El Gobierno nacional radicó el ambicioso proyecto que busca estabilizar las finanzas públicas mediante un profundo recorte del gasto estatal y modificaciones estructurales en el IVA, el impuesto de renta y los aportes parafiscales. La propuesta incluye la eliminación de tarifas preferenciales para los productos de consumo básico y establece nuevos gravámenes a las plataformas digitales, al tiempo que promete devolver los tributos a los hogares vulnerables a través del sistema EfectIVA.
Redacción Económica
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella presentó ante el Congreso la denominada Ley de Rescate Fiscal, un proyecto que fue radicado para iniciar su primer debate con la promesa de sanear las arcas de la Nación. Diversos medios económicos y autoridades como el Ministerio de Hacienda apuntan a que el objetivo principal es realizar un drástico recorte cercano a los $40 billones; sin embargo, la iniciativa trae consigo una fuerte reestructuración tributaria que ha encendido el debate, pues plantea elevar el costo de los alimentos básicos y aumentar la carga impositiva sobre los ciudadanos.
El IVA y la canasta familiar
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es la eliminación de la tarifa del 5% del IVA a partir del año 2028, lo que significa que productos de consumo diario como el café, el azúcar, el chocolate, los aceites y las pastas pasarán a tributar el 19%. De acuerdo con el análisis del exdirector de la Dian, Lisandro Junco Riveira, este tributo indirecto se convierte en el corazón de la reforma. Sumado a esto, el documento recorta severamente la lista de bienes excluidos, por lo que ahora se gravarán frutas y verduras frescas, sal, computadores, celulares, bicicletas eléctricas y servicios de medicina prepagada.
Para intentar mitigar este choque económico en los sectores de menores recursos, el proyecto propone la creación de EfectIVA, un novedoso mecanismo de compensación atado a la facturación electrónica que entregará giros quincenales. Esta herramienta devolverá el 100% del IVA a los deciles poblacionales 1 a 3, y porcentajes menores al resto de estratos medios-bajos, fijando un tope de compensación de 5,5 UVT mensuales por persona. Como han detallado analistas en portales especializados como Valora Analitik, el Ejecutivo confía en que la tecnología permitirá proteger el poder adquisitivo de los colombianos más vulnerables sin golpear el recaudo.
Nuevos rangos en el impuesto
La clase media trabajadora y los profesionales independientes enfrentarán un panorama desafiante frente a sus obligaciones tributarias anuales. La reforma disminuye el umbral de ingresos a partir del cual las personas naturales deben declarar y pagar el impuesto de renta. Mientras que en la actualidad el piso de tributación ronda los $9 millones mensuales, la nueva propuesta establece un nuevo tramo del 9% para quienes perciban ingresos de entre $3 y $5,5 millones al mes.
Asimismo, se reduce drásticamente el límite de las rentas laborales exentas (pasando de $41 a $32 millones anuales, según las advertencias expuestas en el Legislativo) y desaparecen las deducciones adicionales por dependientes, lo que encarecerá notablemente la carga fiscal de los hogares que tienen menores a cargo.
Golpe al consumo
El proyecto no solo ajusta la fiscalidad de los alimentos, sino que amplía su rango de acción hacia el esparcimiento y los servicios digitales. Las conexiones de internet para los estratos 1, 2 y 3 perderán su beneficio de exención de IVA, mientras que el alojamiento web (hosting), los servicios en la nube, las boletas de cine y los eventos deportivos quedarán gravados con la tarifa plena.
En el ámbito de los denominados impuestos saludables, se gravan por primera vez los vapeadores, las apuestas en línea y las bebidas con edulcorantes. Por otro lado, la cajetilla de cigarrillos experimentará un incremento tarifario de alrededor del 47%, y los licores pasarán de pagar un IVA del 5% al 19%, además de sufrir un fuerte aumento en el impuesto al consumo que escalará al 35%. En cuanto al comercio digital transfronterizo, las populares compras al exterior inferiores a los 200 dólares también empezarán a pagar tributos.
Transformación en el pago de nómina
El sector corporativo y los trabajadores formales dependientes sentirán el rigor de las nuevas reglas del juego. El texto radicado plantea que los empleadores volverán a pagar los aportes al SENA, al ICBF y al sistema de salud por todos aquellos empleados que devenguen más de 2 salarios mínimos, revirtiendo parcialmente las exoneraciones vigentes. En paralelo, la cotización a salud a cargo del propio trabajador experimentará un incremento que, en algunos rangos salariales, podría duplicarse.
Como incentivo para el sector privado, la Ley de Rescate Fiscal contempla la reducción progresiva de la tarifa de renta corporativa, la cual bajará del 35% actual al 33% en 2027, ubicándose finalmente en un 31% desde el año 2028. Adicionalmente, el Ejecutivo plantea la creación del Régimen Único de Garantías Empresariales (RUGE), un modelo que ofrecerá 16 años de estabilidad tributaria y depreciación acelerada para asegurar la inyección de nuevas y grandes inversiones en el país.
Reducción del del Estado
Frente al reclamo de la bancada del Centro Democrático y otros sectores de oposición —que exigen un Estado limitado, eficiente y con bajos impuestos en lugar de encarecer el costo de vida—, el proyecto incluye un robusto capítulo de austeridad burocrática.
El Gobierno se compromete a reducir los gastos de la nómina pública en un 20% nominal para el 2028 (sin incluir a la Fuerza Pública) y a disminuir a la mitad las contrataciones por prestación de servicios (OPS) en 2027. Para ejecutar estos masivos recortes y reorganizar la arquitectura del poder Ejecutivo, el articulado dota al presidente de la República de facultades extraordinarias por seis meses que le permitirán suprimir o fusionar ministerios y distintas entidades del Estado. Funcionarios de alto nivel como el vicepresidente José Manuel Restrepo han argumentado en foros públicos recientes que esta reducción del gasto es el paso ineludible para salvar a Colombia de un déficit insostenible y evitar un colapso en la generación de empleo.
La Ley de Rescate Fiscal plantea un ajuste estructural de grandes proporciones para el andamiaje económico de los colombianos y la competitividad del ecosistema empresarial. Mientras la administración central defiende la urgencia de sanear las finanzas para garantizar la sostenibilidad a largo plazo, amplias capas de la clase media se preparan para absorber el mayor impacto impositivo sobre su poder de consumo cotidiano. Las acaloradas discusiones apenas despegan en el Congreso de la República, y de su trámite final dependerá el futuro del bolsillo nacional. Lo invitamos a seguir nuestro cubrimiento especial en las plataformas de ENREDIJO para mantenerse enterado sobre el paso a paso de esta vital reforma y comprender cómo incidirá directamente en la economía de nuestra región.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
