Empresarios, transportadores y gremios de la región surcolombiana expusieron sus principales preocupaciones frente al nuevo proyecto de ley de competitividad impulsado por el Ministerio de Comercio. Aunque la propuesta de simplificar el Estado genera optimismo, persisten dudas sobre su aplicación real en territorios con dinámicas rurales.
Redacción Regional
La capital del Huila fue escenario de una crucial audiencia pública donde la senadora huilense María Lucía Villalba, ponente de la iniciativa, escuchó a la comunidad y al sector empresarial. El objetivo del encuentro fue recoger inquietudes sobre el proyecto de ley de competitividad, también conocido como “ley antitrámites”. Este tipo de audiencias buscan nutrir el documento normativo tras su paso por las comisiones sextas conjuntas y antes de que enfrente su debate definitivo en la plenaria del Congreso de la República. De esta forma, la legisladora precisó que buscan llegar a esa instancia legislativa con un texto mucho más consolidado.
Simplificación del Estado
El proyecto, promovido por el Ministerio de Comercio y radicado con sentido de urgencia para agilizar su trámite, tiene como objetivo central acercar las instituciones al ciudadano. La medida pretende que el Estado sea interoperable, evitando trasladar su desorden administrativo a las personas y garantizando que los documentos se exijan una sola vez. Además, incluye la creación de una ventanilla única unificada con la DIAN para procesos de importación y exportación, al tiempo que busca eximir del requisito de tarjeta profesional a jóvenes desarrolladores de software.
Lina Carrera, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio del Huila, destacó públicamente el potencial de esta normativa. Para la representante gremial, la simplificación, racionalización, digitalización y conexión de sistemas son los cuatro objetivos principales que impactarán positivamente al empresariado de la región. La iniciativa se enmarca dentro de una estrategia de alcance nacional que busca identificar las barreras burocráticas desde los territorios.
Digitalización notarial
A pesar del respaldo general, la transición hacia lo digital genera inquietudes económicas en ciertos rubros. Durante la jornada, Carolina Alarcón, vicepresidenta de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, expuso los retos que enfrentarán los despachos más pequeños. Aunque las notarías de primera categoría cuentan con un plazo de 24 meses para actualizar su infraestructura tecnológica, las de segunda y tercera categoría no tienen un límite de tiempo definido. Este margen obedece a que el Ministerio de Justicia brinde un debido acompañamiento durante todo su tránsito hacia la digitalización.
Alarcón enfatizó que para los notarios ubicados en municipios pequeños y zonas apartadas, la falta de recursos económicos suficientes es un obstáculo serio. Por ello, desde el gremio se solicitó formalmente la estructuración de un programa de financiación que garantice la sostenibilidad de toda esta aplicación tecnológica en las ciudades intermedias.
Homologación vehicular
Una de las intervenciones más relevantes para las dinámicas del Macizo Colombiano corrió por cuenta del sector transporte, indispensable para las vías interveredales. Tito Irlando Cuéllar, gerente de la empresa Transguadalupe S.A., manifestó una honda preocupación respecto a las homologaciones de vehículos que están cumpliendo su vida útil.
La agreste topografía del Huila exige que las empresas presten el servicio con vehículos adaptados de tracción 4×4, como camperos y camionetas. Según Cuéllar, las homologaciones que se consiguen actualmente apuntan a vehículos con características diferentes, como furgonetas de nueve pasajeros, las cuales no reúnen las condiciones mecánicas necesarias para los terrenos de la región. Esta situación deja a las empresas y a sus propietarios sin opciones viables para renovar su parque automotor.
Flexibilidad laboral
El artículo 6 del proyecto, que aborda la incorporación de población joven a las organizaciones, también fue objeto de discusión desde la perspectiva operativa. Edwin Marín, CEO de ITR, argumentó que las limitaciones vigentes en los turnos de trabajo frenan las oportunidades.
El empresario sugirió incluir un artículo que flexibilice el horario laboral ordinario para que comprenda desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.. Esto permitiría a las compañías estructurar dos turnos de trabajo diarios, medida que duplicaría las oportunidades de empleo disponibles en el mercado y reduciría considerablemente los tiempos de ejecución de las obras.
La distancia entre farmacias
Finalmente, el gremio de la salud elevó una alerta de carácter jurídico y comercial. Daniel Bustamante, miembro del área jurídica de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas, solicitó de manera contundente que sea retirado el inciso segundo del artículo 120 de la norma.
Dicho artículo plantea la derogatoria expresa de la normativa que le otorga competencia al Ministerio de Salud para determinar la distancia mínima obligatoria que debe existir entre droguerías. Para la asociación, avalar este retiro dejaría a los dueños de estos establecimientos en una clara situación de inseguridad jurídica y, sumado a esto, advirtió que podría vulnerar el derecho fundamental del acceso a los medicamentos.
El espacio de participación ciudadana evidenció que, si bien el espíritu de la iniciativa desburocratizadora es celebrado, su éxito requerirá integrar de manera ineludible las realidades geográficas, logísticas y económicas de los departamentos.
Con información del Diario La Nación. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
