Foto: JEP
La reciente controversia generada por el informe sobre el impacto de la violencia en animales durante el conflicto armado en Colombia ha puesto en jaque la forma en que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aborda el daño ambiental. La discusión, más allá de cifras alarmantes, plantea una pregunta fundamental para la justicia transicional: ¿cómo armonizar la verdad judicial con el rigor científico?
Un informe bajo la lupa
El informe “Daños invisibles: la violencia contra los animales en el conflicto armado en Colombia (2017–2026)”, elaborado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, se ha convertido en el centro de un debate necesario. Aunque el documento busca visibilizar una dimensión ignorada del conflicto, al documentar afectaciones a más de 100.000 animales, su falta de aval por parte de la magistratura y las críticas recibidas desde las ciencias de la conservación han encendido las alarmas.
La preocupación principal radica en que el bienestar animal, el daño ambiental y la conservación de la biodiversidad se han presentado bajo un mismo marco de análisis, lo que, según expertos, genera imprecisiones técnicas que podrían afectar la credibilidad de la justicia transicional. En un contexto donde la relación entre evidencia científica y resoluciones judiciales es determinante, la calidad técnica de estos insumos no puede ser secundaria.
Dos escenarios, dos capacidades
Es crucial entender que dentro de la JEP existen instancias con naturalezas y funciones distintas. Por un lado, la UIA cumple funciones de investigación acusatoria, especialmente cuando no hay reconocimiento de responsabilidad. Sin embargo, como señalan voces críticas, esta unidad no posee capacidades técnicas especializadas en asuntos ambientales.
Por el contrario, la Comisión Territorial y Ambiental (CTA) es la instancia técnica designada para acompañar a la magistratura en la documentación de daños territoriales y ambientales. Su enfoque, plasmado en herramientas específicas, entiende el daño ambiental como un fenómeno complejo vinculado a procesos históricos, economías ilegales y la debilidad institucional. La distinción es vital: la JEP necesita que sus informes ambientales cuenten con el rigor técnico necesario para fortalecer, no debilitar, la verdad judicial.
La paradoja de la “conservación armada”
La discusión no debe limitarse a una valoración genérica sobre la paz y la conservación. Colombia presenta casos paradigmáticos que desafían las intuiciones simples. Hace dos décadas, la ecóloga Liliana Dávalos planteó una interrogante provocadora: ¿podría la paz resultar peor para la conservación que la guerra?.
Su tesis sobre la “conservación armada” sugiere que ciertos grupos armados, al ejercer un control territorial férreo, limitaron involuntariamente la expansión de la frontera agropecuaria, la colonización y diversas economías extractivas. Cuando estos regímenes colapsan sin una transición efectiva hacia una gobernanza civil, la destrucción del entorno puede acelerarse rápidamente. Esto demuestra que los sistemas territoriales son redes complejas donde interactúan actores armados, mercados y la ausencia estatal; por tanto, el victimario de la naturaleza no siempre es único ni fácilmente identificable.
Hacia una justicia ambiental completa
La paz en Colombia requiere algo más que ampliar categorías jurídicas —como reconocer a los animales o a la Naturaleza como sujetos de derechos—; exige un marco claro sobre cómo se utiliza el conocimiento técnico para orientar las políticas públicas.
En última instancia, lo que está en juego es la capacidad de la JEP para ofrecer una verdad judicial robusta que aporte a la reconciliación nacional. Si la JEP logra diferenciar claramente sus instancias y consolidar una reflexión técnica ampliada, el sistema transitorio saldrá fortalecido, estableciendo una ruta clara para la rendición de cuentas tanto judicial como política. La relación entre humanos y naturaleza en el marco del conflicto es un campo en constante construcción, donde la ciencia debe ser un aliado indispensable.
En Enredijo seguiremos de cerca este debate, analizando cómo la justicia transicional evoluciona frente a los desafíos ecológicos de nuestra historia reciente.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La redacción se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
