La reciente decisión del gobierno nacional de suspender la programación local de las Emisoras de Paz representa un duro golpe contra la libertad de expresión y los derechos de las comunidades más vulnerables de Colombia.
Gerardo Valencia Gutiérrez
El gobierno nacional ha decidido apagar las voces de la Colombia profunda. Una simple orden transmitida por un mensaje de WhatsApp a los directores de los medios bastó para silenciar los micrófonos de las veinte Emisoras de Paz y de once emisoras descentralizadas de la Radio Nacional.
La medida impone desde el dieciocho de agosto una programación musical centralizada desde Bogotá, eliminando de tajo los espacios informativos y culturales que servían como principal y muchas veces única fuente de información local para más de cuatrocientas sesenta y tres mil personas. Esta determinación afecta directamente a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en territorios históricamente castigados por la violencia, el abandono estatal y el olvido.
Silencio impuesto desde el centro
El gobierno ordenó reemplazar los contenidos informativos y culturales de veinte Emisoras de Paz y once emisoras descentralizadas por una programación musical originada exclusivamente en Bogotá. Esta acción centralista elimina la voz propia de las regiones y desconoce las realidades de territorios históricamente marginados que encontraron en la radio una forma de visibilizar sus problemáticas y su cultura.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones justificó esta drástica acción argumentando la necesidad de desmantelar un supuesto aparato de propaganda en el Sistema de Medios Públicos. Bajo esta premisa, Inravisión ejecutó la orden escudándose en una reorganización administrativa y revisión de contenidos supuestamente transitoria. Sin embargo, detrás de este eufemismo burocrático se esconde un golpe letal al corazón de las regiones.
Incumplimiento del Acuerdo Final
La medida administrativa ignora que estas emisoras fueron creadas bajo el mandato del Acuerdo de Paz para reconstruir el tejido social y hacer pedagogía en zonas fuertemente golpeadas por la violencia. Cambiar su propósito fundamental y silenciar a los periodistas locales vulnera directamente los compromisos constitucionales del Estado con las víctimas del conflicto armado.
La radio descentralizada, construida desde el año dos mil catorce, ha sido un esfuerzo vital para garantizar que ciudades como Pasto, Quibdó, Valledupar o San Andrés produzcan sus propios relatos y visibilicen sus realidades lejos del centralismo capitalino.
Alerta por censura y desinformación
Organizaciones defensoras como la FLIP la MOE y la AMARC advierten que este apagón informativo deja a cientos de miles de personas sin acceso a noticias vitales sobre seguridad orden público y emergencias locales. Las entidades catalogan la decisión como una forma de censura y exigen el restablecimiento inmediato de la franja regional para proteger el derecho fundamental a la información en la Colombia profunda.
Frente a esta coyuntura, la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, la Misión de Observación Electoral MOE y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC han emitido un contundente rechazo. Las organizaciones subrayan con rigor que silenciar la programación local restringe gravemente el derecho al acceso a la información en las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Suspender de manera generalizada la programación territorial no resulta idóneo ni proporcional para una simple revisión editorial. Por el contrario, cercena una función de interés público irremplazable, privando a los ciudadanos de contenidos que responden a sus verdaderas necesidades.
Derecho constitucional
Es imperativo recordar que el origen de las Emisoras de Paz trasciende cualquier capricho administrativo o gobierno de turno. Su creación responde al estricto cumplimiento del numeral seis puntos cinco del Acuerdo Final de Paz para operar en zonas como Arauquita, Bojayá, Ituango, Tierralta y San José del Guaviare. El mandato constitucional establece que el Estado debe cumplir de buena fe lo pactado, promoviendo la reconciliación y la convivencia. Al reemplazar la pedagogía de paz y el periodismo local con una parrilla musical bogotana, el gobierno incumple sus obligaciones constitucionales y despoja a las víctimas de su derecho fundamental a estar informadas y a expresarse.
En territorios donde persisten los enfrentamientos, el desplazamiento forzado y el control de actores armados, el apagón informativo es una condena a la vulnerabilidad. Sin su radio local, las comunidades pierden la capacidad de enterarse oportunamente sobre emergencias, restricciones a la movilidad o decisiones que afectan su integridad. Desde Enredijo nos sumamos al urgente llamado de las organizaciones defensoras de la libertad de expresión para exigir a Inravisión y al Ministerio de las TIC el restablecimiento inmediato de la franja informativa regional. Disfrazar la censura de reestructuración administrativa es perpetuar la violencia del silencio contra quienes más necesitan ser escuchados.
