Tras las denuncias públicas de figuras como Alejandra Borrero y Marcela Gallego, los ministerios de Cultura y Trabajo instalan una mesa técnica. El plan incluye una ruta de formalización nacional y la intervención directa en el caso de la Fundación T de Teatro.
BOGOTÁ – En un movimiento sin precedentes para el sector de las artes en Colombia, el Gobierno Nacional anunció el inicio de un proceso de fiscalización y acompañamiento laboral orientado a dignificar el trabajo artístico. La decisión surge como respuesta inmediata a las recientes denuncias de irregularidades contractuales y falta de pagos que involucran a la Fundación T de Teatro.
La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, formalizaron este lunes una mesa interinstitucional que llevará la inspección, vigilancia y control (IVC) a un sector que históricamente ha operado bajo lógicas de informalidad.
Enfoque pedagógico
El ministro Sanguino fue enfático al señalar que la inspección laboral ya no será ajena al mundo del arte, no obstante, aclaró que el objetivo inicial no es puramente punitivo.
“El sector cultural no puede seguir naturalizando la informalidad. Damos un paso decisivo para aplicar la inspección con un enfoque pedagógico que nos permita avanzar hacia la garantía efectiva de derechos”, afirmó el jefe de la cartera laboral.
La intervención evaluará posibles incumplimientos de obligaciones legales, bajo el marco de la legislación vigente y los principios de la reciente Reforma Laboral. El objetivo es asegurar que artistas y técnicos cuenten con mecanismos claros de reclamación y pagos oportunos.
El caso de la Fundación T de Teatro
El conflicto suscitado en la Fundación T de Teatro actúa como el detonante de esta nueva hoja de ruta. La ministra Kadamani aseguró que su cartera realizará un acompañamiento integral a las personas denunciantes para facilitar las acciones administrativas necesarias ante el Ministerio del Trabajo.
“La cultura no puede sostenerse sobre la precarización”, sentenció Kadamani, vinculando estas acciones a programas estructurales como Cultura es Dignidad Mayor y Artes para la Paz.
Los 5 puntos de la hoja de ruta
La alianza entre ambos ministerios definió un plan de acción inmediato que se divide en los ejes de “atención específica”, para la gestión directa de los reclamos presentados por artistas contra la Fundación T de Teatro; “inspección en territorio”, que son las visitas técnicas a salas y espacios culturales con denuncias formales vigentes; “socialización normativa”, para el desarrollo de jornadas de pedagogía sobre la Ley del Actor y el impacto de la Reforma Laboral en el gremio.
Otros puntos definidos para abordar la problemática tienen que ver con el “diálogo tripartito” que buscará la apertura de mesas de concertación entre trabajadores, directivos de la Fundación T de Teatro y el Gobierno, y el de “escalamiento nacional” que será la evaluación de inspecciones conjuntas en diversas regiones del país para identificar casos similares de vulneración de derechos.
El reto de la sostenibilidad
A pesar de la firmeza en la vigilancia, el Gobierno reconoce la fragilidad económica del teatro independiente. Sanguino recordó que en Colombia existen más de mil salas con realidades económicas diversas.
El desafío para el Ejecutivo será diseñar procesos de formalización que sean viables para el emprendimiento cultural, sin que la búsqueda de sostenibilidad se convierta en una justificación para la vulneración de los derechos laborales de los creadores.
