Imagen ilustrativa. Foto: Agencia Nacional de Tierras
El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva admitió formalmente una acción de tutela interpuesta por el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) y ordenó una medida provisional que suspende cualquier decisión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre la ampliación de resguardos del Cauca en territorio huilense.
La decisión judicial, radicada bajo el número 410013107001202600044, responde a la reclamación de líderes de diversos resguardos indígenas del Huila, entre ellos Casica Ibanasca, Nuna Rumy y Rumiaco. Los accionantes argumentan la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la consulta previa y a la integridad cultural.
El conflicto territorial
El núcleo de la controversia se centra en el expediente No. 201951000999800038E de la ANT, mediante el cual se tramita la segunda ampliación de los resguardos Kokonuco y Yanacona de Paletará, originarios del departamento del Cauca. La pretensión territorial abarca aproximadamente 47.000 hectáreas ubicadas en los municipios de San Agustín, Isnos, Saladoblanco y La Argentina, dentro del Parque Nacional Natural Puracé, en jurisdicción del Huila.
Según el documento de tutela, la ANT habría avanzado en el proceso basándose en estudios técnicos que ignoran la presencia ancestral y los procesos de conservación de las comunidades indígenas del Huila asentadas en esa zona. El CRIHU sostiene que los sitios sagrados referenciados por la comunidad del Cauca para justificar la ampliación se encuentran, en realidad, dentro de los límites del departamento vecino y no en el territorio pretendido en el Huila.
Medida provisional y coadyuvancia.
Como determinación inmediata, el despacho judicial ordenó a la ANT abstenerse de incluir en el orden del día de su Consejo Directivo cualquier tema relacionado con la decisión de fondo sobre esta ampliación. Esta medida permanecerá vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva que resuelva la acción constitucional.
Por su parte, la Gobernación del Huila, a través de su Departamento Administrativo Jurídico, presentó un escrito de coadyuvancia en apoyo a la solicitud del CRIHU. La intervención busca salvaguardar la soberanía territorial y garantizar la seguridad hídrica del Macizo Colombiano, cuestionando la validez de los conceptos técnicos que sustentan la entrega de predios.
Acciones institucionales
La Procuraduría Ambiental y Agraria de Neiva también ha intervenido en el proceso, solicitando la revocatoria de las actuaciones técnicas de la ANT, al considerar que se realizaron sin la debida interlocución con las autoridades locales y comunidades afectadas.
Ante la relevancia del fallo, la administración departamental ha convocado a una reunión prioritaria con los alcaldes de los municipios involucrados, representantes del CRIHU, la CAM y la Asamblea Departamental para el próximo lunes 13 de abril, con el fin de unificar la estrategia de defensa del territorio.
