresivos procesos de colonización y cercamiento a finales del siglo XX.
Tras interponer varias acciones judiciales, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) reconoció el 6 de junio de 2024 que los predios solicitados, conocidos como Cuba Libre y Campoalegre (parte de un grupo de 42 predios en Puerto Gaitán), pertenecen legalmente a este pueblo indígena.
Sin embargo, la restitución física ha sido imposible. El terreno Cuba Libre quedó rodeado por propiedades privadas ocupadas por una comunidad menonita, asentada allí hace más de una década y con algunos miembros enfrentando juicios por deforestación, y por la empresa agroindustrial Aliar-La Fazenda. Según la ANT y la comunidad indígena, ambos actores privados han bloqueado sistemáticamente el paso hacia el predio ancestral.
¿Qué ordenó la Corte Constitucional?
Para garantizar los derechos territoriales y humanos de los sikuani, la Corte emitió directrices de estricto cumplimiento.
Recuperación del predio-La ANT debe recuperar el terreno Cuba Libre, contando con el acompañamiento de la Policía y el Ejército Nacional si fuera necesario.
Apertura de vías- Los menonitas y el grupo Aliar (La Fazenda) deben garantizar el paso de la comunidad Barrulia.
Remoción forzada de obstáculos- Si los propietarios no retiran voluntariamente las barreras instaladas, la Policía, la Alcaldía de Puerto Gaitán y la ANT, con el acompañamiento de la Procuraduría, deberán proceder a removerlas.
Retorno seguro- La Unidad para las Víctimas (UARIV) y la Alcaldía municipal deben coordinar y acompañar el retorno seguro de los indígenas a su territorio.
Falta de voluntad de diálogo y estigmatización
La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación por la negativa de los actores privados a conciliar. La entidad advirtió que la empresa y la comunidad religiosa han exigido autorizaciones previas y arbitrarias para permitir el tránsito, afectando no solo a los Barrulia, sino a otras comunidades con resguardos ya titulados.
Además, la Defensoría alertó sobre el uso de expresiones por parte de los menonitas para referirse a los indígenas que “revelan un desconocimiento de su cosmovisión y del régimen constitucional”. Tanto la Defensoría como la Procuraduría han convocado a espacios de diálogo, pero los privados no han asistido.
La defensa de los menonitas y La Fazenda
Los actores privados vinculados a la tutela también presentaron sus argumentos ante el tribunal.
Comunidad Menonita – A través de su representante, Abran Wall Fehr, solicitaron ser desvinculados del proceso. Aseguran haberse asentado de manera “sana y pacífica” y afirman haber reforzado su seguridad tras sufrir presuntas amenazas y daños por parte de los indígenas. Sostienen que los sikuani han perdido su vínculo ancestral al llevar décadas sin ocupar la tierra y exigen que cualquier acceso sea discutido y autorizado por ellos.
Aliar S.A. y Acción Fiduciaria – Como administradores y usuarios del predio El Brasil, argumentan que se trata de propiedad privada y que no existe un camino público hacia Cuba Libre. Señalan que cualquier tránsito debe tramitarse mediante un proceso judicial de “servidumbre” y recalcan que la ANT excluyó a El Brasil de las medidas de protección ancestral.
El contexto histórico del predio El Brasil
El conflicto tiene como telón de fondo el predio El Brasil, una extensión de más de 16.000 hectáreas ocupada hoy por Aliar S.A. y Contregal.
Este vasto terreno tiene un pasado oscuro. EN los años noventa perteneció a Víctor Carranza, conocido como “el zar de las esmeraldas”. Denuncias documentadas por exfuncionarios de la ANT, como la exsubdirectora de Acceso a Tierras, Julia Elena Venegas, señalan que durante el estudio jurídico del predio en 2021 se ignoraron investigaciones que vinculan esta finca con el paramilitarismo. Específicamente, existen señalamientos de que El Brasil sirvió como alojamiento para los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que, tras desplazarse desde el Urabá en julio de 1997, perpetraron la histórica masacre en el vecino municipio de Mapiripán.
