La Defensora Iris Marín Ortiz calificó de “inadmisible” que las disputas por la reforma a la salud sigan costando vidas infantiles. El menor fue trasladado desde el Huila a Bogotá, pero las barreras administrativas fueron letales.
El fallecimiento de Kevin, un niño que inició su calvario médico en el Hospital de Pitalito (Huila) y murió tras ser trasladado a Bogotá, se ha convertido en el nuevo símbolo de la tragedia sanitaria que atraviesa Colombia. Este domingo 15 de febrero de 2026, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, emitió un contundente pronunciamiento exigiendo que las pugnas políticas no sean la excusa para la falta de disponibilidad de fármacos vitales, confirmando que el sistema falló en proteger a un sujeto de especial protección constitucional.
Un traslado tardío y una barrera mortal
Según reportes preliminares y denuncias de organizaciones de pacientes, Kevin padecía una condición crónica que requería medicación ininterrumpida. Su atención comenzó en Pitalito, donde la falta de insumos y la incapacidad resolutiva del nivel local obligaron a un traslado de emergencia hacia la capital. Sin embargo, para cuando el menor logró acceder a la atención especializada en Bogotá, su estado de salud ya era crítico debido a la interrupción de su tratamiento.
La Defensora Marín fue enfática al señalar que la madre de Kevin enfrentó “múltiples barreras” para lograr la atención, una situación que se ha vuelto sistemática en el inicio de este 2026. “Cuando finalmente fue atendido, su salud ya era crítica”, lamentó la funcionaria, subrayando que la muerte del menor no fue producto de la fatalidad, sino de la ineficiencia administrativa.
“La reforma no es excusa”
En su declaración pública, Iris Marín lanzó una dura advertencia a todos los actores del sistema, desde el Ministerio de Salud hasta las EPS e IPS. El mensaje es claro: la incertidumbre legislativa o las tensiones por la Reforma a la Salud no pueden usarse como escudo para justificar el desabastecimiento.
“Las disputas por la definición del sistema de salud no pueden ser excusa para que no haya disponibilidad y acceso a medicamentos”, sentenció Marín.
Esta postura se alinea con las alertas que gremios como Afidro y Pacientes Colombia han emitido en las últimas semanas, calificando la situación actual de la Nueva EPS y el retiro de gestores farmacéuticos como una “emergencia humanitaria”. La interrupción en la cadena de suministro, agravada por deudas millonarias a gestores como Colsubsidio y Medicarte, está dejando a miles de niños sin sus tratamientos en regiones apartadas como el sur del Huila.
Indolencia institucional ante el dolor
La pediatra y líder gremial Clemencia Mayorga se sumó al rechazo, destacando la “indolencia” de entidades clave como la Superintendencia de Salud y el propio Ministerio. La crítica apunta a que, mientras se discuten artículos de ley en escritorios de Bogotá, en municipios como Pitalito la continuidad de los tratamientos depende de trámites burocráticos que, en el caso de Kevin, llegaron demasiado tarde.
La muerte de Kevin reabre el debate sobre la responsabilidad penal y disciplinaria de los funcionarios que, por omisión o ineficiencia, permiten que las barreras administrativas se conviertan en sentencias de muerte.
El caso de Kevin no es un hecho aislado, sino la consecuencia visible de un sistema colapsado por la asfixia financiera y la polarización política. Desde Enredijo nos unimos al llamado de la Defensoría: ninguna reforma vale más que la vida de un niño. Seguiremos monitoreando las acciones de la Fiscalía y los entes de control frente a este lamentable suceso.
