Un nuevo borrador gubernamental propone habilitar a terceros y a organizaciones religiosas para administrar escuelas oficiales durante más de una década. Mientras el magisterio alerta sobre una inminente privatización y el riesgo a la laicidad escolar, las autoridades regionales defienden el modelo como un salvavidas esencial para llevar cobertura a los territorios rurales más remotos.
Redacción Nacional
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia desató una intensa controversia tras conocerse un proyecto de decreto que permitiría a operadores privados y organizaciones religiosas asumir la administración de colegios públicos por periodos de hasta 12 años. Esta iniciativa, que busca modificar las reglas de contratación educativa para las entidades territoriales, generó de inmediato el rechazo del sindicato de maestros por sus posibles implicaciones laborales. En contraste, diversas administraciones departamentales defienden la medida argumentando que es una estrategia vital para garantizar el acceso al estudio en las zonas más apartadas y de difícil acceso del país.
Cambios profundos
El núcleo del debate radica en la intención del Gobierno de aplicar ajustes al Decreto 1075 de 2015. El borrador plantea habilitar modalidades de contratación inéditas para que las regiones puedan gestionar la prestación del servicio educativo estatal frente a diversas necesidades.
De acuerdo con un análisis divulgado por Infobae Colombia el pasado 18 de octubre, esta propuesta ha polarizado a expertos en derecho, autoridades territoriales, pedagogos y líderes sindicales. Las grandes preocupaciones que emergen apuntan hacia el manejo de la financiación pública, el respeto por la autonomía pedagógica de las instituciones y la preservación de una educación estrictamente laica.
Fecode rechaza los riesgos
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) expresó rápidamente su férrea oposición al documento. Miguel Pardo, integrante de la dirección ejecutiva del sindicato, sostuvo que este borrador presenta fallas constitucionales al ampliar de forma desmedida los escenarios en los que particulares pueden asumir responsabilidades estatales.
El dirigente puso la lupa sobre la llamada insuficiencia del servicio educativo, una figura excepcional pensada para cuando el Estado carece de infraestructura para atender a los estudiantes. Pardo advirtió que extender estos contratos por 12 años amenaza con convertir una medida transitoria en una política permanente.
- El líder sindical exige que la iniciativa sea analizada bajo las disposiciones del Acto Legislativo 03 de 2024, el cual rige el Sistema General de Participaciones.
- Desde Fecode se cuestiona severamente que el erario termine sosteniendo la operación administrativa privada de los recintos estatales.
- Existe un temor fundamentado respecto a cómo estas tercerizaciones afectarían la estabilidad laboral de los maestros y las determinaciones sobre cómo se enseña en las aulas.
- El gremio también alertó sobre los convenios con iglesias, exigiendo que se proteja a toda costa la libertad de cátedra, la conciencia individual y la pluralidad de creencias.
Límites constitucionales
Desde el ámbito legal se ha intentado trazar los límites de esta propuesta. Hernán Alejandro Olano-García, docente de la Facultad de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Javeriana, aclaró que la injerencia de confesiones religiosas no está constitucionalmente prohibida, siempre que se ciña a la ley y a los derechos fundamentales.
Sin embargo, el académico fue enfático en que la participación de estas entidades no puede derivar en un adoctrinamiento obligatorio, ni se puede privilegiar a un culto específico. Subrayó que los estudiantes de colegios oficiales conservan el derecho inalienable de profesar otras religiones o de no identificarse con ninguna. Olano-García también precisó que el Gobierno no puede utilizar un decreto reglamentario para reemplazar la labor del Congreso ni para suprimir las garantías fundamentales de la comunidad educativa. Además, recordó que ceder la gestión de un colegio no le quita su naturaleza pública ni borra la responsabilidad del Estado.
La realidad territorial
En la otra orilla de la discusión, los líderes regionales ven la externalización como una solución práctica. Mónica Patricia Ospina, secretaria de Educación de Antioquia, explicó que su departamento se apoya en el modelo de Cobertura Educativa Contratada para lograr que la escuela llegue a comunidades campesinas donde la geografía impide la operación estatal directa.
El impacto de este modelo en Antioquia es significativo:
- Actualmente se atiende a 19.260 estudiantes bajo esta figura administrativa.
- Las clases se imparten en 293 sedes distribuidas en 31 municipios.
- El 96 % de los alumnos beneficiados habitan en zonas rurales de muy difícil acceso.
Ospina argumentó que delegar el esquema administrativo brinda la flexibilidad requerida para conseguir docentes en áreas remotas y adaptar los cronogramas a las realidades locales. Asimismo, destacó que este sistema impide que las sedes pequeñas se queden sin clases ante la eventual ausencia de un único maestro.
¿Garantiza mejor calidad académica?
El debate trasciende la simple logística operativa para adentrarse en la calidad del aprendizaje. Solanyi Peña, directora del United Language Christian Academy y fundadora del jardín infantil Tlachita, planteó que modificar al administrador no asegura de por sí una evolución en los resultados educativos.
Para la educadora, el núcleo de la crisis requiere fortalecer la formación de los profesores, mejorar el trato hacia los niños con necesidades especiales y dejar atrás los modelos de memorización. Peña concluyó que sin una actualización profunda de las prácticas pedagógicas y un acompañamiento real a los alumnos, el simple cambio de operador no logrará potenciar las habilidades estudiantiles.
Este borrador gubernamental deja al descubierto la difícil balanza entre resolver la escasez de oferta en las regiones y mantener blindado el sistema oficial. Queda por ver si la reglamentación final logrará expandir la cobertura sin comprometer la responsabilidad ineludible del Estado de proveer una educación pública, gratuita y libre de discriminación. Te invitamos a mantenerte informado sobre el desarrollo de esta noticia y a dejarnos tus comentarios en las redes sociales de ENREDIJO.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
