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“No será una guerra, sino el camino al acuerdo nacional”
El presidente Gustavo Petro reiteró este domingo su defensa a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, asegurando que este mecanismo de participación ciudadana no representa una amenaza para la institucionalidad, sino el “camino ideal” para lograr un pacto político y social en Colombia.
A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el jefe de Estado argumentó que la iniciativa busca garantizar los derechos consignados en la Carta Política de 1991, los cuales, según él, han sido sistemáticamente bloqueados. En su declaración, Petro descartó que la Asamblea busque derogar la actual Constitución, modificar la composición del Congreso o alterar la Corte Constitucional. En cambio, propuso la adición de dos nuevos capítulos enfocados en la aplicación inmediata de derechos sociales.
El mandatario también lanzó duras críticas a sectores políticos y económicos tradicionales, a los que calificó de “fuerzas cavernarias”, acusándolos de frenar las reformas de su Gobierno, permear de corrupción las instituciones y traicionar los intentos previos de concertación.
Para comprender el alcance de esta propuesta y sus implicaciones legales y sociales, en Noticias Enredijo desglosamos las claves de este debate nacional:
Las cuatro claves del debate Constituyente
Para entender el panorama propuesto por el Ejecutivo, es fundamental separar la retórica política de la realidad constitucional.
¿Qué es el poder constituyente?
En términos constitucionales y políticos, el “poder constituyente” es la capacidad y el derecho soberano que tiene el pueblo para decidir la forma en la que quiere ser gobernado, así como para crear o reformar de fondo su ordenamiento jurídico (la Constitución). El presidente Petro apela a este concepto bajo la premisa de que “el pueblo es soberano”, instando a la ciudadanía a expresarse de manera directa para reconfigurar el pacto social ante la imposibilidad de tramitar sus reformas por la vía legislativa ordinaria.
¿Qué se requiere para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente? Aunque el presidente menciona que “es legítimo que el pueblo, con su firma, solicite al Congreso la convocatoria”, la recolección de firmas es solo un paso inicial (iniciativa popular) dentro de un proceso legal complejo dictado por el Artículo 376 de la Constitución. Para que la Asamblea sea una realidad, se deben cumplir con la “aprobación del Congreso”, se requiere que el Congreso de la República apruebe una ley (por mayoría de los miembros de ambas cámaras) que disponga consultar al pueblo sobre la convocatoria; la “votación popular”, una vez sancionada la ley, los colombianos deben acudir a las urnas. La Asamblea solo se convoca si al menos una tercera parte del censo electoral vigente vota por el “Sí”, y la “elección de asambleístas”, si se aprueba, se deben realizar nuevas elecciones para escoger a los delegados que redactarán las reformas.
¿Por qué el Gobierno considera que se debe hacer en el actual momento histórico-político?
El presidente argumenta que la Constituyente es imperativa en la actualidad porque las reformas sociales que propuso (salud, pensiones, trabajo) fueron bloqueadas en el Congreso. Según el mandatario, las instituciones están cooptadas por “fuerzas cavernarias” y “grupos de especuladores poderosos” que han impedido la materialización del Estado Social de Derecho para mantener “privilegios privados vistos como derechos hereditarios”. Desde la óptica del Ejecutivo, el mecanismo es la única salida para erradicar la corrupción institucional y ejecutar el programa de gobierno por el que votó la ciudadanía.
¿Qué beneficios traería a los sectores más vulnerables de la población colombiana?
De acuerdo con la propuesta oficial, la Constituyente no modificaría toda la Carta Magna, sino que agregaría textos para materializar derechos que, según el Gobierno, llevan 34 años sin reglamentarse. Para las poblaciones más vulnerables, el presidente asegura que esto se traduciría en garantías reales, cotidianas y de vigencia inmediata, acceso efectivo a derechos fundamentales como la salud y la educación garantía de trabajo digno y acceso a la pensión, servicios públicos con tarifas pagaderas según sus costos reales y derecho inalienable al agua potable y a una nutrición adecuada.
El debate queda ahora en manos del legislativo y de la capacidad del Gobierno para movilizar a la ciudadanía, en medio de un clima de alta polarización política y frente a una oposición que ve en esta figura un riesgo de inestabilidad jurídica para el país.
