En un tenso pulso institucional, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha decidido ratificar su decisión de incrementar el salario mínimo en un 23% para 2026, desoyendo las alertas del sector empresarial y la reciente suspensión decretada por el Consejo de Estado. Tras una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño con los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila, el Ejecutivo argumenta que la cifra no es un capricho, sino una aplicación estricta del concepto de “salario vital” respaldado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Constitucional.
El “Salario Vital” como eje de la discordia
El centro de la controversia radica en el cambio de paradigma que propone el Gobierno: dejar de calcular el salario mínimo únicamente con base en la inflación y la productividad, para adoptar el modelo de “salario vital y móvil”. Según el ministro Antonio Sanguino, el ajuste del 23% —que técnicamente sería del 23,7% sumando el subsidio de transporte— busca cerrar la brecha histórica entre lo que ganan los trabajadores y lo que realmente cuesta vivir con dignidad en Colombia.
Para sustentar esta cifra, el Ministerio de Trabajo presentó un estudio técnico basado en estándares de la OIT. El cálculo establece que un adulto requiere un consumo mínimo de 2.856 calorías diarias, lo que implica un gasto mensual en alimentación de $394.819 pesos. Al sumar vivienda, servicios públicos y otros gastos esenciales (salud, educación, transporte), el ingreso mínimo real para un hogar de cuatro personas debería ser de $2.982.960 pesos.
Choque de trenes: Legalidad vs. Necesidad
La decisión del Ejecutivo choca frontalmente con la orden del Consejo de Estado, que suspendió el decreto inicial exigiendo una fórmula que respete las variables macroeconómicas tradicionales establecidas en la Ley 278 de 1996. El alto tribunal advirtió que ignorar factores como la productividad y el IPC podría generar una inestabilidad jurídica y económica grave.
Sin embargo, el presidente Petro se ampara en la Sentencia C-815 de 1999, la cual establece que la remuneración debe ser “mínima, vital y móvil”, priorizando la capacidad adquisitiva del trabajador por encima de otros indicadores. “El salario deja de ser únicamente una variable económica y se convierte en una herramienta de justicia social”, señalaron fuentes del Ministerio de Hacienda.
Alerta roja en el sector empresarial
Mientras el Gobierno defiende la justicia social, los gremios económicos, liderados por Fenalco y la ANDI, han encendido las alarmas. Advierten que un alza de esta magnitud, desconectada de la productividad real, es insostenible para el tejido empresarial, compuesto en un 99% por Mipymes.
Según Fenalco, el 71% de los pequeños empresarios ya ha comenzado a reducir su nómina ante la incertidumbre, y se estima que la medida podría poner en riesgo cerca de 700.000 empleos formales. Ante esto, el Gobierno ha prometido un paquete de ayudas y créditos blandos para mitigar el impacto en las pequeñas empresas, buscando un “acuerdo nacional” que, hasta ahora, parece lejano.
La insistencia del Gobierno en el 23% marca un hito en la política laboral colombiana, priorizando por primera vez el costo de vida real sobre la ortodoxia macroeconómica. Mientras el Consejo de Estado define la legalidad del decreto y los gremios cuentan sus pérdidas, millones de trabajadores quedan a la espera de saber si su aumento salarial será una realidad permanente o una victoria efímera en los tribunales.
