La radicación de un acto legislativo por parte de Salvación Nacional para cerrar la Jurisdicción Especial para la Paz en marzo de 2028 enciende las alarmas de las víctimas del conflicto armado y abre un incandescente debate constitucional sobre la verdad, la reparación y el futuro de las instituciones del Acuerdo de Paz.
Redacción Nacional
El debate por la memoria y la justicia en Colombia ha entrado en un nuevo y delicado capítulo. En el Congreso de la República se radicó formalmente una propuesta de acto legislativo que busca cerrarle el paso a la prórroga del funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fijando su fin definitivo para marzo de 2028. La iniciativa, impulsada desde sectores detractores del acuerdo suscrito en 2016, plantea un interrogante de fondo para la democracia colombiana: ¿se trata de un control al gasto público o del desmontaje paulatino de los compromisos de verdad y reparación contraídos con miles de víctimas del conflicto armado?
La burocracia vs. eficiencia
El ponente de la iniciativa, el senador Enrique Gómez Martínez, del partido Salvación Nacional, fundamenta su propuesta en severos cuestionamientos sobre el rendimiento administrativo y presupuestal de la jurisdicción. De acuerdo con Gómez, la JEP se ha transformado en un «fortín burocrático» que alberga a 1.456 funcionarios de planta y más de 1.200 contratistas, solicitando para la vigencia presupuestal de 2027 un monto superior a los $800.000 millones.
Para el congresista, los resultados judiciales presentados hasta la fecha no justifican los niveles de gasto e infraestructura operativa. Bajo esta premisa, la propuesta legislativa contempla no renovar la vigencia del tribunal especial e iniciar un régimen de transición para que los expedientes de más de 9.700 exintegrantes de las FARC y cerca de 2.000 miembros de la Fuerza Pública sean trasladados a la justicia ordinaria.
La verdad en riesgo de naufragar
Sin embargo, desde la perspectiva de las organizaciones de víctimas, juristas constitucionales y sectores defensores de los derechos humanos, la lectura de la propuesta es drásticamente opuesta. Trasladar investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales a la jurisdicción ordinaria plantea el riesgo inminente de un estancamiento procesal e impunidad estructural, dado que la justicia ordinaria históricamente careció de la capacidad y del enfoque dialógico e investigativo para esclarecer macrocasos de violencia sistemática.
Cerrar la JEP o truncar su vigencia representaría sepultar la esperanza de miles de madres, familiares y sobrevivientes que han confiado en el modelo transicional para conocer la suerte de sus allegados desaparecidos o asesinados por actores ilegales y agentes del Estado. La promesa constitucional de restaurar el tejido social a través del esclarecimiento de los hechos quedaría supeditada a valoraciones puramente administrativas y fiscales.
Tensión en el Congreso
El trámite del acto legislativo promete un intenso choque institucional en las comisiones constitucionales. Senadores y representantes de bancadas progresistas, independientes y de oposición al proyecto han manifestado su absoluto rechazo, calificando la iniciativa como un intento por debilitar los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Se ha enfatizado que el valor de la verdad restaurativa no puede medirse únicamente bajo métricas presupuestales, dado que el compromiso constitucional con la paz y la protección de los derechos humanos trasciende los costos de funcionamiento estatal.
Desde el Gobierno Nacional y los altos funcionarios encargados de la política de paz, la postura mantenida frente a la estructura del Acuerdo Final de 2016 resalta la obligatoriedad del Estado colombiano de amparar las garantías de las víctimas ante los organismos de justicia transicional.
El reto constitucional
La discusión que apenas comienza en el Capitolio Nacional excede las fronteras de un debate presupuestal ordinario. Lo que está en juego es el cumplimiento estricto del bloque de constitucionalidad y la salvaguarda de un modelo de justicia que prioriza a los afectados por la guerra frente a las disputas políticas de turno.
Desde ENREDIJO, la cobertura de este trámite legislativo se mantendrá vigilante y rigurosa, defendiendo el derecho inalienable de los ciudadanos a la verdad histórica y la exigencia moral de que la justicia no sea objeto de regateo institucional.
