El Comité Internacional para Museos rechaza la orden del presidente Abelardo de la Espriella de retirar obras sobre la paz y luchas sociales. Mientras un juzgado frena la medida provisionalmente, el Ministerio de las Culturas niega haber aplicado censura institucional.
Redacción Cultural
El Comité Internacional para los Museos y Colecciones de Arte Moderno (CIMAM) instó este 23 de octubre al gobierno de Abelardo de la Espriella a respetar la independencia del Museo Nacional de Colombia. Esta controversia surgió tras el desmonte de exhibiciones sobre el Acuerdo de Paz de 2016, la población LGTBIQ+ y luchas feministas, decisión que el mandatario justificó calificándolas como una “oda al terrorismo”.
Llamado internacional
El programa Museum Watch del CIMAM manifestó preocupación ante el retiro de piezas sin justificación curatorial pública. Según los expertos, alterar las exposiciones exige rigor investigativo y un diálogo respetuoso con las comunidades. El comité aclaró que exhibir un objeto histórico no implica respaldar ideológicamente a las personas o los movimientos que documenta. Eliminar estas narrativas restringe el acceso ciudadano al conocimiento histórico y erosiona la confianza en las instituciones culturales.
Acción judicial
En paralelo a la declaración internacional, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá emitió una orden cautelar. Esta medida exige al centro cultural conservar intactas las piezas desmontadas mientras se resuelve de fondo el conflicto. Este recurso legal, impulsado mediante tutela por Gabriel Becerra y los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa, busca proteger los derechos ciudadanos. Por su parte, el Ministerio solicitó que la tutela sea declarada improcedente y pase a manos del Consejo de Estado.
La postura del Ejecutivo
El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes rechazó enfáticamente las acusaciones de censura. La entidad argumentó que la decisión, originada por la orden presidencial del 15 de octubre, responde a procesos técnicos de gestión, rotación de elementos y “neutralidad institucional”. Aunque las autoridades reportaron al juzgado el retiro inicial de 22 objetos patrimoniales, los inventarios confirmaron el desmonte de 63 elementos en total, que ahora permanecen resguardados en la zona de reserva.
Las calles defienden el patrimonio cultural
La respuesta ciudadana y académica no se hizo esperar en la capital. A través de la iniciativa “Clase a la calle”, varios académicos se congregan frente al museo desde el lunes para debatir sobre la memoria y la historia del país. En estos espacios, arqueólogos, antropólogos y museógrafos reiteran que las galerías son el resultado de un meticuloso trabajo colectivo de investigación, el cual no debe quedar supeditado a presiones o directrices políticas.
En conclusión, la tensión entre el Ejecutivo y la comunidad museística internacional plantea un debate fundamental sobre la autonomía profesional. Habrá que esperar el fallo definitivo de la justicia colombiana para conocer el destino de estas valiosas exposiciones. Te invitamos a continuar este importante debate y a seguir informándote de forma veraz con todos los contenidos de ENREDIJO.
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