Tras años de suspensión y una celebrada reapertura a inicios de 2026, el programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana (Sede Garzón) vuelve a la parálisis. Los estudiantes denuncian inoperancia administrativa y falta de respaldo en su proceso de transición.
Redacción Regional
La historia del programa de Derecho en la Universidad Surcolombiana (USCO), sede Garzón, parece un ciclo interminable de ilusiones burocráticas y frustraciones académicas. Lo que en enero de 2026 fue anunciado con bombos y platillos como el renacer de una facultad tras más de ocho semestres de cierre y protestas, hoy se enfrenta a un nuevo muro institucional.
Desde el pasado miércoles 12 de agosto, los pasillos de la sede regional han vuelto a enmudecer académicamente, reemplazando el eco de las cátedras por el sonido de la protesta activa. A través de un contundente comunicado difundido el pasado 14 de agosto, al que tuvimos acceso las bases estudiantiles confirmaron su decisión unánime: la declaratoria formal de un cese de actividades.
El detonante
El núcleo del conflicto no radica en la falta de aulas o en la ausencia de docentes en primera instancia, sino en el manejo del llamado acuerdo de transición académica. Cuando el Ministerio de Educación Nacional autorizó oficialmente la reapertura en enero de 2026, marcando un hito tras la masiva movilización de más de 200 estudiantes afectados en abril de 2025, se hizo necesario establecer mecanismos para articular a los estudiantes antiguos, rezagados y a las nuevas cohortes dentro de las mallas curriculares vigentes.
Sin embargo, la implementación de dicho acuerdo ha sido, en palabras de los manifestantes, un fracaso administrativo. Según el comunicado emitido por el movimiento estudiantil, la parálisis busca generar un espacio de diálogo, reflexión y organización, ante la evidente la negligencia institucional.
“Manifestamos, de manera especial, nuestro inconformismo en relación con que NO SENTIMOS GARANTÍAS para continuar con nuestro proceso académico amparado bajo un acuerdo de transición académica” manifiesta el comunicado Oficial
El documento es claro al denunciar que no han recibido respuestas efectivas por parte del programa a nivel administrativo, una omisión sistemática que hoy tiene un impacto directo en el desarrollo formativo de los futuros abogados.
La protesta escaló de la inactividad en las aulas a la acción mediática. Los universitarios convocaron a todas las cohortes y extendieron el llamado al Consultorio Jurídico, un pilar fundamental no solo para las prácticas académicas, sino para la prestación de servicios legales gratuitos a la población vulnerable del municipio de Garzón.
La paralización de este consultorio añade una presión social significativa a la universidad, pues la afectación trasciende el campus y golpea directamente a la comunidad garzoneña.
Durante la jornada, los estudiantes llevaron a cabo una queja pública ante medios de comunicación locales y ejecutaron intensas jornadas de cartelización todo el, forrando las paredes de la sede, con mensajes que exigen claridad burocrática y respeto por sus procesos formativos.
El panorama hoy
A fecha de hoy, 17 de agosto de 2026, la protesta se mantiene firme bajo la consigna ¡DERECHO GARZÓN EN PIE DE LUCHA! La crisis pone de manifiesto una desconexión alarmante entre las victorias políticas de la administración central de la USCO, que celebró la apertura de nuevas cohortes a principios de este mismo mes (el 5 de agosto se llevó a cabo la inducción de la cohorte 2026-2, y la realidad operativa que viven los estudiantes en la sede regional.
El movimiento estudiantil de la USCO Garzón ha demostrado históricamente su capacidad de resistencia. Fueron ellos quienes, a fuerza de plantones, lograron que el Ministerio de Educación mirara hacia el centro del Huila en 2025 y 2026. Hoy, esa misma fuerza exige que las victorias de papel se traduzcan en garantías reales.
La administración de la Universidad Surcolombiana tiene la palabra. Hasta que no se establezcan mesas de diálogo con poder decisorio y se corrijan las graves falencias del acuerdo de transición académica, las aulas de Derecho en Garzón seguirán cerradas, no por falta de voluntad de aprender, sino por la imperiosa necesidad de defender la dignidad de la educación pública.
