Una investigación especial revela cómo la administración de Edgar Muñoz habría permitido la urbanización de 14 hectáreas sin pagar impuestos, favoreciendo a un privado mientras la infraestructura del proyecto sigue en ruinas.
Un “descuido” administrativo de proporciones millonarias tiene hoy a la pasada administración de Pitalito bajo la lupa de los entes de control. El reciente hallazgo fiscal D-048-2025 de la Contraloría Departamental del Huila ha puesto en evidencia lo que podría ser uno de los mayores detrimentos patrimoniales en la historia reciente del urbanismo laboyano: $1.095 millones de pesos que nunca ingresaron a las arcas del municipio, producto de una serie de maniobras en la expedición de licencias para la llamada “Ciudadela Industrial”.
Lo que inicialmente se perfilaba como una gestión ineficiente, tras un análisis forense de los documentos, revela un patrón sistemático de omisiones que benefició directamente a la Asociación Laboyana de Comercio, Industria y Servicios (ALACIS) durante el mandato del exalcalde Edgar Muñoz Torres (2020-2023).
Anatomía de un desfalco silencioso
El informe de la Contraloría es técnico, pero los hechos son contundentes, la Secretaría de Planeación Municipal, actuando como filtro final, expidió resoluciones de urbanismo y construcción omitiendo el requisito legal más básico, el pago del impuesto de delineación urbana. La investigación identifica dos momentos críticos donde el erario fue lesionado.
1. El misterio de los 38.000 metros “desaparecidos” (2021)
En noviembre de 2021, mediante la Resolución No. 582, se otorgó licencia de urbanización a ALACIS. Sin embargo, las matemáticas no cuadran ya que el plano autorizaba intervenir 108.432 m², pero el cobro se calculó sobre la base gravable de 70.218 m². Es decir, misteriosamente se evaporaron del cobro más de 38 mil metros cuadrados, generando una pérdida inicial de $154 millones.
2. La “licencia gratuita” de despedida (2023)
El golpe más fuerte ocurrió el 13 de octubre de 2023, a solo dos meses de terminar el gobierno de Muñoz Torres, cuando la Secretaría de Planeación emitió la Resolución No. 573, autorizando la construcción de 147.818 m² (casi 15 hectáreas de bodegas y comercio).
De manera inexplicable, y violando el Acuerdo 044 de 2021 (Estatuto Tributario), la licencia se entregó sin liquidar un solo peso. Si se hubiese aplicado la tarifa vigente de 0.15 UVT, el municipio debió recibir $940.391.287. En su lugar, recibió cero.
“No se trata de un error de cálculo aislado; estamos ante la omisión total de un requisito habilitante para la construcción en dos momentos críticos del proyecto,” señala el análisis de la auditoría.
Los responsables
La responsabilidad fiscal y disciplinaria no es abstracta, la investigación apunta a la cadena de mando que permitió, por acción u omisión, este detrimento.
- Secretaría de Planeación: Bajo la dirección de Lorena Mercedes Castro Molano en fechas clave, esta dependencia tenía la obligación indelegable de verificar el pago antes de firmar. Entregar una licencia sin el soporte de pago constituye una presunta falta gravísima.
- Secretaría de Hacienda: Liderada por Kevin Yair Melo Hernández (quien también fungió como alcalde encargado), falló en su deber de fiscalización. La ausencia de mil millones de pesos en las proyecciones de ingresos pasó “desapercibida” para el guardián de las finanzas.
- El Beneficiario (ALACIS): Representada legalmente por Álvaro Tovar Paladines, esta entidad sin ánimo de lucro actuó como urbanizador. La gran interrogante que surge es: ¿Cobró ALACIS a sus asociados (mecánicos y comerciantes) el valor de estas licencias dentro de los paquetes de venta de lotes? Si la respuesta es sí, el dinero que no llegó al municipio podría estar en cuentas privadas.
Infraestructura de “papel” vs. realidad de ruinas
La gravedad del hallazgo fiscal contrasta dolorosamente con la realidad física de la Ciudadela Industrial. Mientras el municipio dejó de percibir recursos vitales, el proyecto sigue siendo un “elefante blanco”, vías en recebo o inexistentes, falta de alcantarillado pluvial y una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la cual no se tiene información clara sobre su operación.
La administración de Edgar Muñoz, bajo el eslogan “Pitalito, Región que Vive”, facilitó los trámites a un privado, entregando licencias que legitimaron un desarrollo urbano precario, sin garantizar que el municipio recibiera la contraprestación económica necesaria para mitigar el impacto urbano.
Lo que viene
La actual administración de Pitalito, encabezada por Yider Luna Joven, enfrenta ahora la “papa caliente” de recuperar estos dineros. Sin una liquidación oficial en los actos administrativos originales, el cobro coactivo se convierte en un laberinto jurídico.
Enredijo Noticias intentó contactar a los exfuncionarios implicados y a las directivas de ALACIS para conocer su versión frente a este hallazgo fiscal, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta oficial. La ciudadanía espera que este detrimento de $1.095 millones no termine, como la misma “ciudadela”, enterrado en el olvido y la maleza.
4 respuestas
SOY ASOCIADA ALACIS. evidentemente los asociados pagamos millones por cada licencia. Y en una reunión los representantes nos enseñaron la supuesta licencia vigente además de el pago y lo más grave el 5 de dic 2025 pagamos más de 3000 millones a dicha asociación para electrificacion con apoyo de los mismos además de gobernación del huila. Muy preocupante.
Gracias por Informar
El comentario de elefante blanco y que está en la maleza el proyecto afecta a los asociados, que son los directamente perjudicados. Ojo por favor con como redactan esta información.
Hola Francisco, gracias por su comentario. Debemos mencionar que el termino “Elefante blanco” en Colombia se refiere a una obra costosa que esta inconclusa y que en el artículo no se habla de que “está en la maleza”. De igual forma decir que nos interesa contar la verdad y el equipo investigativo de Enredijo visitará las instalaciones para verificar el estado de la obra. Estaremos actualizando la información.