El Ministerio de Ambiente, liderado por Fabio Arjona, dejó sin efecto la resolución de la administración Petro que resguardaba 1.499 hectáreas en la quebrada La Baja. Esta decisión reactiva la tensión por el futuro del agua en los santanderes y el avance de megaproyectos auríferos en las inmediaciones del páramo.

El gobierno del presidente Abelardo De la Espriella revocó este martes la medida de protección ambiental sobre la microcuenca de La Baja, a las afueras del Páramo de Santurbán en Santander. Mediante una nueva resolución, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, frenó la zona de reserva decretada en el ocaso del mandato de Gustavo Petro, argumentando vicios de trámite y el cumplimiento de un fallo judicial, en una movida que ha encendido las alarmas de más de 2,5 millones de habitantes que dependen de este ecosistema para su abastecimiento hídrico.
Revés administrativo
La sorpresiva decisión fue adoptada a través de la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026. Con este documento, la cartera ambiental anuló por completo los efectos de la Resolución 0994 del 6 de agosto, una normativa expedida a escasos días de finalizar el periodo del expresidente Gustavo Petro. La medida original establecía un perímetro intocable que cobijaba 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, un área geográficamente situada por fuera de la actual línea de delimitación estricta del Páramo de Santurbán, pero ecológicamente interconectada con el sistema de alta montaña.
Para los defensores del agua, la franja de La Baja representa una zona de amortiguación crítica frente a las actividades de extracción. Sin embargo, el actual Ministerio argumenta que la revocatoria no es una declaración de guerra contra los fundamentos ecológicos que motivaron la iniciativa original, sino una corrección administrativa estricta frente a vacíos procedimentales dejados por la administración saliente.
El peso del fallo judicial y el debido proceso
El núcleo de la argumentación oficial recae sobre las graves irregularidades identificadas durante el trámite de la resolución del gobierno anterior. Según los voceros del Ministerio de Ambiente, la declaratoria de reserva se firmó mientras existía una tutela admitida y, más grave aún, una recusación pendiente contra la entonces ministra encargada.
Avanzar con estas trabas legales representó una vulneración evidente, lo que derivó en una orden directa del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga. El ente judicial obligó al Gobierno de De la Espriella a dejar sin efecto la declaratoria para sanear el proceso. Ahora, la cartera deberá reiniciar desde cero el procedimiento. El objetivo, según el ministro Arjona, es garantizar una participación efectiva de las comunidades locales y los actores interesados, un requisito ineludible cuando se imponen restricciones al uso del suelo.
El fantasma de la megaminería y la amenaza al río Suratá
Más allá del debate netamente jurídico, el trasfondo de esta revocatoria tiene nombre propio: el interés aurífero. La quebrada La Baja, situada principalmente en la jurisdicción del municipio de California, es el corazón geológico de vastos yacimientos. Esta zona ha sido, durante décadas, el epicentro del interés de gigantes corporativos transnacionales que buscan instalar infraestructuras de megaminería en las entrañas de la provincia de Soto Norte.
El temor unánime de las organizaciones ambientales radica en los efectos colaterales de este vacío jurídico temporal. La quebrada La Baja es un afluente directo del río Suratá, el cual suministra gran parte del recurso hídrico que trata el acueducto metropolitano de la capital santandereana. Estudios técnicos independientes han advertido históricamente que la explotación aurífera a gran escala no solo demanda inmensas cantidades de agua, sino que conlleva un altísimo riesgo de contaminación por metales pesados que descenderían directamente hacia Bucaramanga.
Impacto social: entre el agua de Santander y el oro de Vetas
El conflicto en torno al ecosistema de Santurbán nunca ha sido unidimensional. Mientras en la capital miles marchan exigiendo que no se toque ni un centímetro del páramo ni de sus zonas aledañas, en municipios de la alta montaña como Vetas y California la realidad es radicalmente opuesta. Las familias de la región, con un linaje minero artesanal centenario, ven con profunda preocupación cómo las líneas de protección ambiental amenazan su principal y única fuente de sustento económico.
Al reiniciar el procedimiento de evaluación técnica y jurídica, el nuevo Gobierno nacional tendrá el titánico desafío de equilibrar estos dos mundos: proteger celosamente el agua que beben más de 2,5 millones de personas, sin sepultar en la miseria a las comunidades de pequeños mineros que hoy se sienten asfixiados por las delimitaciones.
Nuevas movilizaciones y el reinicio de la evaluación técnica
Frente a este escenario de alta tensión e incertidumbre, el Ministerio de Ambiente ha prometido rigor en sus próximas decisiones. Se ejecutará una nueva caracterización científica y jurídica de la microcuenca para determinar las medidas de protección que en derecho correspondan, respetando el debido proceso. No obstante, el anuncio no ha logrado calmar los ánimos.
El Comité en Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán ya calificó la revocatoria como un retroceso sumamente peligroso y ha anunciado prontas acciones jurídicas y la reactivación de masivas movilizaciones ciudadanas. Para ellos, cualquier retraso en la protección efectiva es una ventana de oportunidad imperdonable para que los grandes intereses extractivistas consoliden sus proyectos de forma irreversible.
En definitiva, la revocatoria de esta reserva en La Baja no marca el punto final, sino el reinicio de una de las disputas socioambientales más álgidas y complejas del país. Mientras el Estado reevalúa el futuro territorial, los ojos de Colombia vuelven a posarse sobre las frías montañas de Santander. Para seguir minuto a minuto el desenlace de esta noticia y conocer a fondo los retos de la política ecológica nacional, lo invitamos a mantenerse conectado con los reportajes a profundidad de ENREDIJO.
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