En un escenario de máxima tensión sectorial, la Superintendencia Nacional de Salud emitió el Comunicado 024 de 2026, un documento que busca actuar como “extintor” ante el incendio provocado por las recientes declaraciones del Ejecutivo sobre la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que no cumplen con los estándares financieros.
El pronunciamiento de la entidad de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) es un parte de tranquilidad y la reafirmación de los protocolos legales que, a veces, parecen omitirse en el discurso político.
El debido proceso
El comunicado es enfático en afirmar que la Supersalud continuará evaluando el cumplimiento de las condiciones técnicas, financieras y jurídicas de las aseguradoras, pero bajo el blindaje del debido proceso. La liquidación de una EPS no es un acto administrativo de ejecución inmediata, sino el resultado de un proceso de intervención o seguimiento que debe garantizar, ante todo, la estabilidad del sistema y la vida de los usuarios.
La Superintendencia recalca que cualquier decisión se tomará dentro del marco de sus competencias, enviando un mensaje directo a los prestadores (clínicas y hospitales): la prestación del servicio no puede suspenderse.
Parte de tranquilidad o incertidumbre institucional?
Mientras el organismo de control habla de “priorizar la protección de los derechos de los usuarios”, la realidad en los territorios, como en el Huila, muestra una red hospitalaria asfixiada por la cartera morosa de entidades ya intervenidas o en proceso de liquidación.
Puntos clave del Comunicado 024:
Garantía de Continuidad. Se insta a la red prestadora a no cerrar servicios bajo el pretexto de la incertidumbre política.
Evaluación de Riesgo. La Supersalud mantiene su lupa sobre la gestión del riesgo en salud, advirtiendo que la calidad (oportunidad, integralidad y accesibilidad) es el indicador innegociable.
Uso de Recursos. Se reitera la vigilancia sobre el flujo de los recursos públicos, en un momento donde la transparencia del gasto es el centro del debate nacional.
El reto de la operatividad
Desde la óptica de la administración de salud, el gran interrogante que deja este comunicado es la capacidad operativa. ¿Puede la Superintendencia garantizar que un eventual proceso masivo de liquidación no colapse a las EPS que hoy “sobreviven”? La historia reciente de traslados masivos sugiere que la saturación de los servicios es el efecto colateral inmediato que el comunicado omite mencionar.
la noticia no es solo lo que dice la Supersalud, sino lo que calla. El sistema está en una transición forzada donde la burocracia técnica intenta seguirle el ritmo a la voluntad política, muchas veces a costa de la incertidumbre del paciente que espera su medicamento o su cirugía.
