La inminente llegada de 530 efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 13 (FUDRA 13) confirma el grave deterioro del orden público en el departamento. Ante el uso de tácticas guerrilleras como ataques con drones, el Estado responde con una profunda militarización que agudiza la sensación de guerra y el temor a quedar en medio del fuego cruzado, especialmente en las zonas rurales más apartadas.
Redacción Regional
El fantasma de la guerra abierta vuelve a transitar por las cordilleras y valles del Huila. Antes de que finalice el año, el departamento será escenario de un movimiento táctico de gran envergadura; 530 militares, actualmente en fase de entrenamiento, aterrizarán en el territorio para conformar la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 13 (FUDRA 13). Esta decisión, confirmada en las últimas horas durante un cónclave entre el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y altos mandos del Ejército Nacional, es la radiografía exacta de una crisis de seguridad desbordada. Lo que en los despachos gubernamentales se anuncia como una estrategia de estabilización, en las veredas y municipios se lee como el preámbulo de una confrontación armada a gran escala.
El peso de la bota y la estrategia táctica
El despliegue de una FUDRA no es una operación de rutina; es una maniobra reservada para territorios donde el control del Estado ha sido severamente desafiado por grupos armados ilegales con alta capacidad ofensiva. La militarización de la región quedó sellada bajo las directrices del comandante del Ejército Nacional, mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, y fue ratificada en terreno por una robusta plana mayor.
En la mesa de concertación se sentaron el coronel Jairo Antonio Castillo Colorado, comandante de la Novena Brigada; el coronel Stik Reyes Monsalve, director del Gaula Militar Nacional; el coronel Wilmer Castaño López, quien asumirá el mando de la FUDRA 13; el coronel Jorge Rojas, oficial de Operaciones; y el mayor Juan Antonio Alcina, del Gaula Militar Huila. Esta concentración de comandantes operativos y de inteligencia táctica evidencia que la región ha vuelto a ser catalogada como una “zona roja” o de operaciones sostenidas.
Ataques no convencionales
La preocupación por el orden público en el departamento no es infundada, y los últimos meses han marcado un punto de inflexión en las dinámicas de la violencia regional. La llegada de este contingente de más de medio millar de hombres responde a compromisos adquiridos en un reciente Consejo de Seguridad en Neiva, presionado por un escalamiento del conflicto que incluye el uso de tácticas terroristas no convencionales.
Los recientes ataques con drones, mencionados durante la reunión, y el recrudecimiento de la violencia en el occidente del departamento, demuestran que los grupos armados ilegales han sofisticado su capacidad de daño. Este escenario ha forzado al Estado a responder con un aparato bélico de choque, transformando la geografía huilense en un teatro de operaciones militares.
Zozobra y sensación de guerra en la ruralidad
Aunque el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera expresó que la presencia de los uniformados “representa un mensaje de respaldo y tranquilidad”, en la práctica sociológica del conflicto armado, la hiperpresencia militar genera un efecto ambivalente. Para los habitantes del Huila, especialmente aquellos asentados en las zonas montañosas y más apartadas, la llegada de tropas de despliegue rápido es sinónimo de plomo.
La militarización del territorio denota que el conflicto ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en una realidad cotidiana. Entre la población civil crece el temor ante la inminencia de combates, hostigamientos y bombardeos. La historia de la guerra en Colombia ha enseñado a las comunidades campesinas e indígenas que el choque de trenes entre las fuerzas regulares y las estructuras armadas ilegales suele cobrar su peaje más alto en la población civil, que hoy observa con zozobra cómo sus territorios se preparan, inexorablemente, para la guerra.
