Saladoblanco y Elías concentran las peticiones de exploración de oro, cobre, plata y platino ante la Agencia Nacional de Minería. Hasta el 77 % de los polígonos revisados en Saladoblanco se superponen con suelos de protección ambiental y producción agropecuaria.

Autoridades locales, académicos y comunidades rurales del sur del Huila encendieron las alertas este noviembre tras conocerse que 16 solicitudes de títulos mineros avanzan ante la Agencia Nacional de Minería (ANM) en los municipios de Saladoblanco y Elías. La preocupación crece por la cercanía de estos polígonos con fuentes hídricas estratégicas del río Magdalena y zonas agrícolas, lo que motivó la convocatoria a una jornada clave de socialización para el próximo 26 de noviembre.
Polígonos mineros
El mapa de los expedientes mineros ubica nueve solicitudes en Elías y siete en Saladoblanco. Entre los proyectos de mayor extensión destacan el de EXPOGOLD COLOMBIA S.A., que pide 1.057 hectáreas para explorar cobre y oro, y el de ACTIVOS MINEROS DE COLOMBIA S.A.S., que solicita 562 hectáreas en el sector de Morelia para buscar oro, cobre, plata y platino.
En Saladoblanco, el alcalde Javier Bambagüe y el secretario de Planeación, Oscar Fernando Aldana Beltrán, lideraron un cruce cartográfico entre estas propuestas y el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). El análisis arrojó que el 77 % y el 56 % de las áreas evaluadas en dos polígonos corresponden a suelos de protección y de vocación agropecuaria. De acuerdo con detalles entregados por la administración municipal a Caracol Radio, ambas solicitudes fueron radicadas originalmente en 2013 y corresponden a los expedientes OGB-14181 —con 817 hectáreas en zona protegida— y OH-108021 —con 314 hectáreas de protección y 21 sobre el propio centro poblado de Morelia—.
Las veredas El Diamante, Alto y Bajo Girasol, Capillas y Alto Medianías también aparecen comprometidas en la revisión técnica, según confirmó la Alcaldía a ese mismo medio. Este hallazgo cobra peso jurídico porque el Acuerdo 018 de diciembre de 2024 prohíbe o restringe expresamente la actividad extractiva en estos suelos.
Riesgos para el Macizo Colombiano
La inquietud rebasa las fronteras de Saladoblanco y Elías, alcanzando a sectores sociales y académicos de Oporapa y San Agustín. El profesor Miller Dussán advirtió sobre el impacto territorial que tendría la minería en áreas determinantes para la conservación del agua y la biodiversidad.
El corredor en disputa se conecta directamente con el Macizo Colombiano y la cuenca alta del río Magdalena, ecosistemas que sostienen el abastecimiento hídrico más allá del ámbito municipal. A la vulnerabilidad ambiental se suma el riesgo socioeconómico: cientos de familias campesinas dependen del cultivo de alimentos y del aprovechamiento sostenible de sus fincas. Alterar los suelos o afectar las quebradas pondría en jaque tanto sus ingresos como sus prácticas productivas tradicionales.
El alcance legal
Conviene precisar que estas 16 peticiones aún son solicitudes en trámite y no autorizaciones vigentes para explotar minerales. En declaraciones a Caracol Radio, el alcalde Javier Bambagüe aclaró que los municipios carecen de competencia legal para conceder o negar títulos mineros, pero sí tienen el deber de hacer cumplir sus normas de ordenamiento territorial y exigir espacios de concertación.
En este pulso jurídico, la intervención de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) resulta clave dentro de sus competencias ambientales. El debate de fondo obliga a definir qué modelo de desarrollo prioriza el sur huilense y qué límites deben blindar sus recursos naturales.
Participación ciudadana
El próximo jueves 26 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la Finca Municipal El Jardín —en la vereda El Alto de Saladoblanco— será escenario de la jornada de socialización e información sobre estas solicitudes. Aunque las audiencias públicas no otorgan un poder de veto automático, permiten dejar constancias formales y radicar argumentos técnicos y jurídicos ante las autoridades.
Las comunidades cuentan con diversas herramientas para incidir en el proceso:
- Inscribirse oportunamente y presentar observaciones sobre cada expediente.
- Solicitar la revisión o exclusión de áreas protegidas.
- Evaluar la procedencia de la consulta previa cuando existan los requisitos legales.
- Interponer acciones populares si se configuran amenazas contra derechos colectivos como el agua y el ambiente sano.
Mientras los expedientes siguen su curso ante la Agencia Nacional de Minería, el sur del Huila enfrenta una decisión que trasciende la extracción de metales. La defensa del agua, la seguridad alimentaria y la autonomía de los territorios marcarán la agenda regional en las próximas semanas.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.










