Foto: Suministrada
El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2027, radicado recientemente ante el Congreso de la República por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha puesto sobre la mesa una discusión central para la política social del país. La sostenibilidad y ampliación de los subsidios a la tercera edad y a las madres cabeza de familia con una cifra aforada en $597 billones, el debate legislativo y ejecutivo se centrará en si las metas de cobertura trazadas por la actual administración podrán mantenerse y fortalecerse bajo las restricciones fiscales existentes.
El foco en la vulnerabilidad
El eje de la discusión presupuestal gira en torno a dos programas bandera. En primer lugar, se busca consolidar la cobertura del bono pensional, un auxilio dirigido a la población adulta mayor que, tras cumplir su vida laboral, no logró acceder a una pensión convencional.
Según las proyecciones del Gobierno, el objetivo es alcanzar a 3 millones de personas, principalmente mayores de 75 años, con un subsidio mensual de $230.000. La intención técnica de este valor es garantizar que los beneficiarios se ubiquen por encima de la línea de pobreza, cubriendo un sector de la población que, históricamente, ha quedado fuera del régimen pensional.
En segundo lugar, el presupuesto contempla la continuidad de los subsidios destinados a madres cabeza de familia con niños menores de 6 años, quienes reciben una transferencia mensual de $500.000. Desde el punto de vista de la salud pública, este subsidio es presentado como una estrategia de prevención. El argumento central radica en que la nutrición durante los primeros seis años de vida es determinante para el desarrollo neurológico y la salud a largo plazo, combatiendo la desnutrición en una etapa crítica del crecimiento.
Contra la pobreza multidimensional
El análisis del presupuesto no puede desvincularse de la meta de reducción de la pobreza multidimensional, indicador que, según cifras oficiales, ha mostrado una disminución afectando a cerca de 800.000 personas. El Gobierno sostiene que este avance está estrechamente ligado a tres pilares:
Educación. Aumento sustancial en el presupuesto real destinado al sector.
Descentralización. El Sistema General de Participaciones proyecta incrementar la distribución de recursos a los municipios, pasando del 22% al 42% hacia el año 2030.
Salud preventiva. El despliegue de Equipos Básicos de Salud en territorios excluidos, que ya alcanza cerca de la mitad del territorio nacional.
Además de los subsidios sociales, el anteproyecto de presupuesto incluye beneficios para el sector defensa, específicamente el pago de un salario mínimo vital (aproximadamente $1.795.950) para más de 100.000 soldados del Ejército Nacional, una medida que busca dignificar las condiciones de los integrantes de la fuerza pública.
El reto pendiente
Más allá de la asignación financiera y la voluntad política, ha surgido una preocupación administrativa sobre la ejecución efectiva de estos recursos: la brecha comunicativa. Las autoridades han reconocido que existe una porción importante de la población elegible que no se ha inscrito en los programas de subsidios.
El diagnóstico apunta a que la estrategia de difusión ha dependido mayoritariamente de canales digitales y redes sociales, los cuales no siempre llegan a los hogares más pobres o de mayor edad en zonas periféricas. Esta falencia en la comunicación ha derivado en una subutilización de los cupos disponibles, planteando el desafío de adaptar las campañas de información a medios tradicionales y formas de comunicación más directas para asegurar que la ayuda llegue efectivamente a quienes cumplen con los requisitos de ley.
El trámite en el Congreso será decisivo. Si bien el proyecto presupuestal actual es el punto de partida, su ejecución en 2027 dependerá de la capacidad del Estado para equilibrar las restricciones fiscales con la continuidad de estas políticas sociales, que buscan consolidarse como parte de los determinantes estructurales de la salud y el bienestar en Colombia.
