Bogotá, D.C. – En un movimiento decisivo para la conservación de la identidad nacional, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Procuraduría General de la Nación oficializaron este 12 de febrero de 2026 el Convenio Interadministrativo 0844. Esta alianza estratégica busca frenar el deterioro de los bienes culturales mediante una vigilancia preventiva, poniendo fin a la improvisación en las intervenciones de infraestructura pública que amenazan la historia del país.
Una alianza para “prevenir antes que lamentar”
La firma del acta, liderada por la ministra Yannai Kadamani Fonrodona y el procurador general Gregorio Eljach Pacheco, marca un cambio de paradigma en la gestión pública. Tradicionalmente, la protección del patrimonio actuaba de manera reactiva, sancionando cuando el daño ya era irreversible. Con este nuevo instrumento jurídico, el enfoque gira hacia la acción preventiva.
“En ningún sentido estamos promoviendo el endurecimiento de las normas para hacer modificaciones; esta es una invitación a entender el valor patrimonial”, aclaró la ministra Kadamani durante el evento. El objetivo no es detener el desarrollo, sino garantizar que las adecuaciones en los territorios respeten la memoria histórica sin incurrir en faltas disciplinarias o fiscales.
Los 4 pilares del blindaje cultural
El convenio despliega un plan operativo inmediato que involucra tanto a las procuradurías regionales como a las autoridades locales. Sus ejes centrales son:
- Capacitación Especializada: Se formará a funcionarios en el régimen de protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC), asegurando que alcaldes y gobernadores entiendan las reglas de juego antes de iniciar obras.
- Vigilancia a los PEMP: Se realizará una revisión exhaustiva de los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) que no hayan sido implementados o concluidos. El PEMP es el instrumento técnico vital que define qué se puede y qué no se puede hacer en un área protegida, garantizando su sostenibilidad física y financiera.
- Acompañamiento en Obras: La Procuraduría hará seguimiento institucional a las obras ejecutadas por entidades territoriales para detectar a tiempo intervenciones no autorizadas.
- Acción Territorial: Se emitirán comunicaciones preventivas a curadurías y autoridades locales para recordarles la obligatoriedad de cumplir con la normativa vigente.
El PEMP: La hoja de ruta que muchos ignoran
Uno de los puntos críticos que ataca este convenio es el desconocimiento o la omisión de los PEMP. Para entender su importancia, hay que recordar que un Bien de Interés Cultural (BIC) no es solo un edificio viejo; es un activo que genera identidad y desarrollo económico para una región.
Sin un PEMP aprobado y ejecutado, los centros históricos quedan vulnerables a la gentrificación descontrolada o al abandono. Al involucrar a la Procuraduría, el Ministerio asegura que ignorar estos planes técnicos tendrá consecuencias disciplinarias claras para los funcionarios públicos, elevando el costo político de la negligencia administrativa.
La puesta en marcha del convenio 0844 envía un mensaje contundente desde Bogotá hacia las regiones: el patrimonio cultural ya no es un “adorno” en la gestión pública, sino una responsabilidad administrativa de primer nivel. Con Mónica Andrea Ulloa Ruíz y Mónica Orduña Monsalve supervisando la ejecución técnica, se espera que este “matrimonio” institucional reduzca drásticamente los casos de demoliciones ilegales y reformas inadecuadas que han borrado parte de nuestra historia.
Desde Enredijo, seguiremos monitoreando los primeros resultados de esta vigilancia preventiva en los centros históricos más amenazados del país.
