El presidente Gustavo Petro ha llamado a la ciudadanía a volcarse a las plazas públicas este jueves 19 de febrero en defensa del decreto del salario mínimo vital. La convocatoria surge como respuesta directa a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el aumento salarial decretado para 2026, abriendo un pulso jurídico y político sobre la remuneración de los trabajadores en Colombia. El mandatario asegura que la medida es una “conquista histórica” que no debe perderse ante tecnicismos legales.
El debate jurídico tras la suspensión
El origen de la controversia radica en la decisión del magistrado Juan Camilo Morales del Consejo de Estado, quien suspendió los efectos del decreto presidencial que fijaba el nuevo salario mínimo. El alto tribunal argumentó fallas en la motivación del decreto, señalando que el Gobierno no ponderó adecuadamente los factores técnicos (como productividad e inflación) frente al criterio de “salario vital”.
Sin embargo, el presidente Petro ha rechazado esta interpretación amparándose en la jurisprudencia. Citando la Sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional, el jefe de Estado sostiene que el carácter “vital y móvil” del salario tiene un rango prevalente y no meramente ponderado.
“La sentencia constitucional dice y ordena que habrá de reflejarse en el aumento salarial la especial protección constitucional del trabajo con carácter prevalente, es decir, por encima de las demás variables”, afirmó Petro en su alocución.
JP Morgan y la solidez del empleo
Uno de los puntos más criticados del aumento —que buscaba llevar el ingreso total a los $2.000.000 de pesos mediante un incremento cercano al 23%— fue el temor a un impacto negativo en la inflación y la generación de empleo.
Frente a esto, el mandatario desestimó los pronósticos pesimistas citando datos recientes del banco de inversión JP Morgan. Según Petro, los estudios de la entidad financiera confirman que “la ruta de solidez del empleo colombiano está abierta y es muy sólida”, lo que desmentiría las tesis de que un salario vital alto destruiría puestos de trabajo o dispararía los precios.
Decreto transitorio y movilización
El Consejo de Estado otorgó al Gobierno un plazo de ocho días para expedir un decreto transitorio mientras se resuelve el fallo de fondo. Ante esto, la Casa de Nariño ha activado dos frentes de acción:
- Vía Institucional: Se ha convocado para hoy lunes a la Comisión de Concertación, que reúne a empresarios y sindicatos, con el fin de buscar consensos de última hora antes de expedir la nueva norma transitoria.
- Vía Social: El Presidente ha sido enfático en que la defensa jurídica es insuficiente sin el apoyo popular. “La movilización ahora se volverá mucho más permanente”, advirtió, solicitando la presencia de la “fuerza del pueblo trabajador” en las calles para evitar un retroceso en los derechos adquiridos.
La semana inicia con alta tensión política y económica. Mientras los equipos jurídicos del Gobierno preparan la sustentación del nuevo decreto transitorio, la atención se centra en la capacidad de convocatoria del Presidente para la movilización del jueves. En Enredijo seguiremos informando minuto a minuto sobre los resultados de la Comisión de Concertación de hoy.
