El presidente de Colombia, Gustavo Petro, oficializó este jueves el decreto transitorio que fija el salario mínimo para 2026 en $1.750.905, manteniendo intacto el incremento del 23,7 % ordenado originalmente en diciembre. La decisión responde a un ultimátum del Consejo de Estado, que había suspendido la medida anterior, y busca proteger el ingreso vital de los trabajadores mientras se resuelve la demanda de fondo.
El origen de la disputa judicial: suspensión del aumento salarial
El camino hacia este nuevo decreto comenzó el pasado 13 de febrero, cuando la Sección Segunda del Consejo de Estado decidió frenar provisionalmente los efectos del decreto salarial emitido a finales de 2025. Esta medida cautelar se originó por una demanda que alegaba que el Gobierno Nacional no cumplió con los parámetros técnicos y de concertación establecidos en la Ley 278 de 1996 al momento de decretar el alza.
Al suspender el acto administrativo original, el alto tribunal otorgó al Poder Ejecutivo un plazo perentorio de ocho días para expedir una normativa temporal que rigiera durante el avance del proceso judicial. De este modo, la administración Petro se vio obligada a emitir una nueva directriz salarial transitoria. El Ejecutivo optó por no dar marcha atrás en su política laboral y ratificó la cifra estipulada a finales de año tras la falta de consenso entre sindicatos y empresarios en la mesa de negociación.
Los argumentos técnicos detrás del nuevo decreto transitorio
Para blindar este salario mínimo 2026 transitorio, el Gobierno ha desplegado una sólida argumentación técnica, económica y constitucional. La premisa central del Ejecutivo es que el salario mínimo actual en Colombia resulta insuficiente para cubrir las verdaderas necesidades de la clase trabajadora.
El documento oficial sostiene que este polémico incremento del 23,7 % incorpora no solo la preservación del poder adquisitivo frente a la inflación, sino una mejora real basada en diversas variables objetivas. Para justificarlo jurídicamente, el Gobierno se apoyó en los siguientes componentes:
- La inflación esperada para el año 2025, proyectada oficialmente por el Banco de la República.
- La productividad total de los factores y la contribución salarial al ingreso nacional, basándose en las cuentas nacionales del DANE.
- El crecimiento estimado de la economía para 2025 (PIB).
- Un estudio fundamental de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado “Fijación de salarios/ingresos vitales: sobre la estimación del salario vital para Colombia”.
Este último estudio de la OIT, presentado en 2024, es la piedra angular para establecer el componente de “cierre progresivo de la brecha hacia un ingreso de suficiencia”.
¿Qué significa este salario mensual para la economía?
Al consolidar el salario mínimo mensual en Colombia en la barrera de los $1.750.905, el impacto macroeconómico se extiende a millones de hogares y empresas. Sumando el auxilio de transporte, que para este año se fijó en $249.095, los trabajadores formales que devengan el mínimo están recibiendo un total de $2.000.000 mensuales.
El presidente Petro firmó el documento desde la Plaza de Bolívar este jueves 19 de febrero, enfatizando que disminuir la demanda por alimentos en las actuales circunstancias detendría la economía y aumentaría las brechas de desigualdad. Por su parte, los expertos en derecho laboral han dado un parte de tranquilidad al sector empresarial e industrial: no existe retroactividad en esta suspensión. Todo lo que las empresas ya han liquidado y pagado en enero y las primeras quincenas de febrero bajo el alza del 23,7 % se mantiene en firme, por lo que no habrá exigencias de reintegros ni descuentos salariales.
Este decreto estará vigente desde este mismo jueves y continuará aplicándose ininterrumpidamente hasta que el Consejo de Estado dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del caso.
El pulso por la remuneración laboral y el poder adquisitivo en Colombia vive un capítulo inédito con la expedición de este decreto transitorio, el cual mantiene viva la histórica y controversial alza del 23,7 % defendida por el Gobierno. Mientras la justicia administrativa toma una decisión de fondo definitiva, los trabajadores podrán contar con la garantía temporal de su ingreso. Te invitamos a mantenerte al tanto en Enredijo, donde seguiremos de cerca cada detalle, cifra y actualización de esta trascendental batalla jurídica y económica.
