La entidad advierte que el Gobierno no debe competir en crueldad con los grupos armados tras el bombardeo de la Operación Azarías. Medicina Legal confirmó el fallecimiento de dos menores de edad entre los abatidos en las acciones militares.
Redacción Nacional
Este fin de semana, la Defensoría del Pueblo criticó duramente la postura del presidente de la República, luego de que apareciera caminando entre los cadáveres en tulas blancas de 23 presuntos disidentes muertos durante la operación “Azarías” en el departamento del Guaviare. La entidad garante de los derechos humanos alertó sobre los peligros de utilizar la muerte como un espectáculo mediático para exhibir autoridad frente al accionar de los grupos armados ilegales.
El límite ético de la Fuerza Pública
La reciente ofensiva militar desplegada en el Guaviare tuvo como objetivo principal desarticular las estructuras bajo el mando de alias “Iván Mordisco”. Investigaciones y reportes oficiales señalaron que el operativo buscaba neutralizar a alias ‘Tigre’ o ‘Pintado’, jefe de la estructura Carolina Ramírez. Si bien la Fuerza Pública tiene el deber constitucional de proteger a la población y enfrentar a los grupos criminales responsables de graves violaciones a los derechos humanos, la Defensoría fue contundente al señalar que el Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel.
A través de un fuerte pronunciamiento, la defensora Iris Marín recordó que nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de criminalidad organizada, donde la muerte de civiles y combatientes es una constante recurrente. Sin embargo, la institución enfatizó que “no recuerdo haber visto a un presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes”. Este llamado de atención no cuestiona por sí mismo las operaciones legítimas de la Fuerza Pública, pero sí exige que la manera en que el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados operativos se mantenga dentro de los estrictos márgenes constitucionales y del derecho internacional humanitario.
Víctimas menores de edad
Uno de los puntos más críticos y dolorosos de la jornada fue la confirmación, por parte de Medicina Legal, de que dos de las personas que murieron en el bombardeo de la operación eran menores de edad. Esta lamentable cifra, sumada a otros reportes de prensa recientes sobre fallecimientos en zonas como el Catatumbo, vuelve a poner sobre la mesa la compleja realidad del reclutamiento forzado.
Aunque la jurisprudencia colombiana y el derecho internacional humanitario admiten ciertas aplicaciones restrictivas del derecho a la vida en situaciones de conflicto armado (como la baja de combatientes), la privación de este derecho fundamental nunca puede ser arbitraria y exige un análisis de razonabilidad y proporcionalidad. En el fragor de la guerra, e incluso frente a individuos responsables de crímenes aberrantes, la normativa es clara: “los muertos deben ser respetados y tratados dignamente”.
El fantasma de los “falsos positivos”
La Defensoría también encendió las alarmas por la existencia de plataformas de dudosa procedencia institucional, como un portal denominado “las bajas del Tigre”. En esta página, cuya oficialidad aún no se ha logrado confirmar, se contabilizan los muertos y otros resultados operacionales obtenidos desde la posesión del nuevo mandatario nacional.
Para el Ministerio Público, esta política de medir el éxito en función estricta de las bajas en combate es extremadamente riesgosa. Colombia ya padeció las nefastas consecuencias de este enfoque, el cual derivó en un crimen de sistema que actualmente es juzgado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): los denominados “falsos positivos”. Aunque la entidad aclaró que no asumen que los cuerpos de la operación “Azarías” correspondan a esta lógica criminal, sí instó al Ejecutivo a consolidar indicadores más comprensivos que midan la seguridad en derechos garantizados y vidas salvadas para la población civil.
Legitimidad institucional
Tras décadas de violencias extremas, la lección histórica es inocultable: deshumanizar al adversario termina por deshumanizar también a quien ejerce el poder. A lo largo del conflicto colombiano, múltiples actores armados han instrumentalizado los cuerpos, la humillación y el miedo para enviar mensajes de terror. Sin embargo, ese no puede convertirse jamás en el lenguaje oficial del Estado.
No debemos normalizar que los cuerpos de personas muertas hagan parte de la escenografía de una declaración pública. El poder de un Estado verdaderamente democrático no se mide únicamente por su capacidad de imponerse mediante el uso de la fuerza, sino por los símbolos y los valores con los que se presenta ante la sociedad. La verdadera autoridad institucional se afirma cuando se combate el crimen con absoluta decisión, pero conservando de forma intachable los límites que impone la Constitución y la humanidad.
La contundencia militar contra las disidencias no justifica bajo ninguna circunstancia la degradación de los símbolos estatales ni de la dignidad humana. El Estado colombiano enfrenta el reto mayúsculo de garantizar justicia e imponer el orden sin descender al nivel de crueldad de los actores que busca desmantelar. Desde ENREDIJO Sistema de Medios Digitales, continuaremos analizando a fondo las dinámicas de nuestra política de seguridad, priorizando siempre la defensa inalienable de los derechos fundamentales.
Redactado con información publicada en el sitio oficial de la Defensoría del Pueblo de Colombia. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
