El gremio propone una normativa para que los consumidores identifiquen fácilmente si el producto que adquieren es cien por ciento colombiano o si contiene mezclas de granos extranjeros de menor costo.
Redacción Nacional
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) hizo un llamado urgente este mes para crear una norma que obligue a las marcas a declarar el país de procedencia en los empaques de café comercializados en Colombia. Ante el drástico aumento de importaciones de granos más baratos, el gerente general de la entidad, Germán Bahamón, busca garantizar que los compradores tengan total transparencia frente a las góndolas y puedan decidir de forma informada qué tipo de bebida llevan a sus mesas, protegiendo así el trabajo de las familias productoras del país.
Cuestión de aritmética
Para los expertos del sector, el valor comercial de un producto revela mucho sobre su procedencia. Germán Bahamón fue enfático al señalar que el café cien por ciento colombiano tiene un piso de precio innegociable. Este umbral está determinado por variables globales como la cotización en la bolsa de Nueva York, la tasa de cambio (TRM) y la prima de origen que se le reconoce a Colombia por su calidad superior.
A esto se suman los altos costos internos de producción: el pago de jornales, la compra de abonos y el complejo proceso de recolección manual. Por lo tanto, cuando un consumidor encuentra una marca excesivamente barata en el supermercado, es altamente probable que el contenido no provenga de nuestras montañas. “El café tostado, por debajo de cierto punto de precio en góndola, no puede ser colombiano. No es una opinión. Es aritmética”, puntualizó el dirigente gremial.
La caída de la producción
El debate sobre la procedencia del grano cobra mayor relevancia al observar las cifras actuales del mercado. Según reportes recientes, en los últimos doce meses, Colombia importó 1,55 millones de sacos de café. Esta cifra responde, en gran medida, a la necesidad de la industria torrefactora de abastecer el consumo interno, el cual ronda los 2,4 millones de sacos anuales.
Esta dinámica de importación se ha acelerado debido a una notable reducción en la cosecha local. En agosto de 2026, la producción nacional se ubicó en 1,09 millones de sacos, lo que representa una caída del 12 % frente al mismo mes del año anterior. Además, las estimaciones de Cenicafé proyectan que el año cerrará con una cosecha de 12,2 millones de sacos, un volumen que no logra cubrir de manera simultánea los ambiciosos compromisos de exportación y la demanda interna.
El fantasma del contrabando
Desde el sur del país, el panorama se analiza con preocupación. Luis Mauricio Rivera Vargas, gerente general de la Cooperativa Central de Caficultores del Huila (Coocentral), explicó que Colombia exporta cerca del 90 % de su producción gracias a los excelentes precios internacionales que premian nuestra calidad. Esto genera un vacío en el mercado local que termina siendo llenado por grano importado, principalmente variedades robustas y arábigas de baja calidad.
El problema radica en que no todo el café extranjero ingresa por vías regulares. Rivera Vargas advierte que el mercado se enfrenta a la competencia desleal de contrabando procedente de Ecuador, Brasil y Vietnam. Sin una normativa que obligue a detallar el origen, muchos colombianos terminan consumiendo pasillas y mezclas de baja categoría, un mercado que actualmente abarca cerca de 2,5 millones de sacos en el país.
Transparencia para educar
El núcleo de la propuesta de la Federación es democratizar la información. La iniciativa busca que el país de origen sea tan legible en el empaque como el gramaje del producto, permitiendo que cualquier ciudadano, sin necesidad de usar lupa o ser un catador experto, sepa exactamente qué está comprando.
El consumidor colombiano ha demostrado lealtad a la bebida tradicional. Pese a haber enfrentado los precios más altos en décadas durante el último año, el consumo no se detuvo. Por ello, la FNC considera que este comprador “se ganó el derecho a saber qué está tomando”. Además, esta claridad es un acto de justicia económica con las más de 500.000 familias caficultoras que dependen exclusivamente del margen de rentabilidad de sus cosechas para sobrevivir.
La reglamentación del etiquetado cafetero no solo protegería la economía de regiones productoras clave como el departamento del Huila, sino que marcaría un paso fundamental hacia un consumo más consciente, ético y responsable en el país.
La información de este artículo fue recopilada por nuestro equipo periodístico. La corrección se realizó con asistencia de inteligencia artificial.
