El Proyecto de Ley 083 de 2026 propone un estricto marco normativo que obliga a las plataformas a implementar sistemas de verificación de identidad. Además, contempla sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos y posibles bloqueos definitivos para las empresas tecnológicas que incumplan las nuevas directrices de protección a la infancia.

El Congreso de la República de Colombia se prepara para debatir una de las iniciativas tecnológicas más trascendentales del año. Se trata de un proyecto de ley que busca prohibir que los menores de 14 años accedan a plataformas sociales que no estén diseñadas específicamente para su rango de edad. La propuesta, que ya recibió ponencia positiva para su primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, pretende establecer regulaciones claras para las grandes corporaciones tecnológicas, priorizando en todo momento la seguridad digital de los niños y adolescentes en el país.
El corazón del proyecto
La propuesta legislativa, radicada inicialmente por el representante Germán Rozo y coordinada en su ponencia por el congresista Luis Guillermo Patiño Aristizábal, tiene como eje central la protección de los más vulnerables en internet. Según el artículo 10 del Proyecto de Ley 083 de 2026, el registro y la navegación de menores de 14 años en plataformas de uso general quedará estrictamente prohibido. Las redes sociales convencionales estarán vetadas para esta población, a menos que ofrezcan entornos específicos para niños que integren controles parentales robustos y exijan la autorización explícita de sus representantes legales.
Con este proyecto, el país busca alinearse con regulaciones y discusiones que ya exploran otras naciones del mundo como Australia, España, Francia y el Reino Unido.
Verificación de identidad
Uno de los puntos más debatidos de la iniciativa legislativa es el mecanismo tecnológico necesario para hacer cumplir la restricción. Para evitar que los usuarios simplemente mientan sobre su fecha de nacimiento al crear una cuenta, las plataformas tecnológicas tendrán la obligación ineludible de implementar un sistema de verificación de identidad para todas las personas que deseen utilizarlas.
Además, el documento establece que cualquier red social con más de 100.000 usuarios activos en Colombia deberá abrir una oficina física y designar una representación legal dentro del territorio nacional. Esta disposición busca asegurar que las multinacionales puedan atender presencialmente los requerimientos de ciudadanos, autoridades y procesos judiciales.
Sanciones de la SIC
Las compañías tecnológicas que operen en el país no podrán evadir estas disposiciones, dado que el régimen de sanciones contemplado es sumamente contundente. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) asumirá el rol de autoridad de vigilancia y control encargada de ejecutar las investigaciones administrativas pertinentes.
Si una plataforma incumple la normativa, podría recibir multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). En casos de desacato reiterado, la SIC tendrá la potestad de ordenar el bloqueo temporal o incluso la suspensión permanente de la aplicación en el país. Asimismo, si la entidad detecta indicios de delitos graves, como explotación sexual o trata de personas durante sus procesos, tendrá que reportarlo de forma obligatoria a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el ICBF.
Transparencia algorítmica
La regulación va un paso más allá de la protección infantil, abordando también la dinámica general del ecosistema digital. Las empresas estarán forzadas a publicar informes semestrales de moderación de contenido para explicar, de forma transparente, cómo operan sus algoritmos de recomendación, la publicidad dirigida y el manejo de datos personales bajo políticas de consentimiento informado.
Adicionalmente, el articulado prohíbe la creación de cuentas falsas o identidades ficticias, y establece serias restricciones normativas contra la propagación de información falsa orientada a manipular la opinión pública o difamar a terceros.
Debate legislativo
Pese a su avance inicial, el proyecto debe superar aún diversos debates tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República. La discusión estará enmarcada en el enorme desafío de regular el ecosistema digital protegiendo a la infancia, pero sin llegar a coartar el derecho constitucional a la libre expresión ni el acceso a la información.
Esta iniciativa de ley representa un paso crucial hacia una mayor responsabilidad corporativa en línea. Te invitamos a mantenerte al tanto del desarrollo de esta y otras normativas clave a través de los diversos espacios informativos y de análisis de ENREDIJO.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.










