Imágenes suministradas
Tras meses de parálisis administrativa las obras de modernización del Aeropuerto Contador en Pitalito retoman su marcha. La Aeronáutica Civil autorizó una prórroga para entregar la terminal en noviembre de 2026 pero le negó al contratista una adición presupuestal de cuatro mil millones de pesos.
Esta decisión pone a prueba la capacidad financiera del consorcio para finalizar un proyecto crítico que amenaza con convertirse en un elefante blanco para el sur del Huila.
El proyecto estructural busca saldar un déficit histórico en la conectividad aérea del Valle de Laboyos. Sin embargo, su avance ha estado marcado por una planeación deficiente y una burocracia exasperante. Las obras civiles alcanzaron un progreso superior al setenta y cinco por ciento en abril del presente año gracias a la inyección de capital de un tercero. Paradójicamente esta aceleración agotó los rubros legalizados y obligó a suspender los trabajos el veintiocho de abril. Lo que debió ser una pausa técnica breve se convirtió en un laberinto de cinco prórrogas consecutivas a la suspensión original. El letargo institucional se rompió apenas el pasado veinticuatro de julio cuando la Aerocivil y el contratista firmaron el levantamiento de la medida restrictiva. Con esta decisión se fijó como nueva fecha límite de entrega el treinta de noviembre de 2026 lo que otorga prácticamente cuatro meses adicionales de plazo constructivo.
El golpe financiero
La verdadera sorpresa del reinicio recae en el aspecto económico. Durante la parálisis se conoció que el contratista requería una adición presupuestal cercana a los cuatro mil millones de pesos para cubrir obras exteriores y restablecer su flujo de caja. Pese a las solicitudes formales elevadas ante la interventoría y la supervisión estatal la Aeronáutica Civil aprobó la modificación del tiempo sin autorizar un solo peso adicional. Los documentos oficiales y los comités de contratación confirmaron reiteradamente que la extensión hasta noviembre se realizará sin adición de recursos. Esta negativa gubernamental deja en vilo la financiación del veinticinco por ciento restante del contrato especialmente en lo referente a la instalación de los complejos equipos electromecánicos que garantizan el funcionamiento de la terminal.
Alerta por proveedores locales
Frente a este complejo panorama financiero el control social asume un rol determinante en la región. La veeduría ciudadana coordinada por Gladys Canacué Medina anunció públicamente que retoma el seguimiento estricto a la ejecución del contrato.
La vocera expresó una profunda preocupación por las quejas de personas y proveedores locales que denuncian la falta de pagos por parte del consorcio constructor. Ante esta situación el comité cívico ha orientado a los afectados para que realicen los respectivos pronunciamientos civiles y exijan sus derechos patrimoniales.
El único propósito de la veeduría es velar por la correcta inversión de los casi treinta y nueve mil millones de pesos públicos adjudicados inicialmente. El equipo ciudadano espera que los obreros retornen físicamente a las instalaciones para programar visitas de campo y verificar el avance real de la infraestructura. La comunidad exige resultados concretos para evitar que los recursos se pierdan en el vacío administrativo
