Un video difundido por la propia Presidencia mostró al mandatario Abelardo De La Espriella con un arma de fuego en la cintura durante un recorrido por barrios de Santa Marta, en medio de la ofensiva contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Hasta el momento no se ha aclarado oficialmente a quién pertenece el arma ni bajo qué autorización la porta, y el episodio reabre una pregunta que la Constitución de 1991 responde con claridad: la del carácter civil de la Jefatura del Estado.
Redacción Nacional
El presidente Abelardo De La Espriella recorrió el pasado 23 de septiembre varios barrios de Santa Marta junto a integrantes de la Policía y el Ejército, en medio del despliegue de seguridad ordenado tras un operativo en el que murió alias ‘Cholo’, señalado segundo cabecilla de las ACSN, y el posterior paro armado que dejó comercios cerrados, transporte afectado y vehículos incendiados en la capital del Magdalena. En las imágenes que el propio mandatario publicó en sus redes sociales, un detalle llamó la atención: el presidente aparece portando un arma de fuego en la cintura, algo que los medios que revisaron el video confirmaron de inmediato.
Las imágenes
Según reportó Publimetro Colombia, el mandatario caminó junto a miembros de la Policía y el Ejército por los barrios de Santa Marta, asegurando que acompañaba directamente las operaciones de seguridad en la zona. La visita se produjo luego de que De La Espriella anunciara su desplazamiento a la capital del Magdalena para encabezar un Consejo de Seguridad extraordinario, tras un operativo que dejó siete integrantes de las ACSN muertos y tres capturados. El Gobierno reforzó la ciudad con más de 600 policías adicionales. Sobre el arma que se observa en el video, hasta el momento no se ha establecido oficialmente qué tipo de arma es, si pertenece al mandatario o bajo qué autorización específica la porta.
Jefe de Estado, pero civil
La Carta Política es explícita en este punto. El artículo 188 señala que el presidente simboliza la unidad nacional, y el artículo 189 lo define en su triple condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa. Su numeral 3 le otorga la facultad de dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, pero esa autoridad se ejerce, por diseño constitucional, desde la condición de civil: como resume un análisis publicado en Cambio Colombia, quien ocupa ese cargo es un civil que estará por encima del general en servicio de mayor rango. A esto se suma el artículo 22A, que reserva el monopolio del uso legítimo de las armas exclusivamente al Estado a través de la Fuerza Pública, y el artículo 219, que establece que la Fuerza Pública no es deliberante, es decir, actúa bajo mando político y no por decisión propia. El diseño constitucional separa deliberadamente la autoridad política —civil— de la ejecución armada, precisamente para evitar que ambas se confundan en una sola figura.
No es la primera controversia
El episodio de Santa Marta no ocurre de forma aislada. Antes de su posesión, De La Espriella lideró un retiro espiritual con su gabinete que generó cuestionamientos sobre el carácter laico del Estado. También insistió en posesionarse en una guarnición militar, lo que despertó dudas sobre si respetaría el protocolo constitucional de la ceremonia. Y apenas a comienzos de septiembre, tras una operación militar en el Guaviare, la Defensoría del Pueblo cuestionó directamente al mandatario: su titular, Iris Marín, advirtió que el Estado no puede parecerse a quienes combate, tras la difusión de imágenes del presidente junto a los cuerpos de integrantes de grupos armados dados de baja. La funcionaria aclaró entonces que su llamado no implicaba rechazar las operaciones de la Fuerza Pública, sino fijar un límite sobre cómo se exhiben sus resultados.
Entre la firmeza y las alertas
El propio Gobierno enmarca estas imágenes dentro de un estilo de liderazgo que se presenta como cercano y de resultados. De La Espriella ha construido buena parte de su discurso de seguridad en advertencias directas contra las estructuras criminales, prometiendo que quienes no se sometan a la justicia terminarán “en una bolsa y muertos”. Los esquemas de protección presidencial en Colombia —gestionados por la Unidad Nacional de Protección junto con la Policía y el Ejército— están diseñados justamente para que el mandatario esté rodeado de fuerza pública armada sin necesidad de portar él mismo un arma. Que la imagen difundida muestre lo contrario es, para varios sectores, más que un detalle estético: es un símbolo que puede desdibujar, aunque sea involuntariamente, la línea que la Constitución traza entre la autoridad política que ordena y la fuerza armada que ejecuta.
El episodio de Santa Marta no resuelve una controversia legal —no hay, por ahora, ningún pronunciamiento oficial ni de la Presidencia ni de organismos de control sobre el arma vista en el video—, pero sí reabre una discusión de fondo sobre los límites simbólicos del poder presidencial en una democracia que, desde 1991, quiso mantener a sus Fuerzas Armadas bajo mando estrictamente civil. Enredijo seguirá el desarrollo de la crisis de seguridad en el Magdalena y de este debate institucional en las próximas ediciones.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
