Foto: Suministrada
El proyecto que prometía ser la piedra angular de la salud pública para los laboyanos, el Hospital de Primer Nivel, se ha convertido, con el paso de los meses, en un rompecabezas de burocracia, cruce de competencias y una preocupante incertidumbre sobre el uso de los recursos públicos. Mientras la obra permanece en un estado de parálisis técnica, la comunidad se pregunta si el sueño de una atención digna se está desmoronando bajo el peso de la falta de control estatal.
El limbo administrativo: ¿Quién responde?
La actual administración municipal ha optado por una postura de deslinde, enfatizando que el contrato fue suscrito con anterioridad al inicio de este gobierno y que la relación financiera es un asunto directo entre el Ministerio de Salud y la ESE Manuel Castro Tovar.
Si bien la Alcaldía sostiene que su gestión se limita a “velar por la protección de los recursos públicos” y a cumplir con las obligaciones tributarias, específicamente el pago de estampillas, esta postura resulta insuficiente para una ciudadanía que exige veeduría real. La “distancia” administrativa que esgrime la Alcaldía no exonera al ente territorial de su responsabilidad política y social de garantizar que una obra de tal magnitud no se convierta en un monumento a la desidia.
La disputa de las estampillas.
El reciente pronunciamiento de la Alcaldía de Pitalito, donde ratifica su compromiso con la obra y aclara las acciones legales sobre las “obligaciones tributarias pendientes”, plantea un escenario complejo. Según el mandatario local, la Secretaría de Hacienda ha adelantado mesas de trabajo para resolver el pago de estampillas que, según la administración, son necesarias para financiar programas sociales vitales.
Sin embargo, para los expertos en contratación pública, resulta cuestionable que una obra de infraestructura nacional se vea comprometida por el recaudo tributario local. ¿Es este el verdadero obstáculo para la continuidad de la obra, o estamos ante una excusa conveniente ante una falta de ejecución más profunda por parte del contratista? La ley es clara, pero la priorización del bienestar público debería primar sobre las trabas burocráticas internas.
Un proyecto en grave riesgo
Tras una revisión del estado actual, el proyecto presenta focos rojos que requieren atención inmediata de los entes de control como la Contraloría y la Procuraduría.
Estado de las Obras. El avance físico dista mucho de las promesas cronológicas iniciales. La inactividad en el sitio no solo genera un retraso temporal, sino un deterioro acelerado de los materiales ya instalados, lo que podría derivar en sobrecostos de mantenimiento y recuperación de obra.
Falta de Control sobre los Desembolsos, Existe un vacío de información pública sobre el flujo de caja. ¿Cuánto dinero se ha desembolsado realmente? ¿Qué porcentaje de ese capital se ha traducido en avance físico? La opacidad en la ejecución financiera del contrato entre el Ministerio y la ESE es un terreno fértil para el detrimento patrimonial.
Riesgo de Liquidación. La incertidumbre contractual pone a la obra en un nivel de riesgo “Alto”. De llegar a una liquidación unilateral o judicial del contrato, Pitalito no solo perdería tiempo valioso, sino que entraría en un limbo jurídico que podría dejar la estructura en obra negra durante años, sumándose a la lista de “elefantes blancos” del país.
Exigencia ciudadana
La Administración Municipal afirma que sus decisiones “no buscan detener el proyecto, sino garantizar su ejecución dentro del marco legal”. No obstante, la legalidad sin ejecución efectiva es, para efectos prácticos, inoperancia.
No basta con mesas de trabajo y requerimientos formales. La ESE Manuel Castro Tovar, el Ministerio de Salud y la Alcaldía de Pitalito deben unificar una sola voz ante la ciudadanía. Los laboyanos no necesitan explicaciones sobre quién tiene la competencia legal, necesitan un hospital funcionando.
La fiscalización de los recursos públicos no puede esperar a que se resuelvan las diferencias de despacho. La pregunta de fondo que persiste es ¿Qué acciones coercitivas reales se están tomando contra el contratista por el incumplimiento de los cronogramas? La historia de las obras inconclusas en el departamento del Huila nos ha enseñado que el silencio y la postergación son los mejores aliados de la corrupción.
