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El presidente Gustavo Petro lanzó un enérgico llamado a las comunidades étnicas y rurales de Colombia para iniciar una gran movilización social que defienda el acceso equitativo a la tierra. A escasos quince días de las elecciones presidenciales y en medio de profundas tensiones con la Corte Suprema de Justicia, el jefe de Estado instó a la ciudadanía a proteger los pilares de la Constitución de 1991 ante lo que califica como un inminente riesgo de retroceso institucional.
Un llamado a la coordinación social
La disputa por la democratización de la tierra en Colombia acaba de entrar en una fase política y jurídica decisiva. El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un llamado a organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes para articularse en defensa de la reforma agraria y del cumplimiento de la Constitución Política de Colombia de 1991. Esta alerta, que comenzó a gestarse durante un evento gubernamental en el municipio de Cubará, Boyacá, y se amplificó rápidamente en redes sociales, no surge en el vacío.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario advirtió sobre lo que considera intentos de frenar las transformaciones en el acceso a la tierra en el país, e insistió en el papel del Estado en la administración de los bienes baldíos. El contexto directo de esta advertencia es un reciente fallo judicial que, según argumenta la Casa de Nariño, obstaculiza la implementación integral del punto uno del Acuerdo de Paz de 2016. Ante la parálisis que este escenario podría generar, en su mensaje, convocó a la “coordinación social” de distintos sectores para impulsar la defensa de la reforma agraria.
La disyuntiva histórica
Para el actual gobierno, el país no solo está debatiendo una política pública de distribución, sino la viabilidad misma de su modelo de Estado y sus compromisos internacionales. Petro planteó que el país atraviesa una decisión histórica entre, según dijo, retroceder a modelos anteriores de organización agraria o consolidar el Estado social de derecho establecido en la Constitución de 1991. Durante sus intervenciones recientes de este mes de mayo de 2026, ha enfatizado que aceptar estos reveses judiciales significaría devolver a Colombia a lógicas de exclusión social severas, anulando los esfuerzos de democratización territorial iniciados décadas atrás.
En ese sentido, defendió el acceso a la tierra como un derecho de las comunidades rurales y como una herramienta para la justicia social y la superación de la violencia en el campo. La seguridad jurídica sobre la tierra, por tanto, se presenta en el discurso oficial como el único camino realista para saldar la deuda histórica con las regiones más apartadas y reactivar la economía agrícola.
Narcotráfico, Violencia y el Monopolio de la Tierra
Las declaraciones del Ejecutivo no escatimaron en señalar responsabilidades concretas y de alto calibre. El mandatario también cuestionó a sectores que, a su juicio, buscan frenar los cambios en materia agraria, al tiempo que relacionó la concentración de la tierra con dinámicas de violencia y narcotráfico en el país. Según ha explicado el presidente en los últimos días, el estancamiento de estas normativas perpetúa lo que él mismo ha denominado como un robo continuo de las tierras de la nación, orquestado históricamente por economías ilegales que han lucrado a costa de más de 200.000 vidas colombianas.
Estas estructuras de poder tradicionales, que el jefe de Estado ha llegado a catalogar abiertamente de mafiosas, son el blanco principal de su narrativa. El gobierno sostiene que frenar la entrega y titulación de millones de hectáreas productivas a los trabajadores agrarios es, en la práctica, ceder el territorio a los despojadores y perpetuar la desigualdad estructural que alimentó el conflicto armado durante más de medio siglo.
El Momento Constituyente
Frente a lo que percibe como un bloqueo institucional proveniente de altas cortes y sectores conservadores, la estrategia política se traslada definitivamente a las plazas y veredas. “Convocó a todas las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes a iniciar la coordinación social que se necesita para la gran lucha por la tierra y el cumplimiento de la Constitución en Colombia”, expresó el jefe de Estado.
Este llamado a la acción ciudadana se enmarca en una coyuntura sumamente delicada, a las puertas de las urnas. Finalmente, Petro habló de un “momento constituyente” impulsado desde la movilización ciudadana y reiteró que será el pueblo quien defina el rumbo de estas reformas. En su visión, este proceso popular debe gestarse en dos fases: la elección de un proyecto político favorable al campo y la movilización permanente para presionar por decisiones que garanticen los derechos rurales. Fiel a su retórica de plaza pública, cerró su pronunciamiento con la frase: “¡Que viva la Reforma Agraria!”.
La apelación de Gustavo Petro a este gran “poder constituyente” refleja una apuesta radical por mantener viva la principal bandera social de su administración, enfrentándose frontalmente a las recientes barreras institucionales. El éxito de este llamado dependerá de la capacidad de convocatoria de las organizaciones sociales en medio de la agitada agenda política que vive Colombia en mayo de 2026. Para continuar desentrañando este y otros movimientos que definen el rumbo del país, te invitamos a mantenerte informado con el análisis riguroso y en profundidad que siempre te ofrecemos en Enredijo.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La redacción se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
