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La Corte Constitucional de Colombia dio vía libre a la implementación de la Jurisdicción Agraria y ordenó avanzar en la creación progresiva de juzgados y tribunales especializados que comenzarían a operar a partir de 2027. Esta esperada decisión se dio luego del análisis de una demanda, buscando dotar de mecanismos judiciales a los campesinos para la resolución de disputas de tierras. A su vez, el alto tribunal exhortó al Congreso a tramitar urgentemente la ley que reglamentará su funcionamiento normativo.
Fallo histórico para el campo
El desarrollo rural y la formalización de la tenencia de la tierra en Colombia han estado marcados históricamente por un profundo vacío institucional. Tras años de incertidumbre, la Corte Constitucional destraba creación de la Jurisdicción Agraria y ordena avanzar en su implementación desde 2027. La discusión ocurre casi diez años después de la firma del Acuerdo Final de Paz de Colombia. Cabe recordar que dicho documento incluyó dentro de sus compromisos la creación de una jurisdicción especializada para atender disputas agrarias.
El proceso judicial para llegar a este hito tuvo un largo recorrido. La decisión se produjo tras el estudio de una demanda presentada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Este recurso se promovió en medio de un debate sobre la necesidad de contar con mecanismos judiciales especializados para resolver conflictos relacionados con tierras y propiedad rural. En esencia, la implementación de la jurisdicción también está vinculada al Punto 1 del acuerdo de paz, que estableció la necesidad de crear mecanismos especializados para resolver conflictos sobre tierras. Durante el debate, y para garantizar un pluralismo jurídico integral, dentro del análisis realizado por la Corte participaron académicos, organizaciones campesinas, gremios y congresistas, quienes expusieron posiciones sobre el alcance y funcionamiento de la nueva jurisdicción.
La orden judicial
Ante el rezago histórico, el tribunal dejó claro que no hay espacio para mayores dilaciones. La sentencia establece que el Consejo Superior de la Judicatura deberá adelantar las actuaciones necesarias para crear e implementar progresivamente los nuevos juzgados y tribunales agrarios y rurales. El objetivo es que estas instancias entren en funcionamiento a partir del próximo año y asuman procesos relacionados con conflictos de tierras, contratos agrarios y disputas sobre propiedad rural.
No obstante, la consolidación de este esquema depende ahora del Legislativo. El alto tribunal pidió al Congreso aprobar la ley pendiente para poner en marcha juzgados especializados. De forma enfática, el fallo también exhortó al Congreso a aprobar la ley ordinaria que reglamenta el funcionamiento de esta jurisdicción. Dicha legislación es considerada clave para completar el desarrollo normativo del Acto Legislativo 03 de 2023.
La premura institucional es evidente. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló que aún quedan pocas sesiones legislativas para discutir el proyecto de ley que regula el procedimiento especial agrario. Según explicó, la Corte exhortó al Congreso a tramitar de manera urgente esa norma, al considerarla indispensable para completar el desarrollo de la nueva jurisdicción. En paralelo y elevando el mismo sentido de urgencia, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, pidió a Cámara y Senado avanzar en la aprobación de los procedimientos requeridos para su funcionamiento.
El impacto del rezago
Para dimensionar el valor de este fallo, es vital observar el actual bloqueo judicial del Estado. Uno de los elementos expuestos ante la Corte fue la falta de jueces especializados para resolver conflictos rurales. Según la ANT, esta carencia de despachos puntuales ha generado demoras y procesos sin decisiones de fondo. Frente a esta coyuntura, el Gobierno sostuvo durante las audiencias que la creación de estos despachos permitiría resolver conflictos agrarios complejos y reducir la congestión judicial en materia rural.
Los datos revelan un alto estancamiento de litigios estructurales. De acuerdo con la entidad, desde 2025 fueron radicadas 13 demandas relacionadas con 15 procesos agrarios que involucran cerca de 16.400 hectáreas. La Agencia señaló que estos casos permanecen paralizados y no han superado etapas iniciales de admisibilidad, debido a la inexistencia de una jurisdicción especializada. El bloqueo se profundiza al observar otras normativas vigentes; actualmente, tampoco existirían decisiones judiciales definitivas sobre procedimientos relacionados con identificación, recuperación y administración de tierras baldías bajo las reglas del Decreto Ley 902 de 2017.
Frente a esta congestión, las entidades siguen gestionando sus competencias previas. La ANT indicó además que ha cerrado procesos administrativos sobre más de 45.000 hectáreas y proyecta cerrar otros relacionados con más de 60.000 hectáreas durante el resto de 2026. Estos expedientes son el núcleo de la reforma de Estado, pues hacen parte de los procesos vinculados al Fondo de Tierras y a mecanismos de redistribución contemplados en la política rural del Estado.
¿Cómo funcionará?
El paradigma tradicional de los despachos urbanos deberá cambiar. Estructuralmente, la Jurisdicción Agraria fue incorporada mediante el Acto Legislativo 03 de 2023 y busca integrar jueces y magistrados especializados dentro de la Rama Judicial. A nivel de competencias, su función será resolver disputas relacionadas con propiedad, uso y posesión de tierras, contratos agropecuarios, servidumbres, ocupaciones y conflictos sobre recursos compartidos en predios rurales.
El principal avance metodológico será su diseño cercano a la realidad comunitaria. El modelo contempla procedimientos con énfasis en oralidad, celeridad e itinerancia, permitiendo que jueces se desplacen a los territorios para realizar audiencias y recopilar pruebas. En términos de eficacia y economía procesal, también prevé que un mismo proceso pueda resolver distintos conflictos relacionados con un predio, incluidos litigios entre particulares y actuaciones frente al Estado.
El debate legislativo seguirá ahora en el Congreso, donde deberá aprobarse la ley ordinaria que definirá procedimientos y competencias específicas de los nuevos juzgados agrarios. Mientras tanto, la decisión de la Corte marca el inicio formal del proceso institucional para poner en marcha una nueva jurisdicción dentro del sistema judicial colombiano.
El aval de la máxima instancia constitucional para destrabar la Jurisdicción Agraria representa un salto definitivo para llevar garantías procesales a la ruralidad colombiana. Al dictaminar la creación de estos despachos especializados para 2027, la Rama Judicial busca saldar una deuda estructural de paz, equidad procesal y modernización institucional. Mantente atento a los próximos análisis sobre las leyes clave de nuestra nación aquí en Enredijo.
