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El pasado 20 de julio, con la instalación del nuevo Congreso de la República, se radicaron las primeras iniciativas legislativas de la nueva legislatura. Cuatro de estos proyectos de ley se perfilan como determinantes para el futuro del sector ambiental y, muy especialmente, para la protección de la Amazonía colombiana. En medio de un escenario político renovado, las propuestas abarcan desde la regulación gradual de la minería hasta la insistencia en la defensa jurídica del agua, marcando la hoja de ruta ecológica del país para los próximos años.
Regulación minera
El Centro Democrático ha puesto sobre la mesa una propuesta orientada a regular de forma gradual la pequeña minería. Esta iniciativa, liderada por la representante a la Cámara por Antioquia, Ana Ligia Mora Martínez, busca ofrecer una ruta hacia el licenciamiento y los permisos ambientales para más de 350 mil personas que actualmente desarrollan minería informal. El objetivo central, según Mora, es arrebatar a estos trabajadores de las redes criminales que los extorsionan, al mismo tiempo que se garantizan prácticas asociadas al cuidado ambiental. Además, la ley permitiría a estos pequeños mineros continuar trabajando mientras obtienen dicha reglamentación.
Este proyecto se alinea estrechamente con las posturas del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado, ha sostenido que la formalización es la vía más efectiva para reducir el flagelo de la minería ilegal. Asimismo, Arjona anticipó que durante este mandato se podría habilitar la actividad extractiva en la Amazonía, aunque con ciertas restricciones, y se mostró crítico frente al proyecto de resolución que buscaba declarar este bioma como una zona libre de extractivismo.
La urgencia del debate extractivo radica en cifras recientes: durante el tercer trimestre de 2025, Colombia lideró a nivel mundial el aumento porcentual de minería aluvial, registrando un crecimiento del 57,9% en las hectáreas afectadas respecto a 2024. Esta técnica consiste en extraer minerales, como el oro, que se acumulan por la acción del agua en lechos y orillas de los ríos y playas. En paralelo, el senador Juan Espinal anunció que el uribismo trabaja en líneas para el sector mineroenergético que incluyen la modificación de la consulta previa, la flexibilización de trámites ambientales y un proyecto para impedir que los delitos ambientales reciban amnistía o indulto en procesos de paz.
El debate sobre el fracking
Desde la bancada de oposición, el Pacto Histórico radicó por séptima vez el proyecto de ley antifracking en Colombia. La senadora Esmeralda Hernández recordó que hace cuatro años la iniciativa se hundió debido a que no fue agendada, una maniobra que atribuyó a intereses por proteger los negocios de las empresas multinacionales. El fracking es una técnica diseñada para extraer petróleo y gas de yacimientos no convencionales, la cual consiste en fracturar hidráulicamente las rocas del subsuelo inyectando enormes volúmenes de agua, arena y químicos a alta presión.
Con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, quien popularizó en campaña la frase “fracking a lo que dé”, la controversia ha revivido con fuerza en la opinión pública. Ante esto, el ministro Arjona ha aclarado que no se opondrá a esta técnica extractiva, pero prometió una supervisión estricta para evitar daños irreparables. Según Arjona, el área nacional susceptible para el fracking está limitada a unos 2 mil kilómetros cuadrados y garantizó que no se realizará en áreas protegidas ni en páramos.
Jurisdicción Agraria
La agenda legislativa también incluye apuestas profundas por la defensa jurídica del territorio. El 21 de julio, el Pacto Histórico, en compañía del Ministerio de Justicia, volvió a presentar el proyecto de Jurisdicción Agraria. Esta propuesta busca reglamentar una nueva instancia judicial para resolver pacífica y eficientemente los conflictos relacionados con la propiedad y el uso de la tierra rural. La iniciativa busca desarrollar el primer punto del Acuerdo de Paz, correspondiente a la Reforma Rural Integral, luego de que el proyecto original (Ley 183) fuera archivado en 2024 al no lograr ser discutido en la plenaria de la Cámara tras dos legislaturas.
A la par, la senadora Esmeralda Hernández presentó la Ley de los Ríos, una ambiciosa apuesta para que todos los afluentes de Colombia sean reconocidos formalmente como sujetos de derechos. Esta propuesta se fundamenta en un precedente clave: la sentencia de 2016 en la que la Corte Constitucional le otorgó esta misma categoría de protección al río Atrato. En ese entonces, la Corte determinó que el río es una entidad viviente esencial para sostener otras formas de vida y culturas, requiriendo conservación inmediata.
Proyectos ambientales pendientes
Finalmente, la nueva conformación del Congreso deberá dar trámite a tres proyectos de ley que quedaron pendientes de la legislatura 2025-2026:
Río Amazonas como sujeto de derechos (Ley 95 de 2025): Su objetivo es garantizar la conservación de este afluente vital y le restan un debate en la Cámara y dos en el Senado. Es liderado por las representantes del Amazonas Mónica Karina Bocanegra, actual congresista, y Yénica Acosta, quien no fue reelegida.
Red nacional de mujeres ambientalistas (Ley 93 de 2025): Impulsado por el representante conservador Julio Roberto Salazar, busca crear una red para integrar las perspectivas y derechos de las mujeres en las decisiones ecológicas del país. Le faltan tres debates.
Naturaleza y animales como víctimas (Ley 12 de 2025): Iniciativa de la senadora Yuly Esmeralda Hernández que propone reconocer a los ecosistemas y animales como víctimas del conflicto armado interno. Esto les otorgaría el derecho a ser reparados y prohibiría el uso de animales como medios de guerra. Aún requiere de tres debates para ser ley de la República.
El escenario legislativo de los próximos años plantea un profundo contraste entre las políticas de expansión extractiva y la necesidad de preservar ecosistemas estratégicos. Para territorios ricos en patrimonio ancestral y biodiversidad, como los del sur de Colombia, cada una de estas decisiones tendrá impactos directos. Te invitamos a mantenerte conectado con Enredijo; nuestro compromiso es seguir ofreciéndote un periodismo de investigación ético, riguroso y sin sensacionalismos sobre el desarrollo de estos debates.
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