Foto: Suministrada
En un esfuerzo conjunto por salvaguardar los derechos de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, en articulación con la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) y el Ministerio de Educación, llevó a cabo una jornada de inspección, vigilancia y control en una institución educativa de Neiva. El objetivo principal fue verificar las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y responder a denuncias sobre posibles incumplimientos contractuales.
Problemas históricos
La visita técnica, liderada por la Dirección Territorial del Huila, responde a un plan estratégico nacional que busca corregir deficiencias recurrentes en la contratación del PAE. Según Mateo Monrroy, director territorial del Ministerio de Trabajo en el Huila, la acción no es un hecho aislado, sino una respuesta directa a las preocupaciones sobre el respeto a las garantías laborales de quienes garantizan la nutrición de los estudiantes.
“Estamos verificando las condiciones en las que trabajan las manipuladoras de alimentos, es decir, quienes preparan la alimentación de niños y niñas. Esta acción no solo hace parte de nuestro plan de inspecciones, sino que también atiende denuncias por presuntos incumplimientos a los derechos laborales”, afirmó Monrroy.
El funcionario subrayó que el Gobierno Nacional tiene como prioridad abordar una “problemática histórica” en la prestación del servicio del PAE, asegurando que el cumplimiento de los derechos laborales mínimos es innegociable.
Uso eficiente de los recursos públicos
Por su parte, Sebastián Rivera Ariza, representante de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), enfatizó que la alianza estratégica con el Ministerio de Trabajo es fundamental para asegurar que los recursos públicos asignados al programa se traduzcan en un servicio digno y bien remunerado.
“Existen recursos públicos destinados a este fin y no es aceptable que se incumplan las normas laborales”, sentenció Rivera, advirtiendo que la gestión del PAE será vigilada estrictamente para evitar abusos por parte de los operadores encargados de la ejecución del programa.
Impacto nacional
Lo que inició como una jornada de inspección en la capital del Huila tiene una proyección de alcance nacional. Las autoridades confirmaron que este esquema de vigilancia se extenderá por todo el territorio colombiano para revisar los contratos de aproximadamente 56.000 manipuladoras de alimentos.
El componente social de esta medida es significativo, dado que la gran mayoría de estas trabajadoras son madres cabeza de familia, un sector poblacional que requiere especial protección estatal frente a la tercerización y la precariedad laboral.
Con estas acciones, el Ministerio de Trabajo reitera su compromiso de fortalecer la supervisión en programas estratégicos, garantizando que el acceso a la alimentación escolar no se construya a costa de la vulneración de los derechos de sus trabajadores.
