30 de septiembre de 2026 quedará marcado en los anales de la gestión pública como el día en que el Estado le dio la espalda a la base cultural del país.
Gerardo Valencia Gutiérrez
Bajo la firma de la ministra Paola Holguín, el Ministerio de las Culturas amputa de la oferta de 2026 el Programa Nacional de Concertación Cultural. Detrás de una justificación de asfixia fiscal heredada, se esconde una parálisis que dejará a miles de gestores regionales sin el sustento vital para sus procesos comunitarios.
A través de la Resolución No. 0607, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes tomó la decisión de excluir el Portafolio del Programa Nacional de Concertación Cultural de la oferta del año en curso, pateando la pelota financiera hacia un incierto primer bimestre de 2027.
Resulta inevitable leer este documento oficial no solo como un acto administrativo, sino como la claudicación frente a los principios fundamentales de descentralización y fomento que inspiraron la normatividad cultural en Colombia. La resolución invoca el estado de emergencia económica (Decretos 1261 y 1348 de agosto de 2026) y un abismo fiscal, pero la medicina recetada amenaza con matar al paciente, los procesos culturales de la Colombia profunda.
La justificación de la Resolución se escuda en la pulcritud fiscal y la prevención del daño antijurídico. En sus considerandos, argumenta que abrir una convocatoria sin respaldo de caja generaría expectativas y posteriores demandas contra el Estado. Desde la óptica del Estatuto Orgánico del Presupuesto, la lógica es irrefutable: no se puede gastar lo que no se tiene. Sin embargo, desde la perspectiva de los derechos culturales, la medida es un golpe letal.
El artículo 17 de la Ley 397 de 1997 es claro al obligar al Estado a estimular los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento de la diversidad. Al cortar de tajo el Sistema de Participación en el Plan de Concertación, el Ministerio rompe el principio de continuidad de las políticas públicas. La Resolución afirma, con una frialdad administrativa pasmosa, que como no se habían abierto inscripciones “no se han generado expectativas legítimas ni derechos”. Esta afirmación desconoce por completo la realidad de la gestión territorial.
La parálisis en el territorio
Cualquier gestor cultural de un municipio de sexta categoría sabe que la planificación de festivales, carnavales locales, escuelas de formación artística y dotación de bibliotecas comunitarias es un proceso anual continuo. Las organizaciones culturales territoriales ya habían asumido costos de preproducción, alianzas y diseño de programación basándose en el cronograma original (Resolución 0168 de febrero de 2026), que prometía la apertura en agosto-septiembre.
Al postergar la convocatoria para 2027 argumentando que su ejecución de todas formas se haría con recursos de la próxima vigencia, el Gobierno ignora los tiempos reales del desarrollo cultural. Los proyectos que tradicionalmente arrancan en enero o febrero ahora se verán asfixiados. El Ministerio intenta mitigar este impacto en el Artículo 5 de la nueva resolución, señalando vagamente que “podrá implementar otros instrumentos, estrategias o mecanismos institucionales de apoyo”. En la práctica estatal colombiana, un “podrá” sin asignación presupuestal específica es poco menos que poesía burocrática.
El espejismo del artículo 5
La promesa de implementar “otros instrumentos” para el primer trimestre de 2027 carece de solidez jurídica y presupuestal. Sin un rubro definido en el Presupuesto General de la Nación (aún en trámite) y sin reglas claras, los festivales de inicio de año quedan sujetos a la discrecionalidad política, perdiendo el carácter democrático y transparente que caracterizaba a la convocatoria pública.
Resiliencia y nuevas iniciativas
Ante el vacío dejado por el Estado central, el ecosistema cultural está obligado a mutar. La crisis generada por la Resolución 0607 está acelerando forzosamente una transición hacia modelos de financiación mixta e independiente. Frente a la inoperancia del Ministerio, las regiones comienzan a mirar hacia adentro y hacia el sector privado local.
Emergen nuevas redes de colaboración como los circuitos solidarios de circulación de obras, el micromecenazgo territorial y la presión sobre los exiguos presupuestos de las alcaldías y gobernaciones, que a su vez están golpeadas por la emergencia económica nacional) se convierten en las únicas tablas de salvación.
La autogestión dejará de ser una opción romántica para convertirse en un imperativo de supervivencia. No obstante, esto agudiza la brecha de desigualdad; mientras las grandes ciudades con corporaciones robustas sobrevivirán al “apagón”, los pequeños procesos comunitarios en zonas rurales o de conflicto armado, que dependían enteramente de los 20 o 30 millones de pesos de Concertación, enfrentan la extinción.
La Resolución 0607 puede haber salvado las finanzas de demandas inminentes, pero ha embargado el capital simbólico y social de miles de colombianos. El arte y la cultura, una vez más en la historia del país, son los primeros sacrificados en el altar de la austeridad fiscal.
