El presidente Gustavo Petro anunció este jueves, desde la céntrica Plaza de Bolívar en Bogotá, la presentación de un proyecto de ley que obligará a los propietarios de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a responder con su patrimonio personal por las millonarias deudas acumuladas con clínicas, hospitales y proveedores. Esta contundente medida, revelada durante el Gran Encuentro Nacional de Salud, busca frenar de tajo el traslado histórico de estos multimillonarios pasivos a las arcas de la Nación y sentar un precedente sobre el manejo de los recursos públicos.
El fin de los rescates estatales a las aseguradoras de salud
Durante su alocución en el evento denominado ‘Defender la Salud es defender a Colombia’, el mandatario fue sumamente enfático al advertir que el Estado colombiano no asumirá más las obligaciones financieras que corresponden netamente a actores privados. Históricamente, las repetidas liquidaciones de estas entidades han dejado un enorme hueco fiscal que afecta profundamente a la red hospitalaria pública y privada en todas las regiones del país.
La magnitud de la actual crisis hospitalaria no es menor. De acuerdo con cifras reveladas por el Ministerio de Salud, la deuda total acumulada por decenas de estas aseguradoras ascendía a $32,9 billones de pesos para mediados de 2025. Este es un pasivo crítico que amenaza directamente la continuidad de la atención de millones de pacientes. Ante este panorama, el presidente ordenó a su gabinete estructurar y radicar la iniciativa legislativa en marzo, buscando poner fin a una intermediación financiera abusiva que convirtió la garantía de un derecho fundamental en un modelo de negocio sumamente lucrativo.
La estrategia del Gobierno Petro
Para garantizar que los verdaderos responsables asuman el costo de esta prolongada crisis, el Ejecutivo decidió dar un giro de timón y frenar drásticamente la liquidación de más entidades promotoras de salud. La táctica es clara: al no disolverlas legalmente, sus compromisos económicos quedan explícitamente registrados y congelados en los estados contables formales. “Por eso no liquidamos EPS, para que se sepa cuál es la deuda que aparece en los estados contables y sea un cheque, sea una factura de cobro ejecutiva por la cual los jueces de Colombia tengan que cobrarle a esos dueños de EPS el dinero que deudan”, explicó detalladamente el jefe de Estado ante miles de asistentes. De este modo, se busca habilitar mecanismos legales de cobro coactivo donde las autoridades puedan perseguir el patrimonio de los dueños, en lugar de socializar las millonarias pérdidas.
Impulso definitivo a la reforma a la salud en el Congreso
Este audaz movimiento político, promovido en un momento estratégico donde la aprobación presidencial de Gustavo Petro repuntó significativamente al 49,1 % según la firma encuestadora Invamer (febrero de 2026), se enmarca orgánicamente dentro de la gran reforma estructural a la salud que el Gobierno busca destrabar con urgencia.
En su encendido discurso, Petro aprovechó para lanzar un vehemente llamado al Congreso de la República, instando a los legisladores a retomar el debate de la reforma en el inminente periodo legislativo. Aseguró que esta imperiosa discusión legislativa cuenta con el firme respaldo de miles de trabajadores del sector sanitario, organizaciones sociales de base y la masiva ciudadanía que se movilizó para acompañarlo.
El inminente proyecto de ley gubernamental marca un punto de inflexión radical en la arquitectura del sistema de salud colombiano, trasladando por primera vez la pesada responsabilidad financiera del Estado hacia los patrimonios privados de quienes administraron los recursos de forma irregular. La verdadera efectividad de esta ambiciosa medida dependerá del arduo trámite que enfrente en los próximos meses dentro del Congreso. ¡Mantente siempre conectado y actualizado con Enredijo para seguir de cerca el impacto real de esta crucial noticia y cómo transformará definitivamente nuestra red hospitalaria!
