El Gobierno nacional ha puesto la lupa extractivista sobre Oporapa, Saladoblanco y Elías para la explotación de oro y cobre. Sin embargo, en una región golpeada por El Niño y el cambio climático, las comunidades acaban de anotarse una victoria histórica en defensa del agua al suspender la primera Audiencia Pública Minera.
Gerardo Valencia Gutiérrez
Mientras los despachos en Bogotá trazan polígonos de concesión para extraer oro y cobre en el sur del Huila, los campesinos de la región ven cómo sus fuentes hídricas se reducen a hilos por cuenta de la sequía. La amenaza de la minería a gran escala en el corazón del Macizo Colombiano ha despertado un movimiento de resistencia comunitaria sin precedentes que, esta semana, logró paralizar el primer gran trámite administrativo en el municipio de Elías, marcando un hito definitivo en la defensa de la vida y el territorio.
El fantasma de la megaminería
El panorama que se teje sobre el departamento del Huila es tan claro como alarmante. El Estado ha venido tramitando y otorgando permisos para la exploración y explotación a gran escala de oro y cobre en municipios de estricta vocación agrícola como Oporapa, Saladoblanco y Elías. En el papel, estos títulos se traducen en regalías e inversión extranjera; en la realidad del territorio, representan una sentencia para la biodiversidad.
Explicar el impacto de la megaminería es sencillo: Para extraer gramos de oro o cobre, es necesario remover miles de toneladas de tierra, arrasar con la capa vegetal de ecosistemas estratégicos y emplear cócteles químicos como cianuro y ácido sulfúrico que terminan, inevitablemente, filtrándose en los suelos y las aguas subterráneas.
¿agua para la vida o agua para el cobre?
A este riesgo inminente para la vida se suma un agravante que el centralismo parece ignorar, el cambio climático. El sur del Huila no es ajeno a las severas manifestaciones del Fenómeno de El Niño. Las sequías ya amenazan la seguridad alimentaria y han secado quebradas históricas.
Entregar licencias extractivas en este escenario es un suicidio hídrico, las operaciones mineras a gran escala requieren millones de litros de agua al día para separar los minerales de la roca. ¿Agua para el cobre o agua para los cultivos? Esa es la encrucijada que los permisos gubernamentales le están imponiendo a los huilenses.
Elías y el histórico triunfo de la acción ciudadana
Pero el territorio no guarda silencio frente a las retroexcavadoras. Tal como lo reseñó el portal Aldea Sur, este miércoles las comunidades organizadas lograron un triunfo monumental al obligar la suspensión de la primera Audiencia Pública Minera celebrada en Elías.
Bajo la articulación de la Veeduría Comunitaria en Defensa del Macizo Colombiano, el espacio contó con una participación masiva de delegaciones de Pitalito, San Agustín, Garzón, Isnos, Tarqui y, por supuesto, Oporapa, Saladoblanco y Elías. Fue la presión social, sumada al peso del argumento técnico y la sólida organización de los pobladores, lo que frenó en seco el desarrollo de la audiencia.
La defensa de la estrella fluvial
Esta suspensión representa mucho más que una simple pausa en un trámite de escritorio. Como bien lo señalaron los portavoces de la Veeduría, es una demostración contundente del poder ciudadano. El Macizo Colombiano es la «Estrella Fluvial de Colombia», la cuna donde nacen los ríos Magdalena, Cauca, Caquetá y Patía. Permitir la minería a gran escala allí es atentar contra el suministro de agua de media Colombia.
Hoy, el sur del Huila respira con alivio, pero no baja la guardia. Las comunidades han anunciado un estado de alerta máxima para continuar con la pedagogía popular y la defensa jurídica de sus montañas. En tiempos de ebullición climática, los campesinos de Elías, Saladoblanco y Oporapa acaban de darle al país una lección fundamental: el agua vale más que el oro, y la verdadera gobernanza ambiental pertenece a quienes habitan y protegen la tierra.
