Foto: MinTrabajo
Las entidades públicas del país enfrentan un cambio normativo histórico tras la expedición de lineamientos que castigan la discriminación racial como acoso en el trabajo. Conozca cómo funcionará la nueva ruta de denuncias y las obligaciones de prevención que deberán asumir las instituciones para proteger a las minorías étnicas.
Una revisión jurídica detalla los alcances de la Circular Conjunta 100 004 de 2026 emitida por el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta normativa impone mecanismos precisos para atender las quejas por discriminación racial en todas las entidades públicas a nivel nacional y territorial. La directriz obedece a las obligaciones internacionales del Estado y al mandato de la Constitución Política para erradicar cualquier práctica excluyente y discriminatoria.
El racismo tipificado como acoso
El avance legal más significativo radica en el reconocimiento expreso de la discriminación racial como una modalidad de acoso laboral bajo los estrictos parámetros de la Ley 1010 de 2006. Dicha tipificación legal aplica frente a conductas persistentes y demostrables que vulneren la dignidad o la igualdad de trato de los servidores públicos. A partir de la vigencia de la norma toda víctima podrá radicar una queja formal ante el respectivo Comité de Convivencia Laboral de su entidad. Este proceso deberá garantizar absoluta reserva confidencialidad y la prohibición expresa de revictimizar al trabajador denunciante.
Ruta para denuncias
La ruta de atención reglamentada por el Gobierno indica que el trámite interno se regirá por la Resolución 3461 de 2025. Los comités y las partes involucradas están obligados a actuar con celeridad eficacia e imparcialidad durante todas las etapas de la investigación. Adicionalmente las áreas de Talento Humano y los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conocidos por sus siglas SGSST asumen un rol protagónico. Estas dependencias ejecutarán acciones preventivas y correctivas para asegurar entornos libres de violencia institucional y proteger los derechos de los pueblos indígenas negros afrocolombianos raizales palenqueros y de la comunidad Rrom.
Prevención y capacitación
El sector estatal tiene ahora el deber ineludible de ejecutar jornadas continuas de sensibilización sobre sesgos raciales. Igualmente, cada institución integrará el eje de Diversidad e Inclusión del Programa Nacional de Bienestar estructurado para el periodo 2023 a 2026. Esta medida afirmativa busca derribar las barreras históricas de exclusión mediante la capacitación obligatoria de todos los funcionarios públicos sobre el enfoque diferencial. Con la implementación de estos protocolos de obligatorio cumplimiento el país busca consolidar espacios de trabajo basados en el respeto absoluto por la pluralidad étnica y la dignidad humana.
