El MinEducación Daniel Rojas Medellín y la bancada del Pacto Histórico celebra la entrega del proyecto de Ley – Foto MinEducación
Este 21 de julio de 2026, el ministro de Educación, Daniel Rojas, junto a la bancada del Pacto Histórico, radicó en el Congreso de la República el proyecto de Reforma Integral a la Ley 30 de 1992. Esta iniciativa legislativa busca actualizar el marco normativo del sistema universitario, reconociendo oficialmente a la educación superior como un derecho fundamental y un bien común, y dejando atrás el modelo que rigió durante más de tres décadas.
¿Qué busca la nueva reforma?
El modelo educativo de Colombia se prepara para enfrentar su transformación más profunda en más de 30 años. El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha entregado al legislativo un proyecto que no se limita a realizar simples modificaciones de artículos, sino que propone una reingeniería completa del sistema. Su objetivo principal es fortalecer la educación pública mediante una financiación sostenible, garantizar oportunidades reales de acceso para los jóvenes y orientar el conocimiento hacia el desarrollo nacional.
Esta propuesta aterriza en el Congreso como la continuación natural del mandato del Plan Nacional de Desarrollo y complementa la reciente Ley 2568 de 2026, la cual modificó los artículos 86 y 87 para blindar económicamente a las instituciones públicas. Para lograr un texto legítimo, la construcción del proyecto incorporó los aportes directos de estudiantes, docentes, rectores, trabajadores y organizaciones académicas tras meses de mesas de diálogo promovidas por el Gobierno nacional.
Finanzas y bienestar universitario
Uno de los pilares de este proyecto es la reestructuración económica. Históricamente, las transferencias a las universidades públicas perdían poder adquisitivo frente a los costos reales de la educación. Ahora, el proyecto establece que los aportes estatales crecerán cada año en un porcentaje no inferior al 70 % del incremento real del Producto Interno Bruto (PIB).
Además, la reforma establece nuevas reglas claras para el gasto interno y la calidad de vida en los campus universitarios.
Mayor inversión social: El presupuesto obligatorio destinado a programas de bienestar universitario pasará progresivamente del 2 % al 5 %.
Apuesta por la ciencia: Las instituciones públicas deberán destinar, como mínimo, el 10 % de su presupuesto a investigación, innovación y producción de conocimiento.
Estabilidad laboral: Se impulsará la formalización progresiva de las plantas de docentes y del personal administrativo, saldando una deuda histórica con los trabajadores del sector.
Democracia en la Ley 30
El esquema de toma de decisiones dentro de las universidades también sufrirá un cambio radical. El proyecto busca democratizar la gobernanza al duplicar la representación de estudiantes y docentes en los Consejos Superiores. Además, abre la puerta para incorporar nuevos actores territoriales y sociales que históricamente estuvieron marginados de estas instancias.
Para articular este modelo con las regiones y combatir la centralización, la reforma crea herramientas innovadoras.
Se formarán los Consejos Territoriales de Educación Superior (CTES) para alinear a las instituciones con los gobiernos locales.
Nacerá el Consejo de Instituciones de Educación Superior Estatales (CIESE), que reemplazará al antiguo Sistema Universitario Estatal (SUE) e incluirá representación estudiantil y profesoral.
Se implementará el modelo Multicampus para compartir infraestructura y oferta en zonas excluidas, acompañado de un Plan Decenal de Educación Superior para trazar metas a largo plazo.
El rol renovado del ICFES y el ICETEX
Las entidades adscritas al Ministerio de Educación tendrán que adaptarse a esta nueva era. El ICFES será redefinido exclusivamente como una entidad técnica encargada del seguimiento y la evaluación rigurosa del sistema. Por su parte, el ICETEX abandonará su modelo tradicional de créditos para pregrado y se reorientará hacia la financiación de estudios de posgrado y formación en el exterior, bajo un esquema redistributivo y de retribución social del conocimiento.
Durante el acto de radicación, el ministro Daniel Rojas envió un mensaje contundente: “Entregamos a la bancada del Pacto Histórico la continuidad de un trabajo que no nos pertenece a unos pocos, que es el fruto de un gobierno que decidió ver a la juventud como aliada y no como su enemiga”. Rojas añadió que la lucha ahora se traslada al Congreso e invitó a la juventud organizada a defender este camino legislativo.
En conclusión, el Congreso de la República tiene en sus manos la responsabilidad de debatir una reforma que consolidará el sistema público, fortalecerá las capacidades tecnológicas del país y convertirá a las universidades en el motor de desarrollo de las regiones. Te invitamos a seguir de cerca cada etapa de este debate histórico a través de nuestros análisis e investigaciones exclusivas en Enredijo.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
