Estudiantes y docentes de la Universidad Surcolombiana advierten que el nuevo protocolo de seguridad del Ejecutivo criminaliza la protesta. Exigen respeto por la Constitución frente a una medida que, aseguran, transformaría los campus en zonas de confrontación violenta.
Redacción Regional
El anuncio del presidente Abelardo De La Espriella sobre la creación de un protocolo estatal para autorizar el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades públicas ha encendido las alarmas en el departamento del Huila. Desde la ciudad de Neiva, líderes estudiantiles y docentes de la Universidad Surcolombiana (USCO) han expresado su profundo rechazo a esta iniciativa, catalogándola como una vulneración directa a la autonomía universitaria y una amenaza letal para el libre ejercicio del pensamiento crítico. Mientras el Ejecutivo argumenta que el orden público prima sobre la autonomía institucional ante presuntos hechos de violencia o vandalismo, el movimiento estudiantil regional interpreta la medida como el regreso de la estigmatización sistemática contra la protesta social.
La autonomía institucional
El corazón del conflicto radica en la interpretación estatal sobre los límites y alcances de las instituciones de educación superior. Para María José Rojas Losada, representante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la sede de Neiva, el Gobierno nacional está confundiendo de manera deliberada la independencia académica con una fachada de impunidad.
Las universidades públicas de la región surcolombiana son, por naturaleza, espacios diseñados para la organización comunitaria, la crítica rigurosa, el debate de ideas y la legítima protesta social. Rojas señala con preocupación que presentar la autonomía como un obstáculo para el mantenimiento del orden público desdibuja el verdadero propósito de los recintos universitarios. “Una cosa es responder frente a hechos concretos de violencia y otra muy distinta es plantear la entrada de la Fuerza Pública a los campus como una respuesta general frente a las movilizaciones”, precisó la dirigente. Además, recordó que las conquistas democráticas en Colombia, como la financiación y el acceso a la educación superior, son fruto de luchas históricas que hoy retrocederían gravemente si se somete la academia a la vigilancia policial.
El fantasma del ESMAD
La posibilidad de ver escuadrones antidisturbios patrullando los pasillos de las facultades genera un rechazo fundamentado entre los universitarios huilenses. Rubén Darío Vega, líder estudiantil del programa de Comunicación Social y Periodismo, advierte sobre el peligro inminente que representa habilitar el acceso deliberado de la Fuerza Pública, haciendo hincapié en el largo historial de choques con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
A lo largo de los años, la comunidad de la USCO —que integra a estudiantes, docentes y funcionarios— ha sido víctima de graves señalamientos. Vega destaca que los estudiantes de la universidad pública enfrentan una constante estigmatización laboral y social, al ser asociados injustamente con apologías a discursos de izquierda. Permitir la intervención policial en las sedes no solo anularía las garantías civiles, sino que reviviría oscuros antecedentes de abusos institucionales contra la integridad física y moral de los académicos.
“El enemigo interno”
Para los colectivos universitarios, el discurso oficial trasciende la simple prevención de alteraciones al orden y se adentra en una retórica de confrontación peligrosa. Luisa Peña, representante ante el Consejo Superior Universitario y miembro de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), fue enfática al denunciar que las declaraciones presidenciales reactivan la doctrina del “enemigo interno”.
Bajo esta narrativa de seguridad, se instrumentaliza la justa lucha estudiantil para justificar el uso desmedido de la fuerza, denigrando las aulas que deberían ser santuarios de conocimiento. Peña hizo un llamado urgente, tanto al Gobierno central como a las propias directivas universitarias, para que blinden y salvaguarden este principio constitucional. De acuerdo con la vocera, señalar a la juventud movilizada como un objetivo a doblegar únicamente engendra más violencia y rompe cualquier puente para construir soluciones pacíficas.
Pedagogía constitucional
Ante la alta polarización que suscita el debate, el estamento profesoral exige elevar el nivel de la discusión, dejando de lado los apasionamientos para centrarse en el marco legal vigente. Olmedo Polanco, docente del programa de Periodismo y Comunicación de la Universidad Surcolombiana, insiste en que la ciudadanía necesita un contexto pedagógico urgente para comprender qué significa realmente la autonomía antes de aplaudir medidas coercitivas.
Este principio no es una concesión reciente, sino un pilar derivado directamente de la Constitución Política de 1991 y desarrollado minuciosamente en la Ley 30 de 1992. Polanco aclara que, si bien la autonomía no otorga derechos absolutos ni convierte a las universidades en territorios amparados para la ilegalidad, tampoco autoriza al Estado a violar la jurisdicción académica por presunciones políticas. El profesor enfatizó que la sociedad no debe dejarse llevar por las emociones de una propuesta gubernamental y evitar catalogar a los campus públicos como zonas vedadas.
En definitiva, la pugna entre el Ejecutivo y el movimiento estudiantil huilense refleja una fractura profunda sobre cómo se debe gestionar la protesta en una sociedad democrática. Mientras el Gobierno prioriza un enfoque punitivo, la comunidad de la Universidad Surcolombiana se mantiene en pie de lucha para que la educación superior siga siendo un territorio de paz, crítica y libertad.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
