El aumento del 23% en el salario mínimo amenaza con degradar la categoría fiscal de varios municipios surcolombianos. Mandatarios locales y la Federación Nacional de Departamentos urgen al Gobierno y al Congreso actualizar una normativa que castiga la ruralidad.
Redacción Regional
Ante el inminente riesgo de perder recursos vitales para la inversión social, diversos alcaldes del departamento del Huila se unieron esta semana al vehemente llamado de la Federación Nacional de Departamentos (FND). El objetivo es exigir al Gobierno de Abelardo De La Espriella y al Congreso de la República una reforma estructural al sistema que define las categorías presupuestales en el país. La crisis, detonada por el alza histórica del 23% en el salario mínimo para la presente vigencia, pone en jaque las finanzas territoriales y amenaza con recortar el margen de maniobra de las alcaldías de cara al año 2028.
Una norma obsoleta
El núcleo del debate radica en los rígidos parámetros establecidos por la Ley 617 del año 2000, normativa que utiliza el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMLMV) como unidad de medida inamovible para clasificar a los entes territoriales. Tras el reciente incremento del 23%, que elevó el salario de $1.423.500 a $1.750.905, las exigencias de recaudo se dispararon de manera automática.
Para los mandatarios y el gremio, este salto brusco crea una barrera financiera insostenible. Por ejemplo, para que un departamento o municipio logre mantenerse en la primera categoría, la ley exige 170.001 salarios mínimos. Mientras que el año pasado este umbral representaba cerca de $241.996 millones, con el valor actual la cifra ascendió drásticamente a $297.656 millones. Esto representa un sobreesfuerzo de recaudo de $55.659 millones adicionales en tan solo un año. Esta misma presión matemática recae sobre la segunda y tercera categoría, cuyos topes superan hoy los $213.612 millones y $105.056 millones, respectivamente.
La paradoja del recaudo
El director ejecutivo de la FND, Didier Tavera, fue enfático al advertir sobre la “paradoja financiera” que hoy asfixia a las regiones. Si los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) de un territorio crecen un 10%, pero la vara de medición del salario mínimo sube un 23%, el municipio sufrirá una reducción cercana al 10,57% en su equivalencia. En la práctica, esto significa perder estatus fiscal a pesar de haber logrado un mayor recaudo monetario.
Tavera reconoció que la Ley 617 cumplió un rol histórico en la estabilización de la responsabilidad fiscal territorial. Sin embargo, insistió en que después de 25 años es imperativo diseñar reglas modernas que reconozcan las profundas diferencias geográficas y económicas, permitiendo a los gobernantes contar con verdaderas herramientas para cerrar brechas de desarrollo.
Pitalito y el impacto directo
El mapa fiscal actual del Huila refleja grandes asimetrías: según datos de Planeación Departamental, Neiva conserva la categoría uno y Pitalito la cuatro, mientras que la totalidad de los demás municipios se ubican en la sexta categoría.
Yider Luna, alcalde de Pitalito, explicó que este desajuste macroeconómico frente a un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 5,5% ha desencadenado un efecto dominó que golpea incluso los marcos tarifarios de los servicios públicos. El mandatario del Valle de Laboyos detalló que, para ascender y sostenerse en la anhelada tercera categoría, el municipio requeriría captar cerca de $52.000 millones en recursos de libre inversión. No obstante, los análisis proyectan un recaudo de $47.000 millones. La consecuencia directa de retroceder o estancarse en la categoría cuarta es grave: se traduce en una pérdida sustancial de recursos para inversión pública y una menor capacidad institucional para resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía.
Aipe y Palermo
La zozobra es compartida por las localidades más pequeñas. Luis Ángel Ramírez, alcalde de Aipe (categoría sexta), aclaró que los alcaldes no buscan flexibilizar la disciplina fiscal ni un cheque en blanco para gastar más, sino una medición justa. Ramírez hizo un llamado a evaluar las enormes diferencias entre administrar un casco urbano denso y un municipio con alta ruralidad y dispersión poblacional, donde los costos logísticos para proveer servicios básicos se multiplican.
En esa misma línea, Kleyver Oviedo, mandatario de Palermo, exigió una “reingeniería” fiscal urgente y denunció graves desfases en la información oficial del Estado. Según Oviedo, el DANE reporta no más de 28.000 habitantes en su territorio, ignorando a cerca de 20.000 personas que residen en zonas como el corregimiento de Amborco y que no figuran en el Sistema General de Participaciones. Pese a ser el municipio líder en eficiencia fiscal de su categoría en el departamento, estas distorsiones censales, sumadas a la “vara alta” del salario mínimo, sepultan la posibilidad de que Palermo ascienda a la quinta categoría.
El consenso en el sur del país es claro: Colombia necesita transitar hacia un modelo basado en las capacidades y especificidades territoriales, dejando atrás las fórmulas de escritorio dictadas desde Bogotá. Solo así se podrá garantizar una prestación de servicios públicos digna y una competitividad real en las regiones.
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La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
