Foto: Suministrada
En una decisión que impacta directamente la administración de tierras y los derechos territoriales en el sur del país, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Neiva falló a favor de las comunidades indígenas del departamento del Huila, ordenando la suspensión de los trámites adelantados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la ampliación del resguardo Kokonuco y Yanacona de Paletará.
La providencia, fechada el 22 de abril de 2026, ampara los derechos fundamentales al debido proceso y a la consulta previa, los cuales, según el análisis judicial, no fueron observados debidamente por la entidad nacional durante el proceso administrativo.
El origen de la controversia
El conflicto jurídico se deriva de la pretensión de ampliar un resguardo indígena con sede en el departamento del Cauca sobre una extensión de aproximadamente 49.000 hectáreas. Esta área, de acuerdo con la información del proceso, se superpone con territorio huilense, afectando específicamente a los municipios de San Agustín, Isnos, La Argentina y Saladoblanco. Además de la ocupación territorial, el proceso puso en alerta a las autoridades locales por la posible afectación de sitios sagrados y su incidencia en el Parque Nacional Natural Puracé, ecosistema estratégico del Macizo Colombiano.
La orden judicial establece condiciones estrictas para que la ANT pueda continuar con cualquier trámite administrativo. En primer lugar, deberá resolver la “Resolución de oposiciones”, es decir la agencia deberá resolver las oposiciones presentadas por las comunidades locales, las cuales han estado pendientes por cerca de un año.
Deberá igualmente surtir la “Consulta previa”, o sea, se ordena la realización obligatoria de un proceso de consulta previa con las comunidades afectadas antes de adoptar cualquier decisión de fondo.
También deberá realizar una serie de “Visitas técnicas e interétnica para verificar la realidad del territorio y, finalmente, la ANT está obligada a vincular de manera efectiva a las autoridades territoriales y a las comunidades en todas las etapas del procedimiento.
Posición de la Gobernación del Huila
Desde la Gobernación del Huila, el Departamento Administrativo Jurídico, bajo la dirección de Cristina Cortés, confirmó que la administración departamental coadyuvó la acción de tutela desde su inicio. El argumento central de la entidad fue la existencia de irregularidades en el trámite administrativo, tales como la ausencia de consulta previa y la falta de resolución sobre las oposiciones presentadas por los habitantes del área.
Para la administración departamental, este fallo se constituye en una herramienta para la defensa del territorio y la conservación de ecosistemas estratégicos. La decisión judicial impide, por el momento, la adopción de medidas que, según argumentó la Gobernación, podrían haber generado conflictos interétnicos y riesgos ambientales en una zona donde nacen fuentes hídricas fundamentales para el sur de Colombia.
Este fallo judicial ratifica la necesidad de rigor técnico y el respeto por los mecanismos de participación en la gestión de tierras, priorizando la estabilidad social y la protección ambiental en una de las regiones más sensibles del país.
