La nueva gerencia del sistema de medios públicos argumentó que la decisión sobre los diales ubicados en Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta se tomó porque operaban sin las concesiones del MinTIC. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa alertan posibles afectaciones al Acuerdo de Paz, mientras el Gobierno niega rotundamente cualquier acto de censura.

El sistema Inravisión ordenó la suspensión temporal de cuatro de las 20 emisoras de paz ubicadas en Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta. Según la entidad oficial, estos espacios informativos salieron al aire sin completar los trámites legales exigidos por el Ministerio TIC, lo que desencadenó una revisión administrativa y técnica inmediata bajo la dirección de la funcionaria Ángela María Soto.
La nueva gerente de Inravisión, Ángela María Soto, explicó que la medida no obedece a una posición política del gobierno de Abelardo de la Espriella, sino a un control puramente institucional. Soto precisó que las cuatro estaciones radiales comenzaron a operar de manera anticipada, violando los procedimientos que las habilitaban legalmente para el uso del espectro electromagnético.
El Ministerio TIC confirmó que los actos administrativos de estas concesiones siguen en proceso de revisión. Bajo la Ley 1341 de 2009, prestar el servicio de radiodifusión sonora público sin autorización se considera una operación clandestina, lo cual podría derivar en graves sanciones administrativas, penales y en el decomiso de equipos.
Preocupación por las estaciones territoriales
Aunque el comunicado oficial justifica la salida del aire de estas frecuencias, Inravisión no entregó detalles sobre la suspensión de las otras 16 radios comunitarias que conforman la red de 20 diales. Las emisoras de paz representan el único punto del Acuerdo de Paz de 2016 que se había cumplido en su totalidad hasta la fecha.
Con equipos periodísticos locales encargados de informar sobre sus propias regiones, estos medios han sido vitales en zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado. Antes de esta repentina medida, las emisoras emitían contenidos de interés ininterrumpidamente las 24 horas del día.
La FLIP alerta sobre un golpe al Acuerdo
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) rechazó fuertemente la orden de suspensión emitida por el gobierno del presidente De la Espriella. Para la organización, frenar la programación informativa de manera generalizada en el territorio “no resulta idóneo, necesario ni proporcional” para revisar sus contenidos de emisión.
La FLIP advirtió que existen alternativas mucho menos restrictivas para adelantar las revisiones legales, sin tener que desconocer la función de interés público. Diversos críticos aseguran que la suspensión representa un golpe directo al Acuerdo de Paz, un pacto del cual el actual mandatario ha sido un férreo crítico durante su carrera.
Garantías de legalidad en el espectro
Frente a las fuertes críticas, Inravisión intentó enviar un mensaje de calma. Soto enfatizó que no se trata del cierre definitivo de las emisoras de paz, sino que se busca protegerlas y mejorarlas desde el marco de la legalidad.
“No estamos apagando las voces de los territorios. Estamos garantizando que esas voces puedan seguir llegando a los colombianos con legitimidad, seguridad jurídica y dentro de la ley”, afirmó la institución. La gerencia reafirmó su absoluto compromiso para resolver el limbo jurídico actual.
La suspensión temporal de estas frecuencias radiales plantea un enorme desafío técnico para el actual gobierno. Se espera que el Ministerio TIC agilice las revisiones de las concesiones para que las comunidades afectadas recuperen pronto su derecho a la información local. Mantente bien informado sobre el desarrollo de esta importante noticia siguiendo los contenidos exclusivos de nuestro portal ENREDIJO.
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