Sobre el control de semillas.
Óscar Mauricio Corzo Gaviria
Hace una década, tuve una pequeña discusión en twitter con el prestigioso científico publicista de los transgénicos, J. Mulet. Mulet es un científico español que en aquellos días se hacía conocido bajo la tendencia web de académicos influencers que hacían digerible para la gente del común sus disciplinas científicas, generalmente crípticas fuera de la formación académica. Mulet había participado en foros, era un polemista redomado, y había escrito libros combatiendo la idea de que los alimentos transgénicos eran un riesgo para la salud ni una amenaza sanitaria. En esto siempre ha tenido razón; hay un montón de mitos sanitarios sobre los transgénicos que deben ser desmontados. Nuestro breve intercambio giró en torno a que le comenté una de sus notas en la red, diciéndole que el riesgo de los alimentos transgénicos efectivamente no es sanitario si no político; las empresas que pueden establecer patentes sobre los alimentos tendrán un poder político desmesurado si la legislación de los países le prohíbe a los campesinos conservar semillas alternativas, pues básicamente serían dueños de la comida de un país. Mulet me respondió de manera despectiva acusándome de ingenuo, pues según él me había creído la mentira propagandística del documental de Victoria Solano, 970 (2013). Yo le respondí que daba la casualidad de que yo era colombiano y huilense—el mismo departamento donde había ocurrido lo denunciado en el documental—y que además conocía personalmente a algunos campesinos afectados, así que sabía de primera mano que lo denunciado en el documental era cierto. Mulet me bloqueó inmediatamente.
Para quien no lo recuerde, el documental 970 de Victoria Solano le mostró al país y al mundo hispanohablante—tanto que el mismo Mulet sabía del documental—que el 31 de mayo del 2011 una comisión del ICA llegó a Campoalegre para incautar alrededor de 70 toneladas de arroz. Ante la resistencia de los campesinos, el ICA volvió a Campoalegre acompañados del ESMAD para destruir la carga en un basurero por considerarla ilegal, y de paso golpear a algunos agricultores. El arroz, que era de primera calidad, fue arrojado al relleno sanitario y sepultado con maquinaria frente a campesinos perplejos cuyo crimen fue la costumbre de conservar, compartir o comercializar semilla de sus propias cosechas, algo ilegal bajo los parámetros de la resolución.
Campoalegre fue paradigmático pero no fue el único caso. Desde 2009, el ICA había destruido ( o sellado, como dijeron algunos medios) 4.271 toneladas de semillas de arroz, papa, maíz, trigo, algodón, pastos, arveja, cebada, fríjol y habichuela, pero gracias al documental, solo por Campoalegre enfrentó una acción de grupo que pedía una reparación cercana a los 4.000 millones de pesos.
La resolución 970 no apareció de la nada al final del segundo gobierno de Uribe. En realidad, obedeció a la necesidad de emparejar la producción colombiana con la producción norteamericana desde las patentes de producción biogenética, y por eso quería reglamentar y controlar la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, transferencia a título gratuito y uso de semilla de todos los géneros y especies botánicas, tanto de mejoramiento convencional como de organismos modificados genéticamente. La semilla de un alimento que comeríamos toda la vida dejaba de ser propiedad del agricultor y se convertía en un bien de propiedad intelectual, protegido por copyright en beneficio de un inversor del fallecido Monsanto. Es decir, cada que se sembraba se debía pagar tributo, y si no se hacía el agricultor podría terminar en la cárcel, pues tenemos un delito de piratería vegetal (artículo 4 de la Ley 1032 de 2006) anterior a la resolución 970 que consigna el crimen de apropiarse de especies protegidas por derechos de autor. El ICA y Acosemillas advierten que los humildes conglomerados industriales de semillas pierden alrededor de 300 mil millones de pesos anuales por culpa de la injustificable piratería de semillas de los campesinos colombianos.
Resumamos entonces la postura institucional; a través del 970 el ICA estableció dos sistemas de producción —semilla certificada y semilla seleccionada— con la idea de garantizar calidad física, pureza genética, desempeño fisiológico y calidad sanitaria. La semilla certificada seguía una cadena de categorías (genética, básica, registrada, certificada) y para producirla, el interesado debía estar registrado ante el ICA, seguir un programa de mantenimiento de pureza varietal, presentar protocolos por especie, inscribir su cultivo para su supervisión, y contar con dirección técnica profesional y con empaque y rotulado aprobados. Es decir; en la práctica, ningún campesino podría cumplir estas exigencias, hechas a la medida de empresas con presupuestos gigantescos y patentes de producción. En Campoalegre, la mayoría del arroz era ilegal o no certificado, lo que para el ICA constituía un riesgo fitosanitario, pero lo que nunca aceptaron es que la certificación, como ya establecimos, habla de trazabilidad de calidad y no de sanidad. Igualar lo no certificado con el riesgo fitosanitario es una falacia jurídica que sigue vigente a pesar de la derogación del decreto 970 durante el Gobierno Santos. El fantasma del 970 se transformó en la Resolución 3168 de 2015, que ha pasado relativamente desapercibida a pesar de tener el mismo veneno; el concepto de Copyright sobre la producción agrícola, que se volverá mucho más protagónico en el actual gobierno de Abelardo de la Espriella.
Tras ganar la presidencia en el año 2022, el gobierno Petro prometió a campesinos y gremios agricultores derogar la norma, pero la promesa se pospuso sin un resultado claro. Lo mejor que se hizo al respecto fue el proyecto de acto Legislativo 515 de 2025 que quería modificar el articulo 81 de la constitución para incluir a las semillas transgénicas en la prohibición de ingresar al país desechos tóxicos. Esta salida es la respuesta equivocada a un falso dilema; de nuevo una mentira que el relato de la izquierda convirtió en verdad narrativa— y en esto la lucha de Mulet tiene razón, y los transgénicos no representan un riesgo sanitario— desvirtúa un riesgo político real que hoy nos respira en el cuello. Hasta donde sé el proyecto de Acto Legislativo 515 de 2025 no ha desaparecido, pero dado su disparo de escopeta contra cualquier concepto transgénico, que imposibilita investigaciones nacionales que quieran de manera honrada mejorar semillas, y el interés económico de inversores empresariales con la costumbre de sobornar políticos, yo auguro que desaparecerá pronto.
Petro incumplió u olvidó su promesa y ahora debemos sobrevivir a esa omisión. Con el gobierno de De la Espriella es evidente que estrecharemos lazos con el régimen genocida de Netanyahu, siendo uno de los puntos de lanza más evidentes de su influencia política la cuestión agrícola. Una de las primeras decisiones de De la Espriella fue, precisamente, derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. Las semillas muy pronto volverán a ser un campo de batalla jurídico y legal, volveremos a ver campesinos golpeados por policías del ESMAD y las instituciones colombianas como el ICA, lejos de ayudar, solo servirán para defender los intereses de las empresas norteamericanas e israelíes.
