Una sanción como proveedor ficticio desplomó en un 87 % los ingresos de esta asociación de Palestina. Tras fracasar la conciliación ante la Procuraduría, el Tribunal Administrativo del Huila definirá el pleito.
Redacción Regional
El Grupo Asociativo de Productores de Café de Alta Calidad del Sur del Huila —conocido comercialmente como Café Origen Palestina Huila— demandó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por cerca de $28.000 millones. La organización acudirá ante el Tribunal Administrativo del Huila luego de que fracasara una audiencia de conciliación el pasado 26 de octubre de 2026. Los caficultores aseguran que una fiscalización tributaria con presuntos errores probatorios los declaró proveedores ficticios y destruyó su reputación comercial.
El origen del litigio
Constituida en noviembre de 2015, Café Origen Palestina Huila consolidó durante años una red de compra, almacenamiento y comercialización de cafés especiales —como Bourbon Rosado, Tabi y Geisha— en el sur del departamento. Su actividad dinamiza la economía rural de Palestina, municipio que integra el principal departamento productor de café en Colombia, donde más de 84.000 familias dependen de este grano en 35 localidades.
La estabilidad de la asociación cambió el 9 de febrero de 2024, cuando la División de Fiscalización y Liquidación Tributaria abrió una investigación sobre sus operaciones comerciales del año gravable 2021. Durante el trámite, la autoridad fiscal cuestionó la identidad de algunos proveedores, los soportes contables de ciertas transacciones y la existencia física de los establecimientos reportados por la organización cafetera.
Imágenes desactualizadas
El eje de la demanda radica en la forma como los funcionarios verificaron la sede operativa de la asociación. Según el expediente judicial, la DIAN utilizó imágenes geográficas de 2013 —con ocho años de antigüedad— para evaluar operaciones comerciales ejecutadas en 2021. Para la defensa de los productores, ese desfase temporal impidió constatar el funcionamiento real de sus bodegas y puntos de compra.
Además, los demandantes sostienen que la entidad omitió valorar de manera conjunta certificaciones oficiales, fotografías y registros aportados por la Alcaldía de Palestina. Dichos documentos acreditaban la operación de un inmueble dedicado al acopio y comercio de café en el kilómetro 1 de la vía Palestina–Pitalito, en la vereda El Portal. Pese a estos soportes, el 16 de septiembre de 2024 la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva expidió la Resolución N.º 2024013060000086, mediante la cual declaró a la asociación como proveedor ficticio por cinco años y publicó la medida en el diario nacional El Espectador.
Impacto de la sanción
En la práctica comercial, ingresar al listado público de proveedores ficticios de la DIAN equivale a un bloqueo financiero inmediato. De acuerdo con el artículo 671 del Estatuto Tributario, durante los cinco años que dura la sanción, ningún comprador puede deducir como costo o gasto en su declaración de renta ni descontar el IVA de las compras realizadas a la entidad sancionada.
Ante el temor de enfrentar rechazos tributarios o investigaciones fiscales, aliados y compradores suspendieron sus negocios con la organización huilense. Las cifras aportadas al proceso reflejan la magnitud del golpe: los ingresos operacionales pasaron de $32.059 millones en 2024 a cerca de $4.162 millones en 2025. Esta caída del 87,02 % frenó el flujo de caja de la asociación y redujo drásticamente su capacidad de negociación en el mercado cafetero regional.
Las pretensiones económicas
Bajo la figura de reparación directa por presunta falla del servicio, Café Origen reclama una indemnización cercana a los $27.898 millones. El monto incluye aproximadamente $27.897 millones por concepto de lucro cesante —las ganancias que la entidad afirma haber dejado de percibir— más 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por daños morales y afectación a su buen nombre.
Antes de radicar la demanda, la organización intentó un acuerdo extrajudicial ante la Procuraduría en septiembre de 2026, pero la diligencia del 26 de octubre terminó sin consenso. En esa audiencia, la DIAN rechazó cualquier responsabilidad patrimonial del Estado, argumentando que la asociación no demostró un vínculo directo entre la resolución sancionatoria y la caída de sus ventas. Asimismo, la entidad cuestionó la vía judicial elegida, al señalar que la legalidad de los actos administrativos debe discutirse mediante acciones específicas de nulidad y restablecimiento del derecho.
El pulso jurídico queda ahora en manos de los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila, quienes deberán determinar si la autoridad tributaria vulneró el debido proceso al fiscalizar a una de las organizaciones cafeteras más representativas de Palestina.
Con información del Diario del Huila. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
